Publica "El Mundo":
En esta ocasión el Gobierno de Nicolás Maduro
no consiguió abortar la reunión extraordinaria convocada por el Consejo
Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). A pesar de
que el lunes su canciller, Delcy Rodríguez, denunció en Washington que
se trataba de una "injerencia" liderada por una "facción minoritaria"
y acusó al secretario general del organismo, Luis Almagro, de
"mentiroso, deshonesto, malhechor y traidor", el régimen chavista no ha
podido evitar que se discuta la grave situación que atraviesa Venezuela.
Horas
antes de que comenzara la sesión, un alto funcionario del Departamento
de Estado explicó vía conferencia telefónica la posición de Estados
Unidos, miembro clave de la OEA que ha aglutinado a otros países con el
objetivo de presionar a Caracas para que se ciña a las normas democráticas que podrían garantizar su permanencia en esta institución.
Dicho
funcionario señaló que lo que se pretende es que el Gobierno de Maduro
acceda a un "diálogo constructivo" para salir de la crisis humanitaria
en la que está sumido el país, que respete la Constitución y convoque elecciones.
También enfatizó la necesidad de que liberen a los presos políticos,
"incluido Leopoldo López", dijo. Ante preguntas acerca de si Estados
Unidos ve como prioridad suspender a Venezuela de la OEA,
afirmó que ése no ha sido nunca el objetivo, descartó cualquier
intención de una intervención militar y habló de plazos para propiciar
el dialógo.
En un tira y afloja en el seno de la OEA entre los
países miembros alineados con Caracas y los que secundan la iniciativa
de Almagro de forzar a Maduro a tomar la vía democrática, se han
impuesto el segundo grupo, que comprende 14 países más cuatro que luego
se sumaron, que el pasado 23 de marzo firmaron una petición en la que se
conminaba al gobernante venezolano a que ponga fecha a unas elecciones
que ha pospuesto sistemáticamente y que libere a los presos políticos.
Como cabía esperar, una vez más el chavismo ha elegido el camino de la negación de la realidad
y culpar a los otros del fracaso de su modelo político. De ahí los
insultos dirigidos a Almagro, las descalificaciones contra gobiernos
como los de Brasil, México, Colombia y Argentina entre los firmantes de
la carta. Y, claro está, apuntan con el dedo a Estados Unidos,
responsabilizándolo de una supuesta maniobra para desestabilizar el país
con el fin de llevarlo al borde de un abismo donde se encuentra desde
hace tiempo.
No han faltado los aliados incondicionales de Maduro
como los gobiernos de Bolivia, Nicaragua y Ecuador, o los indecisos como
República Dominicana, Haití o El Salvador, que en vísperas de la sesión
extraordinaria recibieron por parte del senador cubanoamericano Marco
Rubio -uno de los críticos más acérrimos del régimen chavista-- la
advertencia de que Estados Unidos podría condicionar las ayudas sociales
que les brindan a su compromiso o no con la defensa de la democracia en
Venezuela. Todo un movimiento de fichas sobre el complicado tablero de
la OEA, una entidad en muchas ocasiones lastrada por la inefectividad
para que sus treinta y cinco miembros respeten la Carta internacional
Democrática.
A partir de un informe demoledor sobre la situación
que atraviesa Venezuela, Almagro busca con este debate presionar a
Maduro para que tome los pasos necesarios que lo devuelvan al
comportamiento de las democracias liberales. Frente a esta disyuntiva,
Caracas elige la confrontación y el victimismo. El propio Diosdado Cabello,
vicepresidente del partido oficialista PSUV, aseguró que lo mejor que
les podía pasar era la expulsión porque se trata, según él, de un
organismo que debió de desaparecer "hace tiempo". Sin embargo, en 2009
el actual presidente, que entonces era canciller, fue el primero en
aplaudir que se aplicara la Carta Democrática en Honduras ante el golpe
de Estado contra Manuel Zelaya.
Más allá de que se llegue a un consenso en el seno de la OEA en relación a que el gobierno venezolano respete las instituciones democráticas
y supere una crisis que repercute en toda la región, a Maduro y su
entorno les quedan pocas salidas. El funcionario del Departamento de
Estado fue diáfano: "La alternativa a esta solución sería una peor".
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