Publica "El País":
La elección de Omar Barboza, partidario de la negociación con el Gobierno, como nuevo presidente de la Asamblea Nacional vuelve a evidenciar las fracturas en la MUD
La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición, ha iniciado este viernes el año legislativo con el nombramiento de una nueva directiva. Omar Barboza, del partido Un Nuevo Tiempo, ha sido investido como nuevo presidente, mientras que Julio César Reyes y Alfonso Marquina ocuparán la primera y segunda vicepresidencia.
Barboza, un político socialdemócrata considerado como moderado, sustituirá a Julio Borges, de Primero Justicia. Con este acto administrativo de carácter rutinario, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) materializa el acuerdo político que permite a los partidos que dominan la coalición asumir anualmente, de manera rotatoria, la dirección de la Asamblea Nacional durante los cinco años de su período lectivo.
Para este viernes está previsto que la Asamblea Nacional Constituyente, copada por el chavismo y que ejerce la legislatura de facto en Venezuela, convoque el inicio de sus sesiones correspondientes.
Aunque la elección de la nueva directiva de la Asamblea Nacional ha transcurrido sin contratiempos, la elección de Barboza ha encrespado las voces críticas dentro del segmento de militantes opositores al chavismo que demandan una posición más intransigente con Nicolás Maduro y descreen por completo de cualquier aproximación negociadora como la que tiene lugar en estos momentos en la República Dominicana.
El nombramiento de Barboza, todo un negociador en la política, ha puesto en evidencia, de nuevo, las fracturas existentes dentro del conglomerado opositor, buena parte de las cuales obedece a diferencias de criterios –algunas de ellas de cierto calado– en torno a cómo enfrentar y derrotar el aparato político-militar que sostiene a Maduro.
El desenlace de la crisis política de 2017 y la creación de la Asamblea Nacional Constituyente del chavismo colocaron a la MUD bajo un serio entredicho en materia de crédito político frente a una franja importante de la población. La crisis se coló en las entrañas de la propia organización.
De acuerdo con los datos que ofrece la firma Venebarómetro en su último estudio de opinión, la MUD como plataforma es vista con desaprobación y desconfianza por más de la mitad de los ciudadanos.
Esto último, a pesar de que, de acuerdo con el mismo estudio, el 67% de la población opina que la Asamblea Constituyente chavista es un foro que ha sido convocado ilegalmente, sin ninguna legitimidad constitucional, y que un porcentaje muy similar de personas desearía que Maduro renunciara a la presidencia tan pronto como sea posible.
La crisis de opinión que evidencia la MUD es la más importante que le ha tocado vivir a la plataforma opositora venezolana desde su creación, en 2009. Analistas y observadores locales han señalado que la Mesa está cargando con el pasivo de haber convocado una movilización nacional en 2017 que no se tradujo en resultados concretos, puesto que no restableció el hilo constitucional y chocó con la respuesta ordenada y uniforme del aparato político-militar de Maduro.
El fracaso de las jornadas opositoras de protesta escenificadas desde abril a julio de 2017 han ido socavando en muchos la certeza de que la presión popular podrá obligar a los mandos chavistas a celebrar unas elecciones justas e imparciales, y fortalece la tesis de que la MUD está comprometiendo a la población a la conquista de horizontes que no puede cumplir.
Una vez que los dirigentes opositores llamaran a la población a la desobediencia civil en 2017 e invocaran la convocatoria del artículo 350 de la Constitución (que faculta a todo ciudadano a desconocer un Gobierno de matriz autoritaria), Maduro impuso con su militancia la concreción de la Constituyente y a continuación hizo un llamamiento para organizar, en sus propios términos, las elecciones de gobernadores y alcaldes que tanto pedían desde la oposición.
Los dirigentes opositores decidieron asumir el llamado electoral, con todas sus reservas, interpretando en aquella convocatoria la existencia de una oportunidad a partir de la mayoría que detentan. No fueron acompañados por muchos de sus votantes habituales, sin embargo, quienes se sintieron defraudados al sentir que estaban en presencia de una convocatoria adulterada, con la abierta parcialidad del Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas a favor de la gente de Maduro. Las maniobras chavistas, junto a unos tres millones de opositores que se inhibieron de votar, le abrieron las puertas al PSUV de la conquista de la mayoría de las gobernaciones y alcaldías del país.
