lunes, 30 de octubre de 2017

Al banquillo 10 personas acusadas de formar una trama para regularizar inmigrantes


Publica "El Ideal":
 
El Ministerio Público les imputa un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por los que le reclama seis años y medio de cárcel

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén va a juzgar a diez personas, todas ellos de origen extranjero, acusadas de formar parte de una trama que se dedicada a regularizar inmigrantes en España presentando documentación falsificada. A los diez acusados, dos de ellos actualmente en paradero desconocido, el Ministerio Público les imputa un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por los que le reclama seis años y medio de cárcel.

Según recoge el escrito de calificación provisional de Fiscalía al que ha accedido Europa Press, desde 2014 y hasta principios de 2016, cuatro de los acusados habían formado "de común acuerdo y con claro ánimo de enriquecerse ilícitamente, una organización que se dedicaba a la recogida, transporte y tramitación de súbditos marroquíes con la finalidad de lograr la nacionalidad española".

Lo hacía, relata el Ministerio Fiscal, "presentando documentación falsificada" para dar "una apariencia de que los solicitantes eran españoles de origen por ser descendientes directos de saharauis españoles, cuando el Sáhara era colonia española".

Estos cuatro acusados "formaban la cabeza" de una organización que se dedicaba a contactar no sólo con Marruecos, sino con Francia y otras ciudades europeas por donde podían llegar los flujos migratorios a España. Localizaban a súbditos que no sabían español y a los que les pedían entre 2.500 y 7.000 euros para la tramitación de los expedientes de residencia y de nacionalidad española ante la Subdelegación del Gobierno en Jaén.

Los otros seis acusados se dedicaban, según Fiscalía, a llevarlos a las localidades jiennenses donde les esperaban para empadronarlos y "seguirles pidiendo dinero por cada día que pasaran en España". Una vez empadronados, ya podían acreditar su residencia permanente y estable en una ciudad española como paso previo a la obtención de la nacionalidad.

Como en Jaén capital no podían llevar a cabo empadronamientos masivos, se utilizaban hasta diez domicilios diferentes repartidos entre las localidades de Baeza, La Carolina, Porcuna y la capital jiennense.

La alarma saltó en la Subdelegación del Gobierno en Jaén a finales de 2015 "dado que el índice de solicitudes para la adquisición de la nacionalidad española superaba los 300 expedientes", de ahí que la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional comenzaron con las investigaciones y las intervenciones telefónicas autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén capital.

A través de las escuchas y de los registros, según recoge la Fiscalía, quedó acreditado que "había una clara organización para el lucro en la regulación en España de ciudadanos marroquíes".

El juicio está fijado para los días 7 y 8 de noviembre.
 
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El capital venezolano busca refugio en el «ladrillo» de lujo español


Publica "ABC"

Venezuela se asoma a la quiebra, el final de un proceso a cámara lenta que se agudizó a partir del verano de 2014, cuando comenzó el derrumbe de los precios del petróleo. El Ejecutivo de Nicolás Maduro estará abocado a declarar oficialmente el «default» si se muestra incapaz de afrontar el pago en las próximas dos semanas de unos 2.200 millones de dólares de deuda, de los cerca de 3.500 millones que deberá amortizar hasta noviembre. El abaratamiento del oro negro, principal materia prima del país y motor de su política económica, guarda una directa correlación con el desplome de su Producto Interior Bruto (PIB), que desde entonces se ha recortado anualmente sin interrupción hasta hundirse un 18% en 2016.

La crisis del régimen chavista ha tenido una notable repercusión, como efecto colateral, en el sector inmobiliario español, en el segmento de las viviendas de lujo. De momento, la demanda de vivienda por parte de los venezolanos está ciñe a mercados e inmuebles «prime» (de primera calidad), si bien se observa un fuerte crecimiento que ha comenzado a reemplazar a nacionalidades que hasta ahora han sido, casi en exclusiva, protagonistas en este sector.
 
Barrio de Salamanca en Madrid

«Desde hace unos tres años se ha incrementado la demanda por parte de capital venezolano en inmuebles residenciales en Madrid. En determinadas barrios de lujo, como Salamanca, Jerónimos, Almagro y Justicia, suponen entre el 60% y el 65% de las operaciones», dice Ángel García Loriente, director general de Bonsai Servicios Inmobiliarios, firma especializada en este tipo de transacciones.

Es difícil cuantificar cuál es el alza exacta de la demanda por parte de este colectivo. Según los registradores de la propiedad, la compra de vivienda realizadas por venezolanos en todo el país se ha elevado en el primer semestre cerca de un 10%, aunque a volúmenes aún reducidos (165 inmuebles). La mayor parte de los inmuebles adquiridos son residenciales –el 66,1%–, aunque también, en un porcentaje creciente, los compradores optan por fincas y edificios de distinta naturaleza. En comparación con el año pasado, este último mercado ha crecido un 16%.

Sin embargo, la titularidad de los inmuebles no siempre refleja la procedencia del comprador:fuentes de firmas que prestan asesoramiento jurídico a estos clientes, especifican que no solo se llevan a cabo las compras a título personal. También se utilizan vehículos patrimoniales y sociedades radicadas en el extranjero, apoyadas en despachos de abogados españoles, para hacerse con unas viviendas cuyos precios superan, en la mayor parte de las ocasiones, el millón.

«El 80% de estos compradores se decanta por Madrid, el destino en el que se sienten más cómodos, sobre todo por sus mejores comunicaciones para desplazarse. Una de las zonas más atractivas es el barrio de Castellana, dentro del distrito de Salamanca. Concretamente en la promoción «Lagasca 99», con vistas a Juan Bravo, varios invesores venezolanos han comprado viviendas de lujo. En dicho edificio llegó a venderse un piso por 14 millones.
 
Capriles y familia Derwick

Desde 2014 destacan también las inversiones de Miguel Ángel Capriles, primo del líder de la oposición venezolana, en un edificio de la calle Barquillo y de la Corredera Baja de San Pablo, en pleno barrio de Malasaña.

La familia Derwick son conocidos millonarios venezolanos que han comprado en Madrid. En concreto, terrenos para levantar viviendas en el exclusivo barrio de El Viso, donde las casas no bajan del millón y pueden alcanzar los 10 millones.

También existe demanda para Asturias, fundamentalmente Oviedo, y Marbella», explica Alexandre Rangel, director general de SI España, una de estas firmas de intermediación. El mercado de Barcelona era uno de los principales puntos de referencia de la vivienda de lujo, pero el pulso independentista y, sobre todo, la imposición de la lengua catalana en las aulas disuade a estos acaudalados emigrantes, que «suelen querer establecerse en estas residencias con sus familias».
 
Operaciones al contado

Se trata de un tipo de comprador capaz de abonar, totalmente o en gran parte, el importe de sus inversiones al contado. Busca sortear las restricciones a la obtención de efectivo en Venezuela, la hiperinflación y la carestía de dinero en metálico, lo que ha dado lugar a que se inunde el mercado inmobiliario de lujo, especialmente el de la capital, de liquidez, según estas mismas fuentes de intermediación inmobiliaria. La fuerte demanda y el «cash» en circulación han sido los principales alicientes para la subida de precios en los barrios «prime» de Madrid:en Jerónimos se han incrementado en lo que va de año un 13%, en Chamberí-Almagro un 12,5% y en Justicia cerca de un 11%, según Knight Frank.

«Antiguamente, el mercado elegido era Miami, pero el endurecimiento de la política migratoria en EE.UU. tras la victoria de Donald Trump, la lengua común y la recuperación del mercado inmobiliario español» han convertido España en un foco de atracción, añade Rangel, quien apunta que incluso se está produciendo un creciente trasvase de residentes venezolanos desde el país norteamericano:cerca de un 25% de sus actuales clientes se ciñen a esta descripción. El director general de SI España, que cuenta con sede en Madrid y Miami, es experto en el mercado de la ciudad de Florida, donde ofrece desde el año 2001 servicios legales de tramitación para ciudadanos extranjeros.

Otro de los puntos de apoyo es la posibilidad de obtener el permiso de residencia si los inversores llevan a cabo una inversión significativa de capital o la compra de una vivienda a partir de 500.000 euros. A partir de los dos años, recuerda Rangel, la legislación permite solicitar la ciudadanía española. «Estos demandantes de vivienda, que huyen de la situación política del país conciben la operación como una opción de obtener la residencia», subraya.
«Golden visa»

Las grandes fortunas del país iberoamericano eligen el mercado español por las facilidades que otorga la llamada «golden visa» y por la posibilidad de «diversificación» ante unos mercados europeos de vivienda de lujo –París y Londres– saturados, con precios al alza. «Los activos de Madrid resultan más baratos y ofrecen un entorno de inversión estable. Suponen una alternativa de inversión para aquellos que ante la situación de inestabilidad política buscan proteger sus capitales», recalca García Loriente.

Un caso elocuente es el del grupo venezolano Sambil, firma que sufrió las expropiaciones de Hugo Chávez en 2010. Dos años después aterrizó en España, con la compra del centro comercial Avenida M40 de Leganés (Madrid), donde tras invertir cerca de 60 millones de euros ha construido el mayor negocio de «outlet» de España.

El atractivo del mercado español es su valor refugio para aquellos compradores movidos por la incertidumbre política de sus países. «En Engel & Völkers hemos detectado un fuerte incremento de compradores extranjeros que han invertido en el último año en propiedades inmobiliarias en Madrid. Son inversores colombianos, mexicanos y chinos, cuyo crecimiento es del 20%», dice Paloma Pérez Bravo, directora general de Engel & Völkers Madrid.

Se espera que la tendencia continúe al alza: los precios de la vivienda de lujo siguen subiendo, con alzas medias interanuales del 10%. Y, mientras tanto, la economía venezolana avanza, de manera aparentemente irremisible, hacia el colapso.

