Publica "El Mundo":
El Ayuntamiento de Barcelona no se da por vencido y ha ordenado este
miércoles el precinto del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)
de la Zona Franca en el plazo de dos meses. Si el Ministerio del
Interior ignora la orden, como de hecho ha sucedido hasta ahora, el gobierno de Ada Colau ha anunciado que llevará el caso hasta la Audiencia Nacional.
Poco
después de conocerse el ultimátum del Ayuntamiento, el Gobierno ha
avisado a la alcaldesa que el polémico centro seguirá abierto. Según ha
resumido el delegado gubernamental en Cataluña, Enric Millo, los CIE
cumplen "una función social muy importante" y cumplen con la normativa
dictada desde la Unión Europea (UE).
El consistorio ha intentado desde la llegada de Colau al gobierno que el CIE desaparezca del mapa barcelonés, aludiendo primero a motivos humanitarios y, ante la falta de consecuencias, alegando criterios técnicos y de seguridad. Desde entonces ha buscado todas las vías legales para lograr el cierre, hasta el momento sin éxito.
El Ayuntamiento ya reclamó el cese de actividades del CIE en julio de 2016 bajo el argumento de que el centro carece de licencia municipal para funcionar,
además de carecer de métodos para garantizar la seguridad de los
internos. Interior no sólo ignoró aquel primer expediente y reabrió el
CIE tras realizar unas obras de mejora que duraron nueve meses. También eludió presentar recurso alguno a la orden de cese, por lo que el Ayuntamiento ha decidido ahora seguir adelante y pedir la clausura definitiva.
El
tercer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, ha dado por hecho
que el Ministerio volverá a ignorar la orden. Por esa misma razón ha
anunciado ya que dentro de dos meses, cuando finaliza el plazo, acudirán a la Audiencia Nacional para que resuelva la situación.
Asens ha acusado a Interior de "desobedecer" la ley al no cumplir
normativas sobre licencias municipales y actuar con "frivolidad" en
torno a la seguridad de los internos del centro.
Los antecedentes judiciales existentes en torno al conflicto del CIE no son favorables al Ayuntamiento.
Un juzgado barcelonés de lo contencioso ya dio la razón al Ministerio
al vetar la entrada de técnicos municipales para realizar una
inspección. Un caso que el ayuntamiento ha querido desvincular del
ultimátum emitido este miércoles.
Una de las últimas polémicas en
torno al CIE barcelonés fue la detección el mes pasado de un foco de
tuberculosis que provocó un primer positivo en 125 personas entre
internos y trabajadores. Según han confirmado fuentes de la Policía
Nacional, finalizadas las pruebas radiológicas ninguno de los afectados
ha desarrollado la enfermedad.
Os ponemos el enlace a la noticia:
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/03/29/58db86af22601d3d628b460c.html
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