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El reciente informe sobre muerte ilegal de refugiados y migrantes de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU critica los abusos y peligros a los que son sometidas las personas migrantes en el mundo debido a la militarización y externalización de fronteras de los países desarrollados, entre ellos, España.
Ana González Páramo*
*Investigadora asociada de la Fundación porCausa
Diez millones de apátridas vagan o malviven por el mundo sin nacionalidad, sin derechos y sin libertades básicas. Otros 65 millones de personas en todo el mundo se han visto forzadas a abandonar sus hogares, entre ellos más de 22 millones de refugiados, casi la mitad de la población española. Cerca de 244 millones de migrantes se buscan la vida en otros países o se la juegan en un viaje vital, a menudo enfrentándose a condiciones inhumanas, detenciones ilegales, agresiones sexuales, violencia, esclavitud, secuestros. Un viaje que a veces resulta ser el último.
Son cifras de 2016 de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Todos juntos constituirían el tercer país con más población del planeta, el país de los excluidos. El reciente informe sobre muerte ilegal de refugiados y migrantes de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard es una llamada de atención a la razón y a la conciencia. Describe con espeluznante minuciosidad el régimen de impunidad casi generalizado en torno a la muerte y desaparición de los migrantes y refugiados a nivel global, así como la tolerancia y aceptación social hacia tanta tragedia. "El derecho universal a la vida está limitado por la nacionalidad, limitado por fronteras y visados"
Este informe, sin apenas trascendencia en los medios, arroja algo de luz sobre las muertes masivas de refugiados y migrantes. Lo hace desde el enfoque del colapso del sistema internacional de derechos humanos y de una crisis humanitaria global que desembocan en un verdadero crimen internacional, que, por su banalización y la falta de datos unificados y fiables, lleva a la impunidad total de sus perpetradores. Y quizás lo peor, un crimen que se perpetra con la tolerancia y avenencia casi generalizadas de las sociedades, opulentas o no, y la inacción por parte de instituciones regionales, nacionales o internacionales.
Como dice Callamard, “parece que el derecho universal a la vida está limitado por la nacionalidad, limitado por fronteras y visados y, en última instancia, determinado por la aleatoriedad del lugar de nacimiento”.
En la Declaración de Nueva York de 2016 para los Refugiados y Migrantes (resolución 71/1), los líderes mundiales se comprometieron a proteger los derechos humanos de todos refugiados y migrantes, independientemente de su estatus. Actualmente se está llevando a cabo un proceso de negociaciones intergubernamentales con el fin de elaborar dos pactos mundiales, el Pacto mundial sobre refugiados y el Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular que deberían culminar en una conferencia intergubernanmental sobre migración internacional en 2018 que adoptaría ambos textos.
Según el informe de Callamard que aporta ideas a este proceso, miles de migrantes y refugiados mueren o son asesinados cada año. El gran reto es cuantificar cuántos, ya que muchos de ellos desaparecen, engullidos en las aguas o en las arenas del desierto, no sólo en el Mediterráneo, sino en África, Centroamérica, el Golfo de Aden, la Bahía de Bengala,etc. Los datos son escasos e incompletos, las identidades de los muertos apenas se verifican, ni siquiera su género.
Demonizar al migrante y externalización de fronteras
La demonización de los migrantes y los refugiados como una amenaza de seguridad, las políticas migratorias agresivas basadas en la militarización y externalización de fronteras y, en el mejor de los casos, en la disuasión, no aportan soluciones a lo que constituye una crisis humanitaria. De hecho, debilitan aún más la condición ya de por sí frágil de estas personas en movimiento e introducen de manera implícita (o explicita) un elemento de complacencia hacia esas muertes de inocentes como “daños colaterales” asumibles en aras de la seguridad, la soberanía y la protección de las fronteras. "La militarización y seguridad a ultranza de las fronteras aumentan el riesgo de abusos y de violencia para los migrantes"
Tal y como analiza la Fundación porCausa, en su informe sobre la antinmigración, los síntomas de esta impunidad tienen varias derivaciones, desde el auge imparable del discurso xenófobo en Europa al amparo de los nuevos populismos y su contagio a los partidos políticos tradicionales, hasta el cuestionamiento del sistema internacional de protección de derechos. La militarización y seguridad a ultranza de las fronteras aumentan el riesgo de abusos y de violencia y provocan una mayor dependencia de los migrantes de las redes criminales de tráfico de personas. Se trata de un círculo vicioso en el que la única víctima, el migrante, debe elegir entre rutas cada vez más peligrosas o enfrentarse a vías legales de entrada prácticamente inaccesibles.