Platunique: laboratorio de ideas gastronómicas


Publica "El Nacional":

Platunique es el primer y único laboratorio de ideas gastronómicas registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas. La iniciativa es de Nella Ruggiero y Edy Costero, periodistas, ella, venezolana y él, español, interesados en ofrecer planteamientos gastronómicos novedosos a partir de la historia de cada producto y persona con los que trabajan, y a través de las relaciones que establecen entre marcas amigas.

En la lista de empresas con las que colaboran figuran Bodegas Habla; Castillo de Canena, casa de tradición olivarera desde 1780; Flor de sal d’Es Trenc, “la sal de Mallorca”; Ginebra Bulldog; Fudi&Co, empresa costarricense relacionada con el café y comprometida con la sostenibilidad ambiental; Acaramhelados, heladería española 100% artesanal, y Apartaco Gastronomía y Experiencias de Venezuela, restaurante que atiende a sus comensales en un apartamento localizado en la calle Luchana de Madrid, en el que la chocolatera venezolana María Fernanda Di Giacobbe presentó recientemente Río Cacao, su nuevo proyecto.

“Allí estaban los representantes de Acaramhelados que se enamoraron del proyecto y que ya tienen entre sus planes elaborar un helado de chocolate con cacao venezolano”, comenta Costero, tan interesado como su socia en que Platunique se involucre con emprendimientos gastronómicos venezolanos de calidad, como Apartaco, que en apenas tres meses ha logrado tal éxito que no ha habido tiempo para su presentación oficial a los medios de comunicación, de lo cual se hará cargo –faltaba más– Platunique.

“Será en enero o febrero, después de las fiestas navideñas”, asegura Ruggiero, encantada con la acogida que ha tenido el restaurante y segura de que no será el único proyecto venezolano en España con el que se involucrará su laboratorio de ideas.

“Apartaco es un buen ejemplo de las propuestas que nos interesan, esas que por su calidad hacen la diferencia y despiertan el interés de marcas dispuestas a crear la sinergia que necesitamos en Platunique para ofrecer perspectivas gastronómicas solidarias y visibles que beneficien a esos proyectos que hacen la diferencia”.

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La Audiencia Nacional no investigará a Venezuela por mantener a Yon Goicoechea preso


Publica "El Mundo":

La Audiencia Nacional se ha declarado incompetente para investigar una querella contra varios altos cargos venezolanos por mantener preso al español Yon Goicoechea, afín al partido de Leopoldo López, por ser extranjeros los querellados y no encontrarse ninguno en territorio español.

El pleno de la Sala de lo Penal, compuesto por 15 magistrados, ha adoptado esta decisión en un auto notificado esta semana, contra el que cabe recurso ante la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.

Los magistrados han ratificado así la decisión que adoptó en este sentido el pasado junio la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que rechazó admitir a trámite la querella interpuesta por estos hechos por Rosaura Giorgina Valentini, esposa de Goicoechea, al no ser competente para ello la justicia española tras la reforma de la ley de justicia universal.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la resolución de Lamela y reclamó la admisión a trámite de esta querella al entender que la nacionalidad de la víctima y los delitos por los que se pidió abrir esta investigación -detención ilegal,torturas y contra la integridad moral- amparaban la actuación de la Audiencia Nacional.

En su recurso ante la Sala, el abogado de la esposa de Goicoechea alegaba que el hecho de que los querellados no estuvieran "en suelo español" no debía afectar a "la perseguibilidad del delito a través de la incoación de la oportuna fase instructora" y "menos aún de la condicionante de la declaración de la competencia" de la Audiencia Nacional.

A este respecto, el pleno menciona la reforma de la ley de justicia universal y sostiene que en este caso "no se dan las condiciones exigidas" para declarar la jurisdicción de los tribunales españoles, ya que sólo se cumple el requisito de que la víctima es española, pero no el de que a los que se imputa el hecho delictivo se encuentren en territorio español.

El recurso contra la decisión de Lamela recayó en un principio en la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuyos magistrados acordaron finalmente elevar este asunto al Pleno por su complejidad.

La querella de la esposa de Goicoechea va dirigida contra altos cargos del Gobierno y del Poder Judicial de Venezuela -concretamente contra todos los magistrados de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones de Caracas- por los presuntos delitos de detención ilegal y otro de tortura y contra la integridad moral.

Goicoechea, dirigente de la formación Voluntad Popular, cuyo líder es Leopoldo López, fue detenido el 29 de agosto de 2016 en el estado de Miranda por estar en posesión de "cordones detonantes" y trasladado a la capital, Caracas, donde fue encarcelado en régimen de incomunicación y aislamiento.

Pese a que un juez de Caracas revocó la prisión incondicional, Goicoechea permanece encarcelado dado que otro magistrado de una corte superior ordenó el cierre del juzgado que lo excarceló, lo que paralizó todas las causas y funciones abiertas hasta la fecha.

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http://www.elmundo.es/internacional/2017/10/27/59f344fcca474149448b4670.html

domingo, 29 de octubre de 2017

Una inmigrante indocumentada de 10 años con parálisis cerebral, detenida para ser deportada por EE UU

 
Publica "El País":

Las autoridades estadounidenses detuvieron esta semana en Texas a una chica de 10 años con parálisis cerebral tras conocer que era una inmigrante indocumentada. La ambulancia que transportaba a Rosa María Hernández, mexicana, fue parada por la policía fronteriza cuando se dirigía a un hospital para ser operada de la vesícula biliar. La joven permanece aislada de su familia en un centro de detención en San Antonio.

Rosa María llegó a Estados Unidos de mano de sus padres, también indocumentados, a los tres meses de edad. La familia reside en Laredo (Texas). En la madrugada del martes, sus complicaciones médicas obligaron a sus doctores a trasladarla a la ciudad de Corpus Christi, unos 230 kilómetros al este, para ser operada. Durante el trayecto, una patrulla de la policía fronteriza detuvo la ambulancia y tras conocer que era una persona indocumentada, siguieron el vehículo hasta el hospital Driscoll’s Children. Tras esperar en la puerta de la habitación de Rosa María a que fuera atendida, los agentes la trasladaron a un centro de menores indocumentados para procesar su deportación.

Desde el miércoles permanece ahí sola. Sus médicos han solicitado a las autoridades que la devuelvan a su familia por motivos de salud. Por el momento las autoridades estadounidenses no consideran liberarla. Rosa María podría estar semanas detenida hasta que su salida del país sea procesada. El representante demócrata de Laredo, Henry Cuellar, está presionando, junto con numerosos abogados y activistas, en favor de la salida de la joven. “Las fuerzas fronterizas tienen un deber enorme de proteger nuestro país pero deberíamos estar utilizando nuestros recursos para enfocarnos en amenazas mayores”, afirmó Cuellar.

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, las autoridades federales han aumentado en un 40% las detenciones a inmigrantes indocumentados. Estas también han incluido a menores de edad, pero normalmente son jóvenes vinculados a actividades criminales o delitos. El caso de Rosa María es inusual: lleva casi su vida entera como residente en el país y además padece una enfermedad de seria gravedad.
 
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El dilema de los inmigrantes ante la independencia de Cataluña

 
Publica "The New York Times":
 
La fila rodeaba una manzana en el barrio de El Raval. Comenzaba en la puerta del Institut Miquel Tarradell y formaba un cuadrado perfecto doblando las esquinas, que daba sentido a la consigna que se coreaba a toda voz: Els carrers seran sempre nostres, las calles serán siempre nuestras.

De pie frente al instituto, Leduin Placencia —alto, mulato, de pelo corto rizado y gesto serio— observaba con atención a los votantes, a los turistas curiosos y a un par de Mossos d’Esquadra, los miembros de la policía local catalana. Leduin tiene 23 años y vive en Barcelona desde los 6. Su madre vino de República Dominicana y, gracias al derecho a la reagrupación familiar contemplado en la Ley de Extranjería española, él pudo alcanzarla después.

“Yo llegué como español, pero soy catalán”, dijo.

Con una voz profunda de musicalidad caribeña, pero que pronuncia la ce y la zeta, Leduin explicó en español que había aprendido el idioma de Cataluña, que le interesa su cultura y que todo lo que es suyo está aquí; no en Madrid, no en su país de origen.

Cuando Leduin y sus amigos hablan de la independencia como una posibilidad, uno de los temas que tocan es qué pasará con gente como él, cuya familia vino a España y cuyo permiso de residencia ha sido emitido por el Estado español. Su familia llegó a Barcelona en esa “oleada” que arribó entre 2000 y 2004 procedente de países latinoamericanos, cuando el gobierno español no les exigía visa de ingreso al país. Muchos de estos migrantes pudieron regularizar su estatus migratorio y obtener la ciudadanía en un periodo de tres años.

Una historia diferente ha sido la de quienes vienen de países africanos como Marruecos, cuya migración hacia España inició antes y ha sido más numerosa (hay unos 750.000 inmigrantes marroquíes en España a la fecha). Para quienes no vienen de países latinoamericanos, el proceso entre la regularización del estatus migratorio y la solicitud de la nacionalidad española requiere de por lo menos diez años.

A pesar de la diferencia de criterios en el trato a las distintas comunidades inmigrantes y de los cambios a la legislación migratoria durante los últimos quince años —al menos once ajustes, en la mayoría de las ocasiones para endurecer la ley—, España sigue siendo un destino migratorio conveniente para quienes provienen de América Latina por la facilidad de lograr la reunificación familiar (cosa prácticamente imposible en el caso de, por ejemplo, Estados Unidos).

