Publica "El Mundo":
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asestó ayer un nuevo martillazo
jurídico en contra del Parlamento y de la oposición horas antes de
iniciarse el histórico debate sobre Venezuela en la Organización de
Estados Americanos (OEA). Un golpe supremo que abre la puerta al
enjuiciamiento de los diputados de la Unidad Democrática y que insta a
su jefe político, Nicolás Maduro, a tomar decisiones políticas, económicas y militares que van más allá del estado de excepción, vigente en el país en el marco de la emergencia económica.
El
alto tribunal arrebata su inmunidad a los parlamentarios, pasando por
encima de la Constitución y amparándose en el desacato que él mismo
decretó. Los diputados democráticos pueden ser enjuiciados y encarcelados
en cualquier momento, acusados de terrorismo o rebelión por jueces
militares. El Palacio Legislativo apareció ayer rodeado por la Guardia
Nacional, para dificultar, en principio, el acceso de los periodistas.
Más tarde se celebró una marcha revolucionaria para "amedrentarnos",
denunció Julio Borges, presidente de la Cámara.
El chavismo les acusa de "traidores a la patria" por apoyar a Almagro
en su cruzada para aplicar la Carta Democrática, que vivió un nuevo
capítulo ayer en Washington. "Los traidores a la patria serán tratados
en suelo patrio como enemigos", dejó muy claro Diosdado Cabello, cabecilla militar de los bolivarianos, tras hacerse pública la sentencia.
Desde
que la nueva Asamblea tomara posesión en enero del año pasado, la
revolución la ha sometido a un acoso constante: se niega a tramitar las
leyes que aprueba, la asfixia sin presupuesto, los diputados no cobran
sus salarios y la asedia con sus militantes radicales. Incluso uno de
los parlamentarios, Gilber Caro, lleva dos meses y medio encarcelado, acusado de terrorismo.
Diez
parlamentarios opositores se atrevieron a dirigirse a la tarima
instalada por el oficialismo cerca de su sede, durante la marcha
antiimperialista, para intentar conversar con el vicepresidente, Tareck
El Aissami. "Queremos invitarlos a que demos este debate dentro del
parlamento", adelantó González, justo antes de que una docena de
militares con equipos antimotines los empujaran de regreso a la
Asamblea. "El maltrato a los diputados es cobardía de Maduro", se quejó Jorge Millán, uno de los parlamentarios zarandeados.
Horas más tarde, el Parlamento respondía con un acuerdo en el que rechaza el fallo del Supremo por considerar que "viola la autonomía parlamentaria, pretende erradicar la inmunidad de los diputados y pretende conferir poderes exorbitantes al presidente".
En
su respuesta, los diputados bajo amenaza sabían que el Supremo había
ido mucho más lejos en su empeño de otorgarle superpoderes al "hijo de
Chávez", un cheque en blanco. En primera instancia le insta a tomar las
"medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas,
políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para
evitar un estado de conmoción". El TSJ está presidido por el polémico
juez Maikel Moreno, condenado en el pasado por homicidio
y uno de los principales protagonistas de las páginas rosas de la
revolución. Se trata de un viejo colaborador de Maduro, quien le envió
al Consulado de Italia cuando era canciller.
El Supremo se apoya en el estado de excepción vigente desde 2016, para reclamar al jefe de la revolución que garantice la "estabilidad democrática" apoyado en las leyes sobre delincuencia organizada, terrorismo, corrupción y el "código de justicia militar".
Saltando
por encima de jurisprudencias, el tribunal empuja a Maduro a evaluar la
actitud de organizaciones internacionales como la OEA, pese a que el
presidente aseguró tenerlo muy claro: "A mí no me quita el sueño ni me
perturban un segundo las estupideces de Almagro, para mí es un payaso, una basura sideral".
Con
tal nivel de enfrentamiento comenzó anoche (hora española) la segunda
reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA, en la que Venezuela
perdió la primera votación de la varias que se asoman en las próximas
semanas: 20 países se negaron a suspender el debate frente a 11 que se
alinearon con el gobierno bolivariano. El viceministro Samuel Moncada,
enviado especial de Caracas, intentó dinamitar el diálogo con una catarata de insultos e improperios,
parecidos a los desplegados el lunes por su ministra, Delcy Rodríguez,
lo que provocó las censuras de México, Perú, Canadá y Colombia.
Finalmente
se levantó la sesión sin que se votara la aplicación de la Carta
Democrática, aunque se seguirá discutiendo la crisis venezolana, como
adelantó el propio Almagro. "Estamos construyendo una mayoría", añadió
el representante mexicano a modo de resumen.
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