Según el informe de la Relatora de Naciones Unidas, todo ser humano tiene un derecho inherente a la vida y también a no ser privado de ella arbitrariamente. Esta protección garantizada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha de ejercerse “sin discriminación alguna". Esto quiere decir que los Estados tienen que tomar "todas las medidas razonables de precaución para proteger la vida y prevenir la violencia excesiva" por parte de las autoridades estatales o agentes no estatales. También están obligados a investigar esas muertes de manera independiente y eficaz, castigar a los culpables y no dejar impune ningún crimen, y la propia ausencia de este procedimiento constituye por sí misma una violación del derecho a la vida. La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados garantiza el “principio fundamental de no devolución” a lugares donde puedan correr el riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos a manos de otro Estado o agentes no estatales dentro de ese Estado.
Las agencias de Naciones Unidas, investigadores independientes y ONGs han recabado suficiente información como para que lugares como Libia queden automáticamente descartados como destinos de expulsión para las operaciones eufemísticamente llamadas de retorno. La Misión de Naciones Unidas de apoyo a Libia (UNSMIL) ha denunciado desapariciones, asesinatos y violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas contra migrantes por parte de grupos armados, contrabandistas y traficantes, empleadores privados, policía, la Guardia Costera Libia y el Departamento de Lucha contra la Migración Ilegal. Lo mismo podría decirse en otras rutas migratorias mundiales como Centroamérica, Egipto y Sudán, tal y como denuncia el informe de Callamart.
La demonización de los migrantes y los refugiados como una amenaza de seguridad, las políticas migratorias agresivas basadas en la militarización y externalización de fronteras y, en el mejor de los casos, en la disuasión, no aportan soluciones a lo que constituye una crisis humanitaria. De hecho, debilitan aún más la condición ya de por sí frágil de estas personas en movimiento e introducen de manera implícita (o explicita) un elemento de complacencia hacia esas muertes de inocentes como “daños colaterales” asumibles en aras de la seguridad, la soberanía y la protección de las fronteras. "La militarización y seguridad a ultranza de las fronteras aumentan el riesgo de abusos y de violencia para los migrantes"
Tal y como analiza la Fundación porCausa, en su informe sobre la antinmigración, los síntomas de esta impunidad tienen varias derivaciones, desde el auge imparable del discurso xenófobo en Europa al amparo de los nuevos populismos y su contagio a los partidos políticos tradicionales, hasta el cuestionamiento del sistema internacional de protección de derechos. La militarización y seguridad a ultranza de las fronteras aumentan el riesgo de abusos y de violencia y provocan una mayor dependencia de los migrantes de las redes criminales de tráfico de personas. Se trata de un círculo vicioso en el que la única víctima, el migrante, debe elegir entre rutas cada vez más peligrosas o enfrentarse a vías legales de entrada prácticamente inaccesibles.
Según el informe de la Relatora de Naciones Unidas, todo ser humano tiene un derecho inherente a la vida y también a no ser privado de ella arbitrariamente. Esta protección garantizada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha de ejercerse “sin discriminación alguna". Esto quiere decir que los Estados tienen que tomar "todas las medidas razonables de precaución para proteger la vida y prevenir la violencia excesiva" por parte de las autoridades estatales o agentes no estatales. También están obligados a investigar esas muertes de manera independiente y eficaz, castigar a los culpables y no dejar impune ningún crimen, y la propia ausencia de este procedimiento constituye por sí misma una violación del derecho a la vida. La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados garantiza el “principio fundamental de no devolución” a lugares donde puedan correr el riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos a manos de otro Estado o agentes no estatales dentro de ese Estado.