En la región catalana en particular, se suma un elemento adicional: tras el endurecimiento de las leyes migratorias españolas en 2012 respecto del acceso a servicios públicos para inmigrantes indocumentados, el gobierno de Cataluña anunció que esta población seguiría contando con acceso al servicio sanitario autonómico. Otros servicios, como la publicación de la información de gobierno en ocho idiomas diferentes y las clases de español y catalán sin costo para recién llegados, favorecen la inserción de los nouvinguts en el aparato productivo y el tejido social.

Aun así, la situación de los migrantes está lejos de ser la ideal: junto con los jóvenes marroquíes o ecuatorianos que logran acceder a la educación superior o a buenos puestos de trabajo, conviven los chicos de países subsaharianos que se ganan la vida como “manteros”, vendedores ambulantes que con la aparición de la policía hábilmente recogen su mercancía y echan a correr.

Leduin Placencia dice que, a pesar de contar con un estatus migratorio regular desde que llegó, en momentos de dificultad económica también ha recurrido a uno de estos empleos informales para ganar dinero. De todos modos, asegura, la vida que ha tenido en Barcelona está muy lejos de lo que habría sido su realidad en su Dominicana natal.

Esta percepción es común entre los migrantes en España y, en general, en muchos países receptores: por muy difíciles que sean las cosas, son mejores que en el país de origen, así que la mayoría están seguros de que no desean volver. Pero en el contexto del referéndum, es incierto qué pasará con ellos en caso de una declaración de independencia de Cataluña: no están seguros de que los documentos emitidos por el Estado español conserven su validez y condiciones bajo una República Catalana.

“Lo que sabemos ahora es que quienes tienen la nacionalidad española o quienes habían iniciado el trámite para solicitarla no tendrán problema”, explica Aldo Salgado, dirigente de la comunidad hondureña en Barcelona. “En el caso de quienes no la han presentado, existe un vacío de información porque no podremos saber nada hasta que se legisle al respecto”.

Salgado dice que, en su percepción, “los migrantes más jóvenes y los que llevan más tiempo aquí están por la independencia, pero mucha gente apoya la unidad de España pensando en su situación personal, en cómo quedarían legalmente después de una declaración de independencia, porque por el momento definir eso no ha sido una prioridad”.

Iker Casellas, un joven catalán que ha sido amigo de Leduin desde la infancia, lo tiene bien claro: “Si se logra la independencia yo no te voy a echar de mi país; llevas aquí viviendo más de quince años, tu madre lleva viviendo lo mismo, pagando la seguridad social, cotizando. ¿Cómo te voy a pedir que te marches de un país que tú me has ayudado a hacer posible?”.
 
Los que vinieron de afuera

Hasta hace poco tiempo, en Cataluña, la palabra “inmigrante” solía utilizarse para definir a quienes habían llegado de otras regiones de España. Todavía hoy, cuando uno pregunta por los inmigrantes, hay quien piensa en quienes vinieron de Murcia, Extremadura o Andalucía durante los años sesenta y setenta, atraídos por la oportunidad de empleo en las industrias textil, metalúrgica y química de Cataluña.

La noción de que existe la inmigración extranjera como un fenómeno relevante ha tardado en arraigar en la sociedad catalana, y en general en toda España, a pesar de que más del 13 por ciento de quienes viven en este país son inmigrantes, solo un punto por debajo del 14 por ciento de Estados Unidos. En el caso de Cataluña como región, el porcentaje de habitantes que nacieron en otro país actualmente supera al 14 por ciento; Barcelona, la ciudad más importante, está en 17 por ciento.

Este incremento tuvo lugar durante los primeros años del siglo XXI, con la llegada de un gran número de inmigrantes de países latinoamericanos y africanos. Cataluña pasó de tener cuatro por ciento de población inmigrante extranjera en 2001, a 16 por ciento en 2011, según el Instituto de Estadística de la Generalitat de Catalunya.

Las razones para ello pueden ser económicas y laborales, pero también juegan un rol fundamental las políticas de acogida de la región: una sociedad que en general acepta la diversidad racial y lingüística —incluso la que involucra al español y al catalán; en las escuelas, bajo el programa de inmersión lingüística, se enseñan ambos de manera reglamentaria—, y los servicios universales garantizados por el govern sin importar el estatus migratorio de la persona.

Rubén Padilla es historiador, tiene 33 años y es hijo de padre andaluz; pero asegura que en esto de ser catalán los orígenes familiares no tienen nada que ver. Igual hay personas que han llegado de Marruecos o de Ecuador y que se sienten catalanas.

“Acá nadie te va a hacer un estudio de ADN para ver qué tan catalán eres; yo, como buen nacionalista, tengo padres de Extremadura o de Andalucía”, dice riendo, con ese tono sarcástico que a veces parece inherente al ADN catalán.

“Los orígenes de tus padres no tienen nada que ver con cómo te crías aquí. Mi madre es catalana, pero mi padre es de Almería y vino aquí en una época en la que no te podías educar en catalán”, explica, refiriéndose a la prohibición del uso del idioma durante la dictadura de Franco. “Bueno, pues su hijo es independentista”.

Rubén explica este bagaje como un ejemplo de lo que ocurre en muchas familias. La identidad catalana es algo que se ha construido a base de resistir la prohibición: la de bailar sardanas, la danza tradicional de Cataluña, o la de registrar a los hijos con nombres en catalán, porque hasta antes de la transición en los años setenta, los Joan estaban registrados como Juan, y los Pere como Pedro.

Pero también se ha construido a base de convivir con catalanes, de ser parte de su tejido social.

La supervivencia de los rasgos de la cultura catalana en torno a los cuales hoy se construye una nación han sido calificados con frecuencia de nacionalismo, e incluso en algunos casos de adoctrinamiento. En mayo de este año, por ejemplo, justo cuando el tema del referéndum empezaba a encender, un sindicato de profesores realizó un estudio comparativo de libros de texto de quinto y sexto de primaria distribuidos en las escuelas de Cataluña. Su conclusión, publicada en un informe, fue que en los textos se hacían “planteamientos ideológicos partidistas” y “tendenciosos” por la inclusión detallada de la historia y estructura de la comunidad autónoma, y por la aparición de Cataluña como región en un mapa de la Unión Europea, sin especificar que forma parte de España.

Para Rubén Padilla la idea no es tan compleja: ser catalán es mucho más sencillo, dice, más orgánico.

—¿Por qué debería amar a España por encima de Cataluña? El nacionalismo catalán no te obliga a escoger entre unos y otros, catalán es el que quiere; yo más bien siento que el nacionalismo español es el que nos ha obligado a escoger. Pero yo no lo permito. Las expresiones artísticas, por ejemplo, no las hacen los nacionalismos, sino los pueblos. Cuando mi padre oye una jota, llora, y yo lloro con él. 
El arte no tiene patria. ¿O acaso El Guernica le gusta solo a los republicanos?

Para Padilla, el sentimiento anticatalán, que sí existe en el país, es una idea que se ha impulsado en España porque es electoralmente rentable.
 
Los que no se quieren ir

Ada Colau y Carles Puigdemont, alcaldesa ella y presidente de la comunidad autónoma catalana él, suelen tener diferencias ideológicas importantes; pero en estos días de Policía Nacional contra Mossos, su discurso se ha unificado. El rechazo de ambos a la represión está representado por una pancarta con la leyenda “Més democràcia” que pende del edificio del Ajuntament, y que fue rasgada por manifestantes antiindependentistas la noche previa al 1-O.

Rose Gamit tiene 30 años. De rostro alegre y sonrisa enorme, parece la chica perfecta para atender la pequeña tienda que se encuentra junto al Palau de la Generalitat. Ahí se detienen los turistas a comprar joyería y souvenirs, y la chica hace que cada pieza que les muestra parezca especial.

A Rose le gusta Barcelona; ella y sus padres llegaron de Filipinas a España en 2001. En la escuela aprendió catalán y en el barrio, con sus vecinos latinoamericanos, aprendió español. Hoy habla mejor el segundo idioma, pero escribe mejor el primero. Dice que respeta las costumbres y la ideología catalanas, pero no le gusta salir a los pueblos: siente que cada vez que habla con alguien ahí, la intentan convencer de que Cataluña es mejor que cualquier otro lugar de España.

“Yo veo que todo son promesas, que no hay garantías. Si nos separamos, ¿cómo vamos a sobrevivir, a manejar los recursos?”, dice con acento catalán. “Yo quiero seguir viviendo en Barcelona y me gusta ser española. Es verdad que Cataluña es turístico y tal, pero al final los ricos siempre defienden sus intereses y nosotros, creo, quedaremos igual”.

En casa de Rose, la familia que vino con la esperanza de convertirse en española se encuentra dividida: el padre se opone a la independencia y la madre está a favor. Para Rose, estos fenómenos siempre terminan dividiendo a la gente. En Filipinas, su país, el Frente Moro Islámico de Liberación (FMIL) luchó por años por la independencia de la región de Mindanao y dejó una honda herida social. Rose no quiere vivir en otro país dividido y por eso no fue a votar. Eso sí, las noticias de la represión ocurrida durante el día del referéndum le cayeron mal.

“No quiero que Cataluña se separe de España, pero tampoco estoy de acuerdo con que la policía lo impida a golpes. Que los dejen votar y hacer las cuentas de los votos. Eso no le hace daño a nadie”.
 
Los que se quieren quedar

El martes 3 de octubre, en medio de la algarabía revuelta de las calles a causa del paro general convocado por organizaciones independentistas, caminaba Liliana Aragón, inmigrante mexicana de 41 años, un marido, tres hijos, dos maestrías y un doctorado en marcha.

