Publica "El País":
Mientras un helicóptero de la policía científica disparaba al caer la tarde del martes sobre la sede del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela,
sus magistrados ultimaban los detalles de dos polémicas sentencias. Una
de ellas le ha restado funciones a la Fiscalía General de la República,
crítica con el régimen de Nicolás Maduro,
para otorgárselas a la Defensoría del Pueblo. La otra anula el reciente
nombramiento del vice fiscal general y deja la designación de un
sucesor en manos del Supremo, controlado por el chavismo. El ataque al
tribunal eleva a un nuevo nivel la crisis que sacude al país desde hace
tres meses.
El helicóptero que perpetró el ataque
—efectuó disparos y lanzó cuatro granadas— estaba pilotado por el
inspector de la policía científica Óscar Pérez y mostraba una pancarta
que decía “350 Libertad”, en alusión al artículo de la Constitución que
faculta a los venezolanos a rechazar a un régimen que no respete las
garantías democráticas y menoscabe los derechos humanos. Pérez, contra
el que se emitió este miércoles una orden de captura internacional,
colgó varios vídeos en Instagram en los que asegura que forma parte “de
una coalición de funcionarios militares, policiales y civiles en contra
de este Gobierno transitorio y criminal”. Sin embargo, ninguna unidad
militar manifestó el miércoles su apoyo a esta ofensiva. El
vicepresidente, Tareck El Aissami, informó este miércoles de que las
autoridades han localizado el helicóptero en una localidad del estado de
Vargas, cercano a Caracas, e indicó que por el momento no hay
detenidos.
El presidente,
Nicolás Maduro, condenó el ataque y prometió capturar “más temprano que
tarde” a la tripulación responsable del incidente. “Este es el tipo de
escalada armada que he venido denunciando. He activado a la fuerza
Armada Nacional para defender el derecho a la tranquilidad. Yo condeno
el ataque y le exijo a la Mesa de la Unidad Democrática [coalición
opositora] que haga lo propio”, agregó en un acto en el Palacio de
Miraflores. Horas antes, el mandatario había advertido: “Nosotros jamás
nos rendiríamos, y lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las
armas, liberaríamos nuestra patria con las armas”.
Hasta el mediodía del
miércoles en Venezuela la mayoría de los Gobiernos latinoamericanos y
de la Unión Europea no habían condenado el ataque —Bruselas pidió a
todas las partes que “pongan fin con carácter urgente a la violencia y
eviten el uso de la fuerza” y Brasil expresó su “preocupación” por la
escalada de tensiones”—. El nuevo canciller, Samuel Moncada, se quejó
con amargura de ese silencio. No aspiraba Moncada a que los Gobiernos
respaldaran a Maduro, sino que se solidarizaran con los civiles que, a
la hora del ataque del helicóptero, estaban cerca de los edificios. Era
una manera de intentar imponer la idea de que el régimen de Venezuela se
enfrenta a un grupo terrorista de derechas y no a una oposición
democrática.
El ataque se produjo
en una jornada con dos decisiones judiciales que son duros golpes del
régimen, que controla al Supremo, a la línea de flotación del chavismo
crítico que ha emergido durante las protestas de los últimos meses. La
líder de ese movimiento es la fiscal general de la República, Luisa
Ortega Díaz, cuya inesperada independencia ante el Gobierno ha
sorprendido en medio de las protestas opositoras.
“Desmontaje progresivo”
Se espera que el
próximo movimiento del Ejecutivo de Maduro sea el nombramiento de un
número dos de la fiscalía que le sea afín y sustituya a Ortega Díaz con
la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente a principios de
agosto. La jerarquía oficialista ha prometido convertir la convocatoria
para redactar una nueva Carta Magna en la ocasión para una purga
generalizada.
Con la decisión del
Supremo, la Defensoría del Pueblo, cercana también al Gobierno, podrá
ahora investigar, emitir opiniones, revisar expedientes, promover
pruebas y recibir denuncias en casos de derechos humanos, una
competencia hasta ahora reservada al ministerio público. Como en otros
casos, el chavismo crea una oficina paralela para restar poder a un
órgano que puede ejercer de oposición. Algo parecido hizo el fallecido
expresidente Hugo Chávez cuando su adversario Antonio Ledezma obtuvo la
alcaldía mayor de Caracas en las elecciones regionales de 2008. Maduro
ha seguido el ejemplo nombrando protectorados en regiones controladas
por fuerzas opositoras.
El fallo del Supremo
ha convertido al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, en el fiscal
general de facto. Ortega Díaz lo reconoció este miércoles en una rueda
de prensa similar a la que ofreció para calificar de golpe de Estado las
sentencias con las que el Supremo asumió las competencias del
Parlamento. “Estamos ante al desmontaje progresivo del ministerio
público”.
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