Las agencias de Naciones Unidas, investigadores independientes y ONGs han recabado suficiente información como para que lugares como Libia queden automáticamente descartados como destinos de expulsión para las operaciones eufemísticamente llamadas de retorno. La Misión de Naciones Unidas de apoyo a Libia (UNSMIL) ha denunciado desapariciones, asesinatos y violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas contra migrantes por parte de grupos armados, contrabandistas y traficantes, empleadores privados, policía, la Guardia Costera Libia y el Departamento de Lucha contra la Migración Ilegal. Lo mismo podría decirse en otras rutas migratorias mundiales como Centroamérica, Egipto y Sudán, tal y como denuncia el informe de Callamart.
Críticas a las prácticas españolas en las fronteras
Estas muertes también ocurren en Europa, por el abuso de la fuerza por parte de agentes y oficiales responsables del control fronterizo, ya por el uso de armas letales o no (pero con resultado mortal) con desproporción respecto a la supuesta amenaza. En este sentido el informe menciona explícitamente a España en relación con la muerte de 15 inmigrantes ahogados en 2014 al intentar alcanzar las costas españolas, mientras la Guardia Civil disparaba balas de goma y lanzaba gases lacrimógenos. Las llamadas “devoluciones en caliente” (push-backs) se realizan con pleno conocimiento de que las circunstancias, incluso las del propio entorno mar, desierto, etc.) pueden amenazar vidas y condenar a la persona rechazada al ahogamiento, la muerte por inanición o sed o bien a caer en manos de redes criminales, Estados o autoridades que no respetan unos estándares mínimos de derechos humanos. Si en el proceso de externalización de fronteras financiamos y capacitamos a sabiendas a Estados o agentes que cometen abusos, nos convertimos en co-responsables de esos abusos, moral y legalmente. La obligación de proteger, como cualquier otro derecho humano ha de ser aplicada sin discriminación, incluso en el campo del control migratorio, y abarca todas las medidas de carácter jurídico, político o administrativo, de modo que toda violación de derechos se considere un acto ilícito y como tal sancionado e indemnizado. "Es imposible proteger el derecho a la vida, al mismo tiempo que se intenta disuadir la entrada poniendo en peligro la vida"
“Los gobiernos de todo el mundo saben que morirán personas que intenten cruzar regiones fronterizas peligrosas, incluidos desiertos, ríos y mares. Aquí, el conflicto entre los derechos humanos y el control migratorio no puede ser más claro: se supone que los migrantes no pueden cruzar una frontera porque podrían morir. Es imposible proteger el derecho a la vida, al mismo tiempo que se intenta disuadir la entrada poniendo en peligro la vida”.
Una manera de dignificar a tantos muertos y desaparecidos, sería darles una identidad individual, como se ha hecho en casos recientes de genocidio. Es necesario investigar cada una de esas violaciones de derechos y dar un trato digno a los muertos, dándoles sepultura según sus creencias, informando a las familias, repatriando los cuerpos, devolviendo sus pertenencias, e incluso reparando e indemnizando. Sería una manera de individualizar lo que hoy en día no es más que una masa informe de cadáveres y dar un reconocimiento público e institucional a estas tragedias para que toda la sociedad sea consciente de su existencia. Las iniciativas internacionales relacionadas con la gobernanza mundial del movimiento de refugiados y migrantes constituyen una oportunidad para abordar estos problemas y violaciones y garantizar que se respete y proteja el derecho a la vida de los refugiados y los migrantes. Ni se puede frenar a las personas, ni es moralmente aceptable desalentarlas a que se muevan, viajen y busquen una vida mejor. La humanidad lo ha hecho siempre y está en nuestros genes seguir haciéndolo.
Os ponemos el enlace a la noticia:
http://www.publico.es/opinion/impunidad-generalizada-muerte-migrantes.html
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