Liliana habla catalán y le gusta Barcelona: llegó y se sintió en casa. Descubrió que este es el sitio en el que quiere que crezcan sus hijos. Hace unos días fue a recoger a una de las niñas a la casa de una amiga; a las diez de la noche, las dos venían caminando por la calle. Liliana está consciente de que hay muy pocas ciudades en el mundo en las que una mujer y una niña pueden hacer eso con tranquilidad, y sabe que si volviera a Chihuahua, de donde es originaria, no podría hacerlo.

Ella no puede votar, pero si hubiera tenido la oportunidad, no sabe qué habría hecho, dice. Por una parte, tanto el gobierno español como el grupo político que encabeza el independentismo catalán han sido objeto de acusaciones de corrupción y manejos políticos en los años recientes; todo este asunto de la independencia ha servido como distractor. Por otro, aunque en semanas pasadas el Parlamento Catalán publicó una Ley de Transición que establece el marco legal en el que operaría el nuevo país mientras se crea una Constitución, hay aspectos que no quedan del todo claros, incluido lo que ocurriría con migrantes como Liliana, que cuenta con una visa para estudiar emitida por el gobierno español.

Carles Puigdemont, el presidente del gobierno catalán, se ha expresado a favor de dar el derecho a la nacionalidad catalana a los migrantes que viven en la región; sin embargo, las condiciones finales para ello tendrían que ser establecidas en la nueva Constitución. Es decir: por el momento no hay nada escrito.

—Cuando nosotros vinimos aquí dejamos todo atrás. Yo ya había vivido en Barcelona antes, en el año 2000; pero esta segunda vez, en 2015, vinimos con cinco maletas y nos deshicimos de todo, listos para empezar una nueva vida. Y ha sido más fácil de lo que esperábamos. Dos años después hablo catalán y me siento cómoda, pero así me sentí desde la segunda semana; me di cuenta de que este es el lugar en el que quiero que crezcan mis hijos. Y yo creo que hoy ellos ya son catalanes también.
 
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"Nadie hace por gusto la ruta de la inmigración y menos la subsahariana"


Publica "Ceuta Actualidad.com":

Esta joven letrada trabaja para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en el CETI. Allí conoce historias que ponen los pelos de punta y demuestran lo poco que vale la vida en muchos países. Estos migrantes llegan con sueños e ilusiones que en muchos casos se ven truncados por una "doble ley" o una nacionalidad.

Claudia Assens es la abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Ceuta. Ella como letrada asiste en el CETI a los solicitantes de asilo en el proceso administrativo, es decir, desde que lo solicitan hasta la presentación de documentación y en caso de denegación, recurre ante los tribunales competentes. Esta es su función “oficial” pero la oficiosa va más allá. Assens desempeña su labor en el CETI por lo que su contacto con la inmigración es directo y diario. Como letrada ofrece información a los residentes del centro sobre su situación jurídica, procedimiento de expulsión y demás información de interés para quienes acaban de llegar de un largo y duro viaje.

Asegura que “llegan con mucho desconocimiento. Muchos huyen de sus países esperando encontrarse lo que ven la televisión: grandes casas, grandes coches, un buen nivel de vida, un Estado de Derecho, protección de la policía, calidad de vida… y se encuentran con otra realidad”. Una realidad muy distinta de la imaginada pero también muy distinta de la que dejaron atrás. “A nosotros que hemos nacido bajo un techo, con una buena familia, amigos, seguridad, educación, sanidad… nos es imposible ponernos en el lugar de estas personas”, matiza esta joven abogada que recuerda que en zonas rurales de África cuando muere el padre de una familia, los hermanos de este despojan a los hijos y la viuda de todo cuanto tienen, “incluso llegando a asesinarles para hacerse con todo”. La lista de violaciones de los derechos humanos en el África subsahariano es interminable. En Gambia por ser homosexual te condenan a cadena perpetua. En otros países si eres mujer, con 14 años te casan con un hombre de 60 contra tu voluntad.

En el caso de los asiáticos, sus motivaciones son, sobre todo, económicas. “Sus familias se están muriendo de hambre en La India, en Bangladesh o Sri Lanka, países que tienen un nivel de corrupción tan elevado que hasta cuesta encontrar trabajo”, explica. Assens sabe que detrás de cada residente del CETI hay una historia dramática. “Nadie hace por gusto la ruta de la inmigración, y menos la subsahariana que son entre uno y cuatro años. En este tiempo van cubriendo tramos, trabajando en lo que pueden y ahorrando para emprender una nueva etapa. Es un viaje plagado de tratantes, asaltantes… Lo que no sabemos es los que no llegan”, lamenta.

Pocos solicitantes de asilo

Esta abogada se encarga de tramitar las solicitudes de asilo de los residentes del CETI pero “no son cifras representativas”. De los potenciales solicitantes “solo un pequeño porcentaje lo pide. Casi todos se esperan a llegar a la península”. El motivo no es otro que el retraso que supone el traslado cuando se solicita esta protección. De nuevo, la interpretación de los acuerdos internacionales mantiene a los migrantes en un limbo desesperante.

Assens explica que hay una gran diferencia entre pedir protección en Ceuta y hacerlo en Barcelona, por ejemplo. “Cuando lo haces en la península, te dan una tarjeta roja que te permite el libre movimiento por todo el país mientras que si lo pides aquí, te dan la misma tarjeta pero con la leyenda `solo válido en Ceuta´. Por lo que ese libre movimiento queda limitado a esta ciudad”, matiza. Los migrantes lo saben. Son conscientes de que en caso de tener esa tarjeta roja no podrán salir de la ciudad hasta que no se resuelva su caso, algo que puede llegar a demorarse meses, por lo que no piden asilo.

En este punto, el Ministerio del Interior argumenta que Ceuta y Melilla están excepcionadas en el Acuerdo Schengen en cuanto a control de documentación “aunque cumplen los requisitos porque están regularizados en España y tienen derecho a circulación por el territorio nacional. Pero es que además el propio Tratado Schengen excepciona de estos requisitos a los solicitantes de asilo”. Tal es la situación que “nos consta que hay quien habiendo pedido asilo ha renunciado para volver a pedirlo una vez en la península y también que dos solicitantes fueron devueltos a Ceuta a pesar de mostrar su documentación cuando llegaron de forma clandestina a Algeciras”.

Assens recuerda que desde 2010, fecha en la que entró en vigor la nueva Ley de Protección Internacional, hay 15 sentencias de Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Andalucía que los solicitantes de asilo, “mientras no se resuelva su solicitud”, tienen derecho a moverse desde Ceuta y Melilla. Textualmente dicen “que podrán ser sometidos a controles de identidad y de documentos a los efectos de la citada normativa comunitaria pero en ningún caso se les podrá por dicha causa impedir su derecho de libre circulación”. El TSJ de Andalucía en 2010 especifica que “el que la policía pueda controlar no significa que pueda impedir el goce del derecho”.

España condenada por el TEDH por las devoluciones en caliente

En relación a las polémicas devoluciones en caliente a pie de valla, desde CEAR lo tienen claro: es un procedimiento sin garantías. La letrada recuerda que hay un principio del derecho internacional de “no devolución” y más sin identificar al migrante, si es potencial solicitante de asilo, si necesita protección por razones humanitarias, si es menor o víctima de trato. “Claramente se está contraviniendo ese derecho aplicable en todos los rincones del mundo”, asegura.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por la devolución en caliente a Marruecos de dos personas en la valla de Melilla sin ser identificadas, lo que “supone una expulsión de carácter colectivo”, contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos. El fallo unánime concluye que España también vulneró el derecho a un recurso efectivo. Los hechos se produjeron el 13 de agosto de 2014 cuando N.D. de Mali y N.T. de Costa de Marfil fueron esposados y entregados a las autoridades marroquíes “contra su voluntad” y “sin ninguna medida administrativa o judicial previa”. La sentencia impone una indemnización de 5.000 euros a cada uno de los demandantes, por daños morales. 
 
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sábado, 28 de octubre de 2017

La impunidad generalizada de la muerte de los migrantes


Publica "Público.es":


El reciente informe sobre muerte ilegal de refugiados y migrantes de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU critica los abusos y peligros a los que son sometidas las personas migrantes en el mundo debido a la militarización y externalización de fronteras de los países desarrollados, entre ellos, España.

Ana González Páramo*

*Investigadora asociada de la Fundación porCausa


Diez millones de apátridas vagan o malviven por el mundo sin nacionalidad, sin derechos y sin libertades básicas. Otros 65 millones de personas en todo el mundo se han visto forzadas a abandonar sus hogares, entre ellos más de 22 millones de refugiados, casi la mitad de la población española. Cerca de 244 millones de migrantes se buscan la vida en otros países o se la juegan en un viaje vital, a menudo enfrentándose a condiciones inhumanas, detenciones ilegales, agresiones sexuales, violencia, esclavitud, secuestros. Un viaje que a veces resulta ser el último.

Son cifras de 2016 de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Todos juntos constituirían el tercer país con más población del planeta, el país de los excluidos. El reciente informe sobre muerte ilegal de refugiados y migrantes de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard es una llamada de atención a la razón y a la conciencia. Describe con espeluznante minuciosidad el régimen de impunidad casi generalizado en torno a la muerte y desaparición de los migrantes y refugiados a nivel global, así como la tolerancia y aceptación social hacia tanta tragedia. "El derecho universal a la vida está limitado por la nacionalidad, limitado por fronteras y visados"

Este informe, sin apenas trascendencia en los medios, arroja algo de luz sobre las muertes masivas de refugiados y migrantes. Lo hace desde el enfoque del colapso del sistema internacional de derechos humanos y de una crisis humanitaria global que desembocan en un verdadero crimen internacional, que, por su banalización y la falta de datos unificados y fiables, lleva a la impunidad total de sus perpetradores. Y quizás lo peor, un crimen que se perpetra con la tolerancia y avenencia casi generalizadas de las sociedades, opulentas o no, y la inacción por parte de instituciones regionales, nacionales o internacionales.

