Publica "El Mundo":
Elaboraban contratos de trabajo y nóminas que simulaban la obtención de ingresos
Cada beneficiado pagaba entre 1.000 y 5.000 euros por los trámites
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 148 personas de una red que proporcionaba documentación falsa a extranjeros para que regularizaran su situación en España y pudieran realizar altas fraudulentas en la Seguridad Social.
La organización elaboraba contratos de trabajo y nóminas que simulaban la obtención de ingresos, así como certificados de empadronamiento e informes municipales de habitabilidad de viviendas, para adecuarlos a los requisitos exigidos y obtener autorizaciones de residencia. La mayoría de los arrestados residía en la provincia de Granada (105).
Sin embargo, también hay 23 integrantes de la red en Murcia, 11 en Jaén, tres en Almería y en Ciudad Real, y uno en Sevilla, en Lleida y en Badajoz, según ha informado este miércoles la Policía a través de un comunicado.
La investigación se inició en el mes de mayo de 2016, cuando los agentes tuvieron conocimiento de determinadas irregularidades en la solicitud de autorizaciones de residencia por parte de ciudadanos extranjeros. A partir de estos indicios, la Policía descubrió una organización criminal que, a través de un complejo entramado de contrataciones ficticias y falsedades documentales, llevaba a cabo diversas actuaciones delictivas que se extendían a ocho provincias.
También se averiguó que utilizaban la estructura de la organización para realizar altas fraudulentas en el sistema de Seguridad Social, eludiendo el pago de sus cuotas por parte del empleador. También lograban que los beneficiarios reunieran los periodos de cotización oportunos para el cobro indebido de prestaciones, como la indemnización por desempleo o la prestación de renta especial agraria de la Seguridad Social, sin haber desempeñado actividad laboral alguna.
Una estafa de casi un millón de euros
La operación policial se extendió a 15 provincias españolas en las que se detectaron hasta 230 personas con algún tipo de responsabilidad en los delitos investigados. Esta complejidad hizo necesaria que se desarrollara en dos fases.
La primera de ellas se centró en la detención de los principales responsables, que se ocupaban de captar a los extranjeros, gestionar las falsificaciones de los documentos necesarios para justificar los requisitos exigidos para la obtención de la autorización de residencia y de tramitar las altas en el sistema de Seguridad Social que les permitían obtener las prestaciones fraudulentas.
Fruto de ello se identificó y se detuvo en Granada al máximo responsable de la organización. Se trataba de un empresario que utilizaba sus propias cuentas de cotización en el Sistema Especial Agrario y en el Régimen General para dar de alta ilegalmente a trabajadores, y que actuaba junto con dos colaboradores. Además, la Policía realizó dos registros en sus domicilios, interviniendo numerosa documentación, gracias a la cual se estima que el principal investigado obtuvo un beneficio de medio millón de euros procedente del fraude directo al erario público y del importe cobrado a los inmigrantes.
Las investigaciones pusieron en evidencia que, para la consecución de algunos de los documentos necesarios, existía una connivencia de terceras personas que facilitaban sus domicilios para el empadronamiento de inmigrantes y para que cumplieran el requisito de contar con una vivienda adecuada.
En la segunda fase del dispositivo se llevó a cabo la identificación, localización y detención de los beneficiarios del fraude. Las investigaciones policiales demostraron que los arrestados pagaban una cantidad de entre 1.000 y 5.000 euros, en función de los diferentes trámites que requerían. Se estima que la cantidad total percibida por los integrantes detenidos de la red asciende a unos 800.000 euros. No obstante, la operación continúa abierta.
Cada beneficiado pagaba entre 1.000 y 5.000 euros por los trámites
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 148 personas de una red que proporcionaba documentación falsa a extranjeros para que regularizaran su situación en España y pudieran realizar altas fraudulentas en la Seguridad Social.
La organización elaboraba contratos de trabajo y nóminas que simulaban la obtención de ingresos, así como certificados de empadronamiento e informes municipales de habitabilidad de viviendas, para adecuarlos a los requisitos exigidos y obtener autorizaciones de residencia. La mayoría de los arrestados residía en la provincia de Granada (105).
Sin embargo, también hay 23 integrantes de la red en Murcia, 11 en Jaén, tres en Almería y en Ciudad Real, y uno en Sevilla, en Lleida y en Badajoz, según ha informado este miércoles la Policía a través de un comunicado.
La investigación se inició en el mes de mayo de 2016, cuando los agentes tuvieron conocimiento de determinadas irregularidades en la solicitud de autorizaciones de residencia por parte de ciudadanos extranjeros. A partir de estos indicios, la Policía descubrió una organización criminal que, a través de un complejo entramado de contrataciones ficticias y falsedades documentales, llevaba a cabo diversas actuaciones delictivas que se extendían a ocho provincias.
También se averiguó que utilizaban la estructura de la organización para realizar altas fraudulentas en el sistema de Seguridad Social, eludiendo el pago de sus cuotas por parte del empleador. También lograban que los beneficiarios reunieran los periodos de cotización oportunos para el cobro indebido de prestaciones, como la indemnización por desempleo o la prestación de renta especial agraria de la Seguridad Social, sin haber desempeñado actividad laboral alguna.
Una estafa de casi un millón de euros
La operación policial se extendió a 15 provincias españolas en las que se detectaron hasta 230 personas con algún tipo de responsabilidad en los delitos investigados. Esta complejidad hizo necesaria que se desarrollara en dos fases.
La primera de ellas se centró en la detención de los principales responsables, que se ocupaban de captar a los extranjeros, gestionar las falsificaciones de los documentos necesarios para justificar los requisitos exigidos para la obtención de la autorización de residencia y de tramitar las altas en el sistema de Seguridad Social que les permitían obtener las prestaciones fraudulentas.
Fruto de ello se identificó y se detuvo en Granada al máximo responsable de la organización. Se trataba de un empresario que utilizaba sus propias cuentas de cotización en el Sistema Especial Agrario y en el Régimen General para dar de alta ilegalmente a trabajadores, y que actuaba junto con dos colaboradores. Además, la Policía realizó dos registros en sus domicilios, interviniendo numerosa documentación, gracias a la cual se estima que el principal investigado obtuvo un beneficio de medio millón de euros procedente del fraude directo al erario público y del importe cobrado a los inmigrantes.
Las investigaciones pusieron en evidencia que, para la consecución de algunos de los documentos necesarios, existía una connivencia de terceras personas que facilitaban sus domicilios para el empadronamiento de inmigrantes y para que cumplieran el requisito de contar con una vivienda adecuada.
En la segunda fase del dispositivo se llevó a cabo la identificación, localización y detención de los beneficiarios del fraude. Las investigaciones policiales demostraron que los arrestados pagaban una cantidad de entre 1.000 y 5.000 euros, en función de los diferentes trámites que requerían. Se estima que la cantidad total percibida por los integrantes detenidos de la red asciende a unos 800.000 euros. No obstante, la operación continúa abierta.
Os ponemos el enlace a la noticia:
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/06/07/5937f5ef22601d8e7b8b45c5.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario