Publica "El Ideal":
El Ministerio Público les imputa un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por los que le reclama seis años y medio de cárcel
La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén va a juzgar a diez personas, todas ellos de origen extranjero, acusadas de formar parte de una trama que se dedicada a regularizar inmigrantes en España presentando documentación falsificada. A los diez acusados, dos de ellos actualmente en paradero desconocido, el Ministerio Público les imputa un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por los que le reclama seis años y medio de cárcel.
Según recoge el escrito de calificación provisional de Fiscalía al que ha accedido Europa Press, desde 2014 y hasta principios de 2016, cuatro de los acusados habían formado "de común acuerdo y con claro ánimo de enriquecerse ilícitamente, una organización que se dedicaba a la recogida, transporte y tramitación de súbditos marroquíes con la finalidad de lograr la nacionalidad española".
Lo hacía, relata el Ministerio Fiscal, "presentando documentación falsificada" para dar "una apariencia de que los solicitantes eran españoles de origen por ser descendientes directos de saharauis españoles, cuando el Sáhara era colonia española".
Estos cuatro acusados "formaban la cabeza" de una organización que se dedicaba a contactar no sólo con Marruecos, sino con Francia y otras ciudades europeas por donde podían llegar los flujos migratorios a España. Localizaban a súbditos que no sabían español y a los que les pedían entre 2.500 y 7.000 euros para la tramitación de los expedientes de residencia y de nacionalidad española ante la Subdelegación del Gobierno en Jaén.
Los otros seis acusados se dedicaban, según Fiscalía, a llevarlos a las localidades jiennenses donde les esperaban para empadronarlos y "seguirles pidiendo dinero por cada día que pasaran en España". Una vez empadronados, ya podían acreditar su residencia permanente y estable en una ciudad española como paso previo a la obtención de la nacionalidad.
Como en Jaén capital no podían llevar a cabo empadronamientos masivos, se utilizaban hasta diez domicilios diferentes repartidos entre las localidades de Baeza, La Carolina, Porcuna y la capital jiennense.
La alarma saltó en la Subdelegación del Gobierno en Jaén a finales de 2015 "dado que el índice de solicitudes para la adquisición de la nacionalidad española superaba los 300 expedientes", de ahí que la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional comenzaron con las investigaciones y las intervenciones telefónicas autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén capital.
A través de las escuchas y de los registros, según recoge la Fiscalía, quedó acreditado que "había una clara organización para el lucro en la regulación en España de ciudadanos marroquíes".
El juicio está fijado para los días 7 y 8 de noviembre.
La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén va a juzgar a diez personas, todas ellos de origen extranjero, acusadas de formar parte de una trama que se dedicada a regularizar inmigrantes en España presentando documentación falsificada. A los diez acusados, dos de ellos actualmente en paradero desconocido, el Ministerio Público les imputa un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por los que le reclama seis años y medio de cárcel.
Según recoge el escrito de calificación provisional de Fiscalía al que ha accedido Europa Press, desde 2014 y hasta principios de 2016, cuatro de los acusados habían formado "de común acuerdo y con claro ánimo de enriquecerse ilícitamente, una organización que se dedicaba a la recogida, transporte y tramitación de súbditos marroquíes con la finalidad de lograr la nacionalidad española".
Lo hacía, relata el Ministerio Fiscal, "presentando documentación falsificada" para dar "una apariencia de que los solicitantes eran españoles de origen por ser descendientes directos de saharauis españoles, cuando el Sáhara era colonia española".
Estos cuatro acusados "formaban la cabeza" de una organización que se dedicaba a contactar no sólo con Marruecos, sino con Francia y otras ciudades europeas por donde podían llegar los flujos migratorios a España. Localizaban a súbditos que no sabían español y a los que les pedían entre 2.500 y 7.000 euros para la tramitación de los expedientes de residencia y de nacionalidad española ante la Subdelegación del Gobierno en Jaén.
Los otros seis acusados se dedicaban, según Fiscalía, a llevarlos a las localidades jiennenses donde les esperaban para empadronarlos y "seguirles pidiendo dinero por cada día que pasaran en España". Una vez empadronados, ya podían acreditar su residencia permanente y estable en una ciudad española como paso previo a la obtención de la nacionalidad.
Como en Jaén capital no podían llevar a cabo empadronamientos masivos, se utilizaban hasta diez domicilios diferentes repartidos entre las localidades de Baeza, La Carolina, Porcuna y la capital jiennense.
La alarma saltó en la Subdelegación del Gobierno en Jaén a finales de 2015 "dado que el índice de solicitudes para la adquisición de la nacionalidad española superaba los 300 expedientes", de ahí que la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional comenzaron con las investigaciones y las intervenciones telefónicas autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén capital.
A través de las escuchas y de los registros, según recoge la Fiscalía, quedó acreditado que "había una clara organización para el lucro en la regulación en España de ciudadanos marroquíes".
El juicio está fijado para los días 7 y 8 de noviembre.
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