Como dice Callamard, “parece que el derecho universal a la vida está limitado por la nacionalidad, limitado por fronteras y visados y, en última instancia, determinado por la aleatoriedad del lugar de nacimiento”.

En la Declaración de Nueva York de 2016 para los Refugiados y Migrantes (resolución 71/1), los líderes mundiales se comprometieron a proteger los derechos humanos de todos refugiados y migrantes, independientemente de su estatus. Actualmente se está llevando a cabo un proceso de negociaciones intergubernamentales con el fin de elaborar dos pactos mundiales, el Pacto mundial sobre refugiados y el Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular que deberían culminar en una conferencia intergubernanmental sobre migración internacional en 2018 que adoptaría ambos textos.

Según el informe de Callamard que aporta ideas a este proceso, miles de migrantes y refugiados mueren o son asesinados cada año. El gran reto es cuantificar cuántos, ya que muchos de ellos desaparecen, engullidos en las aguas o en las arenas del desierto, no sólo en el Mediterráneo, sino en África, Centroamérica, el Golfo de Aden, la Bahía de Bengala,etc. Los datos son escasos e incompletos, las identidades de los muertos apenas se verifican, ni siquiera su género.
 
Demonizar al migrante y externalización de fronteras

La demonización de los migrantes y los refugiados como una amenaza de seguridad, las políticas migratorias agresivas basadas en la militarización y externalización de fronteras y, en el mejor de los casos, en la disuasión, no aportan soluciones a lo que constituye una crisis humanitaria. De hecho, debilitan aún más la condición ya de por sí frágil de estas personas en movimiento e introducen de manera implícita (o explicita) un elemento de complacencia hacia esas muertes de inocentes como “daños colaterales” asumibles en aras de la seguridad, la soberanía y la protección de las fronteras. "La militarización y seguridad a ultranza de las fronteras aumentan el riesgo de abusos y de violencia para los migrantes"

Tal y como analiza la Fundación porCausa, en su informe sobre la antinmigración, los síntomas de esta impunidad tienen varias derivaciones, desde el auge imparable del discurso xenófobo en Europa al amparo de los nuevos populismos y su contagio a los partidos políticos tradicionales, hasta el cuestionamiento del sistema internacional de protección de derechos. La militarización y seguridad a ultranza de las fronteras aumentan el riesgo de abusos y de violencia y provocan una mayor dependencia de los migrantes de las redes criminales de tráfico de personas. Se trata de un círculo vicioso en el que la única víctima, el migrante, debe elegir entre rutas cada vez más peligrosas o enfrentarse a vías legales de entrada prácticamente inaccesibles.

Según el informe de la Relatora de Naciones Unidas, todo ser humano tiene un derecho inherente a la vida y también a no ser privado de ella arbitrariamente. Esta protección garantizada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha de ejercerse “sin discriminación alguna". Esto quiere decir que los Estados tienen que tomar "todas las medidas razonables de precaución para proteger la vida y prevenir la violencia excesiva" por parte de las autoridades estatales o agentes no estatales. También están obligados a investigar esas muertes de manera independiente y eficaz, castigar a los culpables y no dejar impune ningún crimen, y la propia ausencia de este procedimiento constituye por sí misma una violación del derecho a la vida. La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados garantiza el “principio fundamental de no devolución” a lugares donde puedan correr el riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos a manos de otro Estado o agentes no estatales dentro de ese Estado.

Las agencias de Naciones Unidas, investigadores independientes y ONGs han recabado suficiente información como para que lugares como Libia queden automáticamente descartados como destinos de expulsión para las operaciones eufemísticamente llamadas de retorno. La Misión de Naciones Unidas de apoyo a Libia (UNSMIL) ha denunciado desapariciones, asesinatos y violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas contra migrantes por parte de grupos armados, contrabandistas y traficantes, empleadores privados, policía, la Guardia Costera Libia y el Departamento de Lucha contra la Migración Ilegal. Lo mismo podría decirse en otras rutas migratorias mundiales como Centroamérica, Egipto y Sudán, tal y como denuncia el informe de Callamart. 

Críticas a las prácticas españolas en las fronteras


Estas muertes también ocurren en Europa, por el abuso de la fuerza por parte de agentes y oficiales responsables del control fronterizo, ya por el uso de armas letales o no (pero con resultado mortal) con desproporción respecto a la supuesta amenaza. En este sentido el informe menciona explícitamente a España en relación con la muerte de 15 inmigrantes ahogados en 2014 al intentar alcanzar las costas españolas, mientras la Guardia Civil disparaba balas de goma y lanzaba gases lacrimógenos. Las llamadas “devoluciones en caliente” (push-backs) se realizan con pleno conocimiento de que las circunstancias, incluso las del propio entorno mar, desierto, etc.) pueden amenazar vidas y condenar a la persona rechazada al ahogamiento, la muerte por inanición o sed o bien a caer en manos de redes criminales, Estados o autoridades que no respetan unos estándares mínimos de derechos humanos. Si en el proceso de externalización de fronteras financiamos y capacitamos a sabiendas a Estados o agentes que cometen abusos, nos convertimos en co-responsables de esos abusos, moral y legalmente. La obligación de proteger, como cualquier otro derecho humano ha de ser aplicada sin discriminación, incluso en el campo del control migratorio, y abarca todas las medidas de carácter jurídico, político o administrativo, de modo que toda violación de derechos se considere un acto ilícito y como tal sancionado e indemnizado. "Es imposible proteger el derecho a la vida, al mismo tiempo que se intenta disuadir la entrada poniendo en peligro la vida"

“Los gobiernos de todo el mundo saben que morirán personas que intenten cruzar regiones fronterizas peligrosas, incluidos desiertos, ríos y mares. Aquí, el conflicto entre los derechos humanos y el control migratorio no puede ser más claro: se supone que los migrantes no pueden cruzar una frontera porque podrían morir. Es imposible proteger el derecho a la vida, al mismo tiempo que se intenta disuadir la entrada poniendo en peligro la vida”.

Una manera de dignificar a tantos muertos y desaparecidos, sería darles una identidad individual, como se ha hecho en casos recientes de genocidio. Es necesario investigar cada una de esas violaciones de derechos y dar un trato digno a los muertos, dándoles sepultura según sus creencias, informando a las familias, repatriando los cuerpos, devolviendo sus pertenencias, e incluso reparando e indemnizando. Sería una manera de individualizar lo que hoy en día no es más que una masa informe de cadáveres y dar un reconocimiento público e institucional a estas tragedias para que toda la sociedad sea consciente de su existencia. Las iniciativas internacionales relacionadas con la gobernanza mundial del movimiento de refugiados y migrantes constituyen una oportunidad para abordar estos problemas y violaciones y garantizar que se respete y proteja el derecho a la vida de los refugiados y los migrantes. Ni se puede frenar a las personas, ni es moralmente aceptable desalentarlas a que se muevan, viajen y busquen una vida mejor. La humanidad lo ha hecho siempre y está en nuestros genes seguir haciéndolo.

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http://www.publico.es/opinion/impunidad-generalizada-muerte-migrantes.html

Detenidos en Madrid un ex alto cargo chavista y tres directivos de empresas públicas venezolanas


Publica "El País":

La Guardia Civil ha realizado los cuatro arrestos a petición de las autoridades de EE UU, que los acusa de blanqueo y corrupción

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido en los dos últimos días en Madrid a un ex alto cargo del Gobierno venezolano de Hugo Chávez y a tres antiguos directivos de empresas públicas del mismo país después de recibir una orden internacional de arresto dictada por las autoridades de EE UU. Se trata de Nevis Gerad Villalobos, quien fuera viceministro de Energía; Luis Carlos de León Pérez, César David Rincón Godoy y Rafael Reiter Muñoz, según han confirmado a EL PAÍS fuentes jurídicas y del Ministerio del Interior. Los cuatro llevaban tiempo asentados en España. El titular del Juzgado Central de Instrucción 2, Ismael Moreno, ya ha enviado a prisión a los tres primeros -los que fueron detenidos el jueves- y en las próximas horas tomará una decisión sobre el cuarto.

La petición de detención ha partido de un tribunal de Texas, que los investiga por su supuesta relación con actividades de blanqueo de capitales y corrupción en EEUU realizadas a través de la oofcina de compras en este país de la compañía estabal Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Supuestamente, todos ellos participaron en el desvío de grandes cantidades de dinero mediante la emisión de facturas falsas o infladas. Los fondos acabaron presuntamente en depósitos en Suiza. En la investigación ha participado la agencia estadounidense Homelan Security of Investigation (HSI-ICE) y ha sido ejecutada en España por agentes del Grupo de Huidos de la Justicia de la UCO.

Los cuatro exaltos cargos venezolanos detenidos el jueves Madrid son conocidos en Venezuela como parta de la Boliburguesía chavista, una casta de empresarios que se enriqueció en medio de la bonanza petrolera más generosa de la historia republicana de este país.

El más relevante es Nervis Villalobos porque ocupó el viceministerio de desarrollo eléctrico entre 2001 y 2006 y fue responsable de los planes de aumento de la generación eléctrica. Residenciado desde hace varios años en España, su nombre ha quedado asociado al más grande escándalo de corrupción en el sector eléctrico de la era chavista. Aprovechando la crisis del sector en 2010, Villalobos fue uno de los funcionarios del régimen que permitió que ese año un grupo de inexperimentados jóvenes, conocidos como Los Bolichicos, obtuviera millonarios contrarios para construir con sobreprecios plantas eléctricas.

