Publica "El País":
Dentro, Prakash no era Prakash. "22-13. Con esos números me llamaban
por megafonía. Era mi nombre allí", afirma este nepalí de 33 años, antes
de darle un breve sorbo a la cocacola y volver a rememorar cómo acabó
58 días encerrado en el Centro de Internamientos de Extranjeros (CIE) de
Aluche (Madrid). "Me detuvieron el 28 de noviembre de 2014. Iba andando
al polígono de Parla donde trabajaba. Recuerdo que era un día lluvioso y
que, al cruzar la autovía, unos policías de paisano me pararon y me
pidieron los papeles". A partir de entonces vivió dos meses de
reclusión, "miedo" y "sufrimiento" para nada. Porque, finalmente, quedó
en libertad. Como ocurrió con el 71% de los 7.597 inmigrantes que
pasaron por este tipo de instalaciones en 2016, según los datos de
Interior, a los que ha tenido acceso EL PAÍS.
Son 60 días de reclusión y miedo para nada: por los siete Centros de
Internamiento de Extranjeros (CIE) pasaron 7.597 sin papeles en 2016. El
71% de ellos quedó en libertad, la prueba de que estos complejos,
creados en 1985, incumplen su objetivo: "Detener y custodiar" a los
inmigrantes "garantizar" su expulsión. EL PAÍS inicia este martes una
serie de reportajes sobre estos polémicos centros, que enfrentan al
Gobierno, ONG y partidos.
Dos años después de ese encuentro, sentado ya en una cafetería de la
capital, este nepalí, casado y con un bebé de meses, subraya resignado
que aquella mañana también fue víctima de la "mala suerte". "Porque, ¿y
si hubiera pasado por allí una hora antes?", se pregunta. "Tal vez, no
habría acabado encarcelado". Como les ocurrió, por ejemplo, al centenar
de inmigrantes que el pasado octubre deambulaban por la estación de
autobuses de Motril (Granada). Tras alcanzar en patera la Península, la
policía los detuvo, pero después de 72 horas los dejó en libertad porque los CIE se encontraban completos. Sin más.
En cambio, apenas un mes antes, un grupo de 45 extranjeros llegado a
la isla de Tabarca (Alicante) acabó en el centro de internamiento de
Barcelona. "De hecho, lo habitual es que los encierren", explica un
miembro de Cruz Roja sobre estas escenas, a las que recurren las ONG
para ejemplificar la "aleatoriedad" que domina el sistema diseñado en
España para recluir cada año a miles de sin papeles en este tipo de
instalaciones. Un procedimiento dominado por automatismos policiales y
jurídicos.
El objetivo no se cumple: el 71% de los internos no son expulsados
Los centros de internamiento se crearon en 1985, como recoge la
legislación, con el objeto de "detener y custodiar" a extranjeros para
"garantizar su expulsión". Pero los propios datos del Ministerio del
Interior evidencian cómo estos complejos incumplen su finalidad y cómo
esta disfunción ha ido en aumento en la última década: de los 7.597 sin
papeles que pasaron en 2016 por los siete centros que hay abiertos, solo
se deportó al 29%. Frente al 41% de 2015, el 47% de 2014 y el 52% de
2013 —un porcentaje que en 2009 era del 70%—. Por este motivo, las ONG
denuncian que estas instalaciones se han convertido en la práctica en un
instrumento "abusivo" para recluir inmigrantes aunque muchas veces se
sabe que no podrán ser expulsados.
"Por ejemplo, el centro de Barranco Seco (Las Palmas de Gran Canaria)
se usa como instrumento de distribución; se mete allí a los inmigrantes
que llegan a la islas hasta decidir qué hacer con ellos", recalca
Andrés García Berrio, abogado de la Campaña Estatal para el cierre de
los CIE. Barranco Seco solo expulsa al 0,6% de los internados. Un
porcentaje que apenas se eleva en las instalaciones de Algeciras (15%),
Tenerife (12%) y Barcelona (21,4%), según los datos del Gobierno. Y solo
los CIE de Madrid, Murcia superan la media, con una cifra del46%, 58% y
59%, respectivamente.