Rafael Reiter, detenido hoy, fue hombre de confianza de Rafael Ramírez, poderoso presidente de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela (Pdvsa) durante la gestión del fallecido Hugo Chávez. En 2007 fue el encargado de colocar en una maleta 800 mil dólares que Chávez envió para la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Guido Antonini, otro empresario con negocios en el chavismo, se hizo responsable del equipaje cuando llegó a su destino en Buenos Aires. El escándalo marcó la campaña presidencial de Argentina en aquel año. Reiter fue también gerente de Prevención y Control de Pérdidas de Pdvsa, la policía interna de la organización.

Luis Carlos de León y César Rincón, los otros dos detenidos, eran hombres de confianza del expresidente de la Electricidad de Caracas, Javier Alvarado, también reclamado por las autoridades. Alvarado. Durante su gestión en esa empresa, estatizada por Chávez en 2007, los miembros de la comisión de licitaciones eran presionados para que otorgaran contratos a las empresas preferidas de Alvarado
 
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La paradoja de tener un contrato de empleo y no poder trabajar


Publica "El País":

El truco está en el licor. Un chorrito de amaretto en el café donde se remojan las galletas da otro sabor al tiramisú. Si se quiere un toque más dulce, hay que añadir un par de gotitas de aroma de vainilla a la crema. Quien comparte sus secretos culinarios no es un chef del norte de Italia, lugar de origen del exitoso postre. El cocinero es el maliense Ibrahima. De 28 años y originario de Tombuctú, descubrió los entresijos de la gastronomía transalpina en el restaurante Il Tocco Giusto da Luigi, en el centro de Madrid. Pese a su rápido aprendizaje e incuestionable talento, su futuro entre los fogones está amenazado. El pasado marzo, España denegó su solicitud de asilo y lo catapultó en un limbo: de la noche a la mañana se convirtió en un sin papeles, aunque tuviera un contrato de trabajo de duración indefinida.

A diferencia de los llamados "migrantes económicos", los solicitantes de asilo están autorizados a trabajar en España transcurridos seis meses desde que han obtenido la tarjeta roja, el documento que les permite residir legalmente una vez que su petición ha sido admitida a trámite. El pedir protección internacional es una de las pocas vías legales para quedarse en el país tras entrar de manera ilegal.

Contratarles no es ni complicado ni costoso. “Es el mismo trámite que se hace con cualquier otro residente extranjero”, confirma Isabel Gómez, abogada especializada en extranjería. La verdadera pega es que un trabajo con contrato y seguridad social no es condición suficiente para que un extranjero no comunitario pueda quedarse legalmente en España. Así, si la petición de asilo no llega a buen fin, los empresarios tienen que dar de baja a sus empleados, que de un solo golpe pierden el puesto y el permiso de residencia.

Ibrahima, quien pide usar un nombre ficticio, llegó a Canarias en patera en 2013. Criado en Costa de Marfil, donde trabajaba de pescador y deja a una mujer y a un hijo, en 2010 volvió a su Malí natal para reunirse con su hermano menor. Huyó por el conflicto armado. “Cuando llegué no entendía nada de español, ¡ni sabía que significaba la palabra asilo!”, cuenta con desenfado en un castellano que todavía necesita ser pulido. Tras un intento fallido de instalarse en Bélgica, empezó a trabajar en Il Tocco Giusto da Luigi en marzo del año pasado a través de la ONG La Merced Migraciones.

El trabajo es una herramienta clave para que los solicitantes de asilo se integren e independicen de la ayuda pública mientras se resuelve su petición, un trámite que se puede alargar incluso durante años, como en el caso de Ibrahima. Cuando le comunicaron que la resolución había sido negativa, ya llevaba 12 meses trabajando a tiempo completo, perfectamente integrado y con contrato indefinido. Sus empleadores, sin embargo, no están dispuestos a prescindir de él.

“Ha aprendido a hacer las pizzas mejor que yo”, dice con cierto orgullo Paulo D’Angelo, uno de los dueños del restaurante antes de enumerar algunos de los logros que ha conseguido el joven cocinero maliense. “Es el único que sabe hacer pasta fresca de dos colores”, asegura, “y si no sabe cómo preparar un plato, mira rápido los ingredientes en la carta y lo clava”.

La habilidad en la cocina no es la única razón para que D’Angelo quiera quedarse con él. Después de un año juntos, Ibrahima ya se había convertido en una pieza clave del restaurante tanto desde el punto de vista profesional como afectivo. “Para mí son como una familia”, dice el cocinero, quien acaba de solicitar la residencia por arraigo social, un permiso que pueden pedir los migrantes que demuestren haber vivido en España durante tres años consecutivos y hayan recibido una oferta de trabajo de al menos 12 meses. D’Angelo no se lo pensó dos veces y se puso manos a la obra para que Ibrahima pudiera presentar junto al resto de la documentación un nuevo contrato para volver al restaurante. Ahora están ambos a la espera de que el trámite se resuelva para que el maliense pueda seguir preparando su excelente tiramisú.

Aunque la acogida de refugiados responda ante todo a una decisión humanitaria, también puede convertirse en una oportunidad económica si la integración en el mercado laboral se consigue de manera exitosa. Según un estudio elaborado por Philippe Legrain, fundador del think tank OPEN y exconsejero económico del presidente de la Comisión Europea, cada euro que se invierte hoy en atender a refugiados rendirá en cinco años casi dos euros en beneficios económicos.

“Es cierto que hay que distinguir entre PIB y PIB per cápita porque cuando llegan los refugiados también aumenta la población", matiza Thomas Liebig, especialista en migraciones y mercado del trabajo en la OCDE, "pero el aumento inicial del gasto público relacionado con la acogida es ya de por sí un estímulo a la economía”. “Más interesante aún es el impacto fiscal: a corto plazo hay mucho gasto y pocos impuestos, pero entre siete y 10 años después, este desembolso se convierte en ingreso anual”, explica. Según una encuesta llevada a cabo por la OCDE y la Cámara de Comercio de Alemania (país que ha recibido a 1,3 millones de refugiados desde 2015), el 80% de los empresarios que ha contratado a refugiados está contento con ellos y el 75% afirma que no ha tenido ningún problema o muy pocos problemas en la relación laboral.

“Ibrahima nos gustó desde el principio”, asegura D’Angelo. Le conoció gracias a Coral Castellanos, de la ONG La Merced Migraciones, que un día se acercó al restaurante para preguntar si necesitaban a algún empleado. El joven ni siquiera terminó el curso de ayudante de pizzería que estaba asistiendo porque se incorporó en seguida a trabajar.

“El primer día me puse muy nervioso”, confiesa Ibrahima con una sonrisa permanente estampada en la cara. La tensión desapareció rápido. “Me encanta cocinar”, afirma. Castellanos comenta que la situación paradójica en la que se encuentra el joven maliense no es un caso aislado. “Hemos tenido a familias enteras que han acabado en este limbo", manifiesta. La mayoría de las veces, asegura, pierden el trabajo y no llega ninguna oferta de empleo para que puedan regularizar su situación.

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https://elpais.com/internacional/2017/10/26/actualidad/1509046852_084228.html

Cerca de 300 mil niños podrían morir por desnutrición en Venezuela


Publica "DW.com":
Caritas ha declarado la emergencia humanitaria en Venezuela, ante la falta de alimentos y medicinas.

Susana Rafalli, representante de Cáritas (organización no gubernamental), alertó sobre la grave situación que viven los venezolanos que ha escalado de la crisis de alimentos a la emergencia humanitaria.

En un encuentro con la prensa extranjera, el médico infectólogo, Julio Castro, miembro de ´Médicos por la Salud´, presentó una radiografía de la crítica situación hospitalaria y el aumento de enfermedades y epidemias, que están diezmando a los venezolanos de manera silenciosa.

Unos 4,5 millones de venezolanos comen una vez al día y a veces cada dos días, dicen los especialistas. Y el 80 por ciento de los 30 millones de habitantes solo come dos veces al día.

La cantidad y calidad de los alimentos ha bajado debido a la crónica escasez de los productos y la inflación.

Caritas atiende a la población más pobre y vulnerable de cuatro estados: Distrito Capital (Caracas), Vargas, Miranda y Zulia, cuyo déficit nutricional es de 70 por ciento y el 8 por ciento de los niños presenta una desnutrición grave.

Retardo en el crecimiento

Semanalmente mueren entre 5 y 6 niños por desnutrición. La proyección de Rafalli es que 280 mil niños puede morir por desnutrición. “La desnutrición infantil grave ha llegado al 15 por ciento en el pasado mes de agosto, por lo que declaramos la emergencia humanitaria. Y el 33 por ciento de la población infantil ya presenta retardo en el crecimiento. Este daño, tanto físico como mental, les acompañará toda su vida, es irreversible”.

En tanto, Julio Castro, corrobora las cifras de Rafalli y señala que la mortalidad materna entre 2006 y 2016 presentó un incremento interanual de 10 por ciento, pero en el último año se disparo en un 65 por ciento debido al hambre y a la falta de medicinas y atención médica. Por su parte, la mortalidad infantil ha crecido en un 25 por ciento cada año debido principalmente a la desnutrición.

Además, Castro dijo que el déficit de medicamentos básicos como las vacunas, antibióticos, anxiolíticos, antivirales, supera el 98 por ciento. El 63 por ciento de los hospitales públicos no tiene agua potable, el 51 por ciento no tiene camas para operaciones, el 64 por ciento no tiene fórmulas lácteas para los bebés y el 71 por ciento de los hospitales se encuentran cerrados por falta de materiales.

“El problema es que el régimen de Nicolás Maduro mantiene oculta la información oficial del ministerio de Salud, para no reconocer que la crisis pica y se extiende”.

La organización Cáritas de Venezuela registró hasta abril del año en curso que la desnutrición en la población infantil del país se ubica en 11,4%, cifra que supera los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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viernes, 27 de octubre de 2017

La Eurocámara muestra "apoyo total" a la oposición venezolana con el Sájarov



Publica "Diario de Noticias":

La Eurocámara mostró hoy su "apoyo total" a la Asamblea Nacional venezolana y a la oposición antichavista, otorgándole el premio Sájarov a la libertad de conciencia, un galardón que busca rendir "homenaje a todo el pueblo venezolano", afirmó el presidente de la institución, Antonio Tajani.

El Parlamento Europeo (PE) decidió hoy entregar el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la oposición venezolana, representada por la Asamblea Nacional y su presidente, Julio Borges, así como por los dirigentes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma.

En la candidatura, a propuesta del Partido Popular Europeo (PPE) y el grupo de los liberales (ALDE), figuran también dirigentes como Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos y Andrea González, considerados "presos políticos" por la Eurocámara.

"Este premio no representa solo un reconocimiento a la valiente resistencia de la oposición democrática. Este Parlamento hoy quiere manifestar su cercanía y rendir homenaje a todo el pueblo venezolano", manifestó Tajani al dar a conocer de manera oficial el fallo del galardón, en el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo.

En el mismo lugar se entregará, el 13 de diciembre, este premio dotado con 50.000 euros que desde 1988 concede el Parlamento Europeo a personalidades o colectivos que luchan por los derechos y las libertades fundamentales, y en cuya lista de premiados figuran el líder sudafricano Nelson Mandela, las Madres de la Plaza de Mayo o el disidente cubano Guillermo Fariñas.

El eurodiputado del PP José Ignacio Salafranca afirmó tras conocerse la decisión que se trata de "un gesto de alto valor simbólico" que "contribuirá a restaurar la libertad, la democracia, la paz y los derechos humanos en Venezuela".

El PPE abogó por la oposición venezolana por representar, según apuntó Salafranca, "a un grupo de hombres y mujeres valerosos que no tienen miedo, que no se rinden, que hostigados, golpeados, encarcelados o inhabilitados luchan por su libertad y por su dignidad".

Desde ALDE, la eurodiputada Beatriz Becerra felicitó a los premiados y consideró que "este reconocimiento animará a los venezolanos a continuar con su defensa pacífica y ejemplar de la libertad y el Estado de derecho" frente a los "abusos" del presidente del país, Nicolás Maduro.

"Ahora es más importante que nunca que permanezcan unidos y que no se rindan a las manipulaciones y abusos del dictador Maduro", afirmó.

Tajani dijo que el premio "no tiene un color político", a lo que algunos eurodiputados de la Izquierda Unitaria Europea (GUE), críticos con la decisión, respondieron con risas.

"Se puede no estar de acuerdo, pero en democracia hay que respetar a la mayoría. No hay nada de lo que reirse cuando se habla de defensa de derechos humanos", contestó Tajani.

En unas declaraciones a Efe, el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán calificó la decisión de "partidista".

"En un conflicto abierto y en plena escalada de tensión, donde actores europeos están apostando por el diálogo entre todas las partes implicadas, premiar a una de las partes, independientemente de la opinión que nos merezca, es una irresponsabilidad política e institucional", afirmó.

En una resolución aprobada en abril, la Eurocámara condenó la "represión brutal" ejercida por las fuerzas de seguridad venezolanas, así como por los grupos armados irregulares, contra los manifestantes pacíficos, y pidió al Gobierno de Caracas restaurar el orden democrático y liberar a los presos políticos.

En septiembre, el PE instó a la UE a estudiar la imposición de sanciones a los implicados en violaciones de los derechos humanos en Venezuela, como la congelación de sus bienes y la prohibición de su entrada en la Unión.

La oposición venezolana, que ya optó al premio en 2015, se impuso a los otros dos finalistas, la activista guatemalteca por los derechos humanos Aura Lolita Chávez Ixcaquic y el periodista Dawit Isaak, encarcelado en 2001 en Eritrea.

El año pasado el premio recayó en las activistas yazidíes Nadia Murad Basi Taha y Lamiya Ayi Bashar, víctimas de la esclavitud sexual perpetrada por el grupo yihadista Estado Islámico en Irak.
 
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Refugiados. el congreso reprueba a dastis y zoido por incumplir las cuotas de acogida


Publica "EcoDiario.es":

El Congreso de los Diputados reprobó este martes al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, y al del Interior, Juan Ignacio Zoido, por haber incumplido las cuotas de acogida de refugiados comprometidas con la UE.

De este modo, salió adelante, con 170 votos a favor, 136 en contra y 35 abstenciones, una proposición no de ley presentada por Podemos, que no es vinculante y que contó con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos y PNV, por la que se reclama al Gobierno que destituya a ambos ministros por "incumplimiento grave y reiterado de sus funciones" e "iniciar los trámites que sean procedentes para hacer efectiva su sustitución". Durante el debate estuvo presente Zoido, no así Dastis quien se encuentra en Estrasburgo (Francia).

De este modo, ambos siguen los pasos de los titulares de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y el de Justicia, Rafael Catalá, que también fueron reprobados por la Cámara Baja.

La portavoz adjunta de Podemos, Ione Belarra, subrayó durante la defensa de la proposición no de ley que el "capitalismo financiero descontrolado y sin escrúpulos" ha "saqueado" las "tierras del Sur" y "diezmado las tierras", lo que ha provocado la oleada de refugiados "más numerosa" desde la Segunda Guerra Mundial.

Ante esta situación, comentó que sólo caben dos opciones: ayudar y "abrir las puertas" a estas personas o "esconderse y mirar hacia otro lado". Esto le permitió anhelar una España que se parezca al México del presidente Lázaro Cárdenas que acogió a todos los republicanos que huían del franquismo en busca de un futuro mejor y rechazó que el país se convierta en la Francia que "encerró republicanos" en campos de concentración.

España alcanzó en su momento dos acuerdos con la UE para reubicar, por un lado, a las personas que habían llegado a Grecia e Italia (acordó acoger a 15.888 personas, de las que han venido 1.279); y, por otro lado, se comprometió a reasentar a refugiados que llevan años viviendo en campos habilitados por Acnur en Líbano y a aquellos migrantes que están en Turquía (acordó traer a 1.449 y han llegado 704).

Estas cifras, según Belarra, representan un "desprecio absoluto" y una "falta de humanidad" manifiesta que "humilla a nuestro país", máxime cuando la sociedad española "ha dicho alto y claro que quiere acoger y no le dejan".

Por ello, exigió la reprobación de Dastis y Zoido por "vulnerar" los derechos humanos, "incumplir" las resoluciones del Consejo de Europa y situar a España "fuera de la legalidad".

Dejó claro que esta situación se arreglará con el PP "fuera del Gobierno", si bien mostró su convencimiento de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "seguirá cobijando a incompetentes, corruptos y personas al margen de la legalidad".

En el turno de fijación de posiciones, Óskar Matute (Bildu) mostró su apoyo a la reprobación de Dastis y Zoido porque "sobran los motivos", mientras que Enric Bataller (Compromís) se sumó a esta propuesta avergonzándose de que para el Gobierno los compromisos internacionales "no sean de obligado cumplimiento.

Jordi Xuclà (PDECat) apoyó la reprobación y centró toda su crítica en Dastis (ausente en el Hemiciclo por encontrarse en Estrasburgo), afirmando que "hubo que recurrir a Google para saber quién era" cuando fue nombrado ministro y lamentó que "pasará a la historia" por "decir mentiras" en la BBC sobre la situación política en Cataluña.

Mikel Legarda (PNV) rechazó apoyar la reprobación de Dastis y Zoido y abogó por un diálogo constructivo para tratar con el Gobierno la gestión de la política de refugiados. Por su parte, Ana María Surra (ERC) apoyó la propuesta y acusó al Ejecutivo de ser "los campeones del incumplimiento" como, dijo, "bien sabemos los catalanes".

A su vez, Luis Miguel Salvador (Cs) fue muy crítico con la política de refugiados del Gobierno a la que definió como "nefasta". Odón Elorza (PSOE) acusó al Ejecutivo de "incumplimiento de derechos humanos" y reclamó que aquellos ministros que sean reprobados "no puedan volver a ejercer sus responsabilidades".

Por último, Rubén Moreno (PP) afeó a Podemos que no se acuerde de los venezolanos que piden asilo en España y espetó a esta formación que "podrán asaltar los cielos, pero no tener a una población engañada para el resto de la eternidad".
 
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http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8697719/10/17/Refugiados-el-congreso-reprueba-a-dastis-y-zoido-por-incumplir-las-cuotas-de-acogida.html

El acuerdo migratorio entre la UE y España endurecerá los controles


Publica "La gaceta.es":


El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, confió en un acuerdo de la Unión Europea (UE) el próximo junio para ayudar a España y otros países con fronteras exteriores a responder a la llegada de flujos migratorios a sus territorios.

Durante su intervención en el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia), en el debate para analizar reciente cumbre europea del 19 y 20 de octubre, Tusk hizo hincapié en la necesidad de preservar “la unidad” de los países, para afrontar los retos futuros, empezando por la salida del Reino Unido de la UE.

En ese contexto, explicó que ve “una oportunidad real de un acuerdo completo” el próximo junio en la Unión para dar “un apoyo decisivo” a los países “en la primera línea” en la recepción de inmigrantes, es decir, Italia, Grecia, España y Bulgaria.

También cree que habrá consenso en la protección de las fronteras externas, la estrategia de la UE hacia África y el apoyo a las organizaciones internacionales que ayudan a refugiados e inmigrantes, o en la gestión europea sobre los retornos y la política de readmisión.