Ocho de cada diez son africanos
Distintas prácticas policiales y judiciales —como el internamiento
automatizado de los extranjeros arribados en patera a la Península— han
convertido los CIE en auténticas cárceles de africanos. Según los datos
de Interior a los que ha tenido acceso EL PAÍS, el 89,9% de los
recluidos en estas instalaciones en 2016 procedían de dicho continente
—el 57,2%, de países subsaharianos—; frente al 4,3% de América; un 3,3%
de Europa y un 2,5% de Asia.
"Además, las identificaciones étnicas siguen siendo una realidad en
España", denuncia Karibu, una organización que atiende a los
subsaharianos encerrados en el CIE de Madrid. "Hemos detectado,
claramente, que a muchos de los encerrados allí se les paró en la calle
por su color de piel", afirma Carmen Echevarría, coordinadora de visitas
de este colectivo, que vuelve a remarcar la aleatoriedad del
internamiento en estas instalaciones que, pese a que la legislación
española subraya que los CIE no tienen un "carácter penitenciario",
funcionan como cárceles. Algunas, incluso, son antiguas prisiones: como
el centro de Algeciras, que dejó de acoger a reclusos a principios de
siglo "debido al estado del edificio", como denuncia el Sindicato
Unificado de Policía (SUP).
Los partidos, entre la reforma y el cierre
- PP. Los populares defienden la existencia de los CIE, pero por primera vez han reconocido que se debe impulsar una reforma que "garantice" que cumplan la "función para la que nacieron". Según afirmó José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad, Interior ha encargado ya un plan de "mejora".
- PSOE. Los socialistas, aunque denuncian el estado de "abandono" de estas instalaciones y que existen casos de vulneración de derechos, defienden que, "de momento, son necesarios". El principal partido de la oposición propone rehabilitar estos complejos e incrementar los controles para garantizar los derechos de los internos.
- Podemos. Este partido apuesta por el cierre de los CIE. "En estos centros se vulneran sistemáticamente los derechos más básicos de los recluidos. Son un auténtico agujero negro de un Estado de Derecho".
- Ciudadanos. Este grupo quiere mantener estos centros y, para ello, apuesta por "modernizar" sus instalaciones, usar módulos de prisiones cerrados para alojar a internos y privatizar la gestión y la seguridad de los CIE, bajo tutela de la Policía.
Demasiadas peticiones de internamiento y poco control
Al analizar los datos, la pregunta surge de inmediato: si no se
expulsa ni a la mitad de los recluidos, ¿qué falla? Una primera
respuesta se encuentra en una circular interna que emitió la Dirección
General de la Policía en 2014. En ella se reconocía la existencia de un
"número considerable de peticiones de internamiento, cuya situación no
siempre aconsejaba adoptar dicha medida". A ese factor se suma que,
según los datos de la Fiscalía General del Estado, los jueces y fiscales
apenas frenan el 20% de los ingresos solicitados por los agentes.
Además, en ese escrito, la cúpula de las fuerzas de seguridad
insistía a los policías en que, antes de proponer el encierro en un CIE
de un detenido, analizaran exhaustivamente el arraigo personal, los
hijos menores a su cargo, las consecuencias que iba a tener la expulsión
para él y su familia; y las posibilidades reales que tenía la
repatriación de ser ejecutada. "Pero el arraigo no ha sido óbice para
que la policía solicite la privación de libertad y los jueces de
instrucción la decidan", expone un estudio del Servicio Jesuita de
Migrantes (SJM). "Ello puede responder a un déficit de control judicial,
que se limita a revisar los requisitos formales".
El 58% son recién llegados en patera
En este informe, titulado Vulnerables, vulnerabilizados, se
ofrecen más detalles sobre el automatismo que domina el sistema. El 58%
de los internados en 2015 llegó en patera y, tras su detención por la
policía, fueron trasladados a estos centros. A los CIE también
arribaron, hace dos años, 214 personas desde los Centros de Estancia
Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, centros en los que
los inmigrantes mantienen la libertad. "En estos casos, cuando se
traslada a sin papeles desde ambas ciudades a la Península, se mete en
los CIE a aquellos que se piensa que podrán ser expulsados", explican
fuentes policiales. "Y depende mucho de las nacionalidades".