Sobre la reforma del asilo común, el presidente del Consejo Europeo, institución que representa a los países de la UE, explicó que cree que en junio se puede alcanzar un pacto sobre “la mayoría de los elementos” de ese sistema.

“Si somos de verdad efectivos en estos asuntos, estaremos cerca de una solución duradera en la crisis migratoria”, dijo Tusk ante los eurodiputados.

Sin embargo, Tusk se mostró menos optimista en la cuestión de las cuotas de demandantes de asilo que se encuentran en Grecia e Italia y que los Estados miembros se comprometieron a acoger en sus territorios tras la crisis migratoria de 2015.

“En la cuestión de la reubicación, o precisamente las cuotas obligatorias (…) el consenso es hoy en día tan poco probable como lo era hace muchos meses”, admitió.

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, indicó que su intención es “construir en lo que nos conecta, no en lo que divide” y que ello no quiere decir que no se deban afrontar “con valentía” los asuntos que dividen o pueden dividir, “para poder encontrar soluciones comunes”.

En ese contexto, recordó que siempre ha defendido, en relación con la crisis migratoria, construir la respuesta de Europa en “aquello que nos conecta”, que es “la protección de las fronteras externas” y que lo ha hecho sabiendo que “estas son también ideas que ponen a los países en un conflicto permanente”.

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https://gaceta.es/europa/acuerdo-migratorio-ue-espana-20171025-1318/

Garbiñe pierde el tren de las semifinales y se cae de la carrera por el número uno


Publica "Marca.com":

Venus Williams acabó hoy con las opciones de Garbiñe Muguruza en su tercera participación en el Masters de Singapur. La estadounidense superó a la española por 7-5 y 6-4, en 1 hora y 41 minutos. Garbiñe también se despide del cetro de la WTA a final de temporada.

La española, después de salvar dos pelotas de 'break' en los dos primeros juegos, se adelantó por 2-3 y saque. Lo que pasa es que su lenguaje corporal, aún yendo por delante en el marcador, no era el mejor. Se mostraba errática con la derecha y eso lo aprovechaba Venus para remontar y decantar a su favor la primera manga sin ni tan siquiera tener la necesidad de llegar a la muerte súbita.

Antes de iniciarse la segunda manga, Muguruza llamó a su entrenador Sam Sumyk para que la aleccionara sobre cuál era el camino a seguir. Se aplicó en ello y empezó con rotura. Venus se la devolvería inmediatamente después, como en el primer set.

Los restos se imponían a los saques hasta el punto que habría un tercer 'break' consecutivo, esta vez del lado de Garbiñe, que no quería despedirse de Singapur sin dar guerra. La española amplió su renta hasta el 1-3. El paso del tiempo supuestamente jugaba a su favor porque la mayor de la familia Williams venía de jugar 3 horas y 13 minutos en el segundo partido del 'round robin' con Jelena Ostapenko.

Venus, en un visto y no visto, cambió el decorado y encadenó dos juegos para firmar el tres iguales. Llegaría luego la cuarta rotura de Muguruza pero dio igual. No era su día ni tampoco el Masters era su torneo. La Williams, con seis 'breaks' a favor en su estadística, se une a Karolina Pliskova como la otra clasificada del grupo blanco para la penúltima ronda del torneo el próximo sábado.
 
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jueves, 26 de octubre de 2017

Banco de Alimentos, Bomberos Voluntarios y Padre Lasa optan al Premio Excelencia Ciudadana



Publica "Diario de Noticias":

Diario de Noticias convoca la 4ª edición de este reconocimiento. Los lectores eligen con sus votos en la web hasta el 22 de noviembre

Carlos Almagro Gutiérrez, vicepresidente del patronato de la Fundación Banco de Alimentos de Navarra; José Luis Hernandorena Huarte, bombero voluntario de Leitza; y José Ángel García Serrano, director del Centro Padre Lasa de Tudela, optan al Premio a la Excelencia Ciudadana que por cuarta vez convoca DIARIO DE NOTICIAS, en colaboración con la Fundación Navarra para la Excelencia. 
 
El ingeniero agrónomo Carlos Almagro, a sus 84 años, suma más de dos décadas colaborando en la distribución de alimentos entre personas necesitadas. José Luis Hernandorena, a sus 74, lleva 40 como bombero voluntario en Leitza porque personas como él consideran un deber ayudar en sus pueblos. El tudelano José Ángel García, de 49, se acercó al ámbito social en su etapa de docente en el Colegio San Francisco Javier para ahora trabajar por facilitar la convivencia y la integración de personas de diferentes culturas.

El galardón reconoce la calidad desde una perspectiva no economicista, distinguiendo la aportación de una entidad a la mejora de la colectividad y particularmente de los sectores más desfavorecidos o en severa dificultad desde una visión humanista y filantrópica. En consonancia con la naturaleza social del premio, la ciudadanía navarra elegirá al ganador a través de una votación en la web de DIARIO DE NOTICIAS: noticiasdenavarra.com
 
El sufragio comienza hoy hasta el miércoles 22 de noviembre (incluido). La distinción se entregará en la 17ª edición del Día Navarro para la Excelencia, que se celebrará en el Castillo de Gorraiz el 27 de noviembre. La Fundación entregará los sellos que reconocen a las empresas los procesos que han impulsado para optimizar sus modelos de gestión.

En anteriores ediciones obtuvieron la distinción a la Excelencia Ciudadana Aritz Azparren, por el proyecto Vura Music en Uganda (2014); Eugenio Lecumberri, Fundación Ilundain-Haritz Berri (2015); y Arantxa Garatea, Fundación Atena (2016). - S.Z.

Carlos Almagro Gutiérrez, 84 años (FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS)

La Fundación Banco de Alimentos de Navarra, que nació en la calle Canal de Pamplona en 1995, trabaja contra el hambre y el desperdicio alimentario; difunde y promueve el voluntariado y sensibiliza a la sociedad con campañas para fomentar la colaboración y el impulso de actividades en centros escolares para inculcar la necesidad de evitar el desperdicio. Más del 60% de sus recursos proceden de aportaciones particulares y menos de un 40% de ayudas públicas. Su intención es la de incrementar el apoyo de socios y colaboradores. Unos 190 voluntarios atienden a más de 30.000 personas integradas en más de 200 entidades sociales. En la crisis ha triplicado el volumen de alimentos entregados hasta cerca de las 4.500 toneladas. Colabora con bancos de otras comunidades y regiones.

Currículum. Carlos Almagro Gutiérrez nació en Coín (Málaga) hace 84 años y estudió ingeniero agrónomo en Madrid. Representante del Ministerio de Agricultura en Navarra hasta su jubilación en 2003, trabajó de profesor asociado de la Facultad de Ciencias Biológicas y de Arquitectura de la UN. Fue uno de los fundadores del Banco de Alimentos, que presidió de 2002 a 2014. Y ahora ocupa la vicepresidencia del patronato y oficia como responsable de relaciones institucionales y sensibilización.

José Luis Hernandorena huarte, 74 años (BOMBEROS VOLUNTARIOS)

Los incendios del otoño de 1995 en el norte de Navarra fueron un punto de inflexión para constituir equipos voluntarios de bomberos en poblaciones situadas lejos de los parques dependientes del Gobierno foral. Hay 141 voluntarios: 13 en Aoiz, 11 en Bera, 34 en Goizueta (incluidos los auxiliares de ambulancia), 14 en Isaba, 26 en Leitza, 20 en Lesaka y 23 en Valcarlos, según el Servicio de Protección Civil. Su labor de prevención es esencial por su rapidez al conocer la zona. En 2016, participaron en 226 intervenciones, como en incendios urbanos, forestales, en búsquedas y en rescates. Todos disponen de dos camiones y de dos vehículos todoterreno, salvo Goizueta e Isaba, que en vez de todoterreno tienen una ambulancia y un quitanieves, respectivamente. En Aoiz, además, tiene una camioneta.

Currículum. A sus 74 años, José Luis Hernandorena es el bombero voluntario con mayor antigüedad, con más de 40 años. Natural de Leitza, comenzó participando en una sociedad contra incendios de asegurados de casas y caseríos de su pueblo, solo con una bomba y unas mangueras. Posteriormente lograron una carroceta. El parque de bomberos voluntarios, coordinado con el Gobierno foral, se reúnen cada mes para formación, revisión y puesta a punto de material antiincendios.

José Ángel García Serrano, 49 años (CENTRO PADRE LASA)

El Centro Padre Lasa en Tudela es una entidad social de intervención comunitaria de la Fundación Civil San Francisco Javier, impulsada por el Servicio Jesuita a Migrantes. Acompaña, sirve y defiende a las personas más desfavorecidas, sobre todo inmigradas, desde un enfoque psicosocial. Trabaja dos líneas: la de intervención a través del Programa de Atención a Familias y Menores; el Espacio Abierto a Mujeres; el Ropero Social y Promoción de la Participación Social y el pluralismo entre las confesiones islámica, ortodoxa, evangélica y cristiana. La segunda línea se centra en la Sensibilización e Incidencia con campañas que quieren normalizar la interculturalidad y favorecer la convivencia e integración. Desarrolla un programa de voluntariado con más de 60 participantes. El centro ha contado 200 voluntarios durante estos años.

Currículum. José Ángel García Serrano, licenciado en Historia -especialidad Arqueología por la Universidad de Zaragoza-, dirige el centro desde 2016 en sustitución de Juan Ramón Trabudua. Durante 23 años ejerció de docente en el Colegio San Francisco Javier (Tudela). Trabajó como voluntario en Paraguay, con el jesuita Luis Asarta; en India con Vicente Ferrer y en 2009 creó el proyecto Voluntariado del Colegio de Jesuitas por el que han pasado 700 jóvenes.

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