A su vez, según los datos recopilados por el Servicio Jesuita de
Migrantes en base a sus visitas a más de 500 recluidos en 2015, más del
36% fue arrestado en la vía pública. "Solamente el 7% está ingresado por
una expulsión penal, dictada por un juzgado en sustitución de la
prisión", destaca el estudio. Aunque estos datos son solo estimaciones
estadísticas. Porque EL PAÍS ha solicitado a Interior las cifras sobre
el origen y el motivo del internamiento y el ministerio no las ha
facilitado. A esto se suma que las autoridades no permiten el acceso de
la prensa a los CIE y limitan la entrada de las ONG. Dánae García,
integrante de SOS Racismo, denuncia el "oscurantismo" del Gobierno.
Resoluciones judiciales colectivas y menores internos
Agrippine (nombre ficticio), de 16 años, llegó en patera a las costas
andaluzas. Según relata el SJM, pese a que se detectó que había sido
víctima de trata, un juez decretó su ingreso en un CIE a través de un
auto colectivo. "Hemos visto dictámenes donde se resuelven
internamientos de hasta 50 personas de golpe, con nula individualización
de cada caso", apostilla otro informe del Servicio Jesuita de
Migrantes.
En uno de esos autos, al que ha tenido acceso EL PAÍS y firmado por
un magistrado de Motril en diciembre de 2015, se acuerda el ingreso de
39 personas interceptadas en una embarcación y que fueron defendidas por
un único abogado de oficio. "Estas resoluciones son una auténtica burla
al derecho de defensa", sentencia Margarita Martínez Escamilla,
catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM). "Además, se ha detectado falta de información a los letrados que
los asisten así como dificultades para acceder al expediente personal de
los internos", denuncia por su parte el Consejo General de la Abogacía
Todos estos factores han influido en los desajustes de los supuestos
filtros, lo que se traduce en que por los CIE hayan pasado víctimas de
trata; 19 menores en 2015, según ha reconocido Interior a las ONG; y
casi 200 solicitantes de asilo a los que ha admitido a trámite su
petición de protección internacional, según la memoria de este
ministerio. Y, por supuesto, en que se haya internado a cientos de
extranjeros que finalmente quedan libres y no son expulsados.
"Centros de castigo"
En los CIE conviven personas que tienen antecedentes penales con
otras que no los tienen. El segundo grupo es mayoría. Aunque, cada vez
que estos centros saltan a primera página, Interior se esfuerza en
recalcar que la mitad de los recluidos tiene antecedentes policiales,
ese dato es muy matizable. "Porque, para el ministerio [que no facilita
datos al respecto], la mera tenencia de un decreto de expulsión es
calificado como un antecedente policial", subraya un informe sobre estas
instalaciones elaborado por cuatro universidades españolas —las de
Valencia, Barcelona, Valladolid y la Pontificia Comillas—. Sobre esa
idea incide el SJM, que apunta cómo el 54% de los internos a los que
atendieron en 2015 "carecían de antecedentes penales": "Y el 93% estaba
allí por razones puramente administrativas" —dato que avala el hecho de
que el 58% acabe de llegar a España en patera; sin tiempo, por tanto, a
cometer ningún delito ni falta—.
"Al final, estos complejos se están usando para lanzar un mensaje de
castigo a los que entran: un aviso de que no les vamos a recibir tan
fácilmente", asegura el abogado García Berrio. "Desde luego, en los CIE
existe siempre la sensación de que se está por mala suerte: de que se
pasó por una calle cuando no se tenía que pasar, de que se cruzó una
plaza que no se debía…". "Cuando preguntamos a los internos cómo los
detuvieron, muchos nos dicen que iban por las calle y los pararon al
grito de 'tú, negro", continúa Echevarría.
Al nepalí Prakash lo detuvieron en noviembre de 2014, cuando llevaba
casi tres años en España. En enero de 2015 puso de nuevo un pie en la
calle. "No había cometido ningún delito. Y cuando salí había perdido mi
trabajo y tardé casi 10 meses en encontrar otro. Vivíamos de lo que
ganaba mi mujer limpiando casas", relata al recordar aquellos días de
"cárcel" que a él le parecieron años.
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