Barboza, un político socialdemócrata considerado como moderado, sustituirá a Julio Borges, de Primero Justicia. Con este acto administrativo de carácter rutinario, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) materializa el acuerdo político que permite a los partidos que dominan la coalición asumir anualmente, de manera rotatoria, la dirección de la Asamblea Nacional durante los cinco años de su período lectivo.
Para este viernes está previsto que la Asamblea Nacional Constituyente, copada por el chavismo y que ejerce la legislatura de facto en Venezuela, convoque el inicio de sus sesiones correspondientes.
Aunque la elección de la nueva directiva de la Asamblea Nacional ha transcurrido sin contratiempos, la elección de Barboza ha encrespado las voces críticas dentro del segmento de militantes opositores al chavismo que demandan una posición más intransigente con Nicolás Maduro y descreen por completo de cualquier aproximación negociadora como la que tiene lugar en estos momentos en la República Dominicana.
El nombramiento de Barboza, todo un negociador en la política, ha puesto en evidencia, de nuevo, las fracturas existentes dentro del conglomerado opositor, buena parte de las cuales obedece a diferencias de criterios –algunas de ellas de cierto calado– en torno a cómo enfrentar y derrotar el aparato político-militar que sostiene a Maduro.
El desenlace de la crisis política de 2017 y la creación de la Asamblea Nacional Constituyente del chavismo colocaron a la MUD bajo un serio entredicho en materia de crédito político frente a una franja importante de la población. La crisis se coló en las entrañas de la propia organización.
De acuerdo con los datos que ofrece la firma Venebarómetro en su último estudio de opinión, la MUD como plataforma es vista con desaprobación y desconfianza por más de la mitad de los ciudadanos.
Esto último, a pesar de que, de acuerdo con el mismo estudio, el 67% de la población opina que la Asamblea Constituyente chavista es un foro que ha sido convocado ilegalmente, sin ninguna legitimidad constitucional, y que un porcentaje muy similar de personas desearía que Maduro renunciara a la presidencia tan pronto como sea posible.
La crisis de opinión que evidencia la MUD es la más importante que le ha tocado vivir a la plataforma opositora venezolana desde su creación, en 2009. Analistas y observadores locales han señalado que la Mesa está cargando con el pasivo de haber convocado una movilización nacional en 2017 que no se tradujo en resultados concretos, puesto que no restableció el hilo constitucional y chocó con la respuesta ordenada y uniforme del aparato político-militar de Maduro.
El fracaso de las jornadas opositoras de protesta escenificadas desde abril a julio de 2017 han ido socavando en muchos la certeza de que la presión popular podrá obligar a los mandos chavistas a celebrar unas elecciones justas e imparciales, y fortalece la tesis de que la MUD está comprometiendo a la población a la conquista de horizontes que no puede cumplir.
Una vez que los dirigentes opositores llamaran a la población a la desobediencia civil en 2017 e invocaran la convocatoria del artículo 350 de la Constitución (que faculta a todo ciudadano a desconocer un Gobierno de matriz autoritaria), Maduro impuso con su militancia la concreción de la Constituyente y a continuación hizo un llamamiento para organizar, en sus propios términos, las elecciones de gobernadores y alcaldes que tanto pedían desde la oposición.
Los dirigentes opositores decidieron asumir el llamado electoral, con todas sus reservas, interpretando en aquella convocatoria la existencia de una oportunidad a partir de la mayoría que detentan. No fueron acompañados por muchos de sus votantes habituales, sin embargo, quienes se sintieron defraudados al sentir que estaban en presencia de una convocatoria adulterada, con la abierta parcialidad del Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas a favor de la gente de Maduro. Las maniobras chavistas, junto a unos tres millones de opositores que se inhibieron de votar, le abrieron las puertas al PSUV de la conquista de la mayoría de las gobernaciones y alcaldías del país.
Cómo hacer valer la mayoría
Aunque, en circunstancias normales, tendría el viento a su favor en un escenario consultivo, la MUD enfrenta un 2018 debilitada internamente. Sus órganos directivos, que apenas ahora retoman contactos, han sido criticados por obrar con lentitud. Dos de sus candidatos con mayor arrastre, Leopoldo López y Henrique Capriles Radonski, tienen vetos muy obvios por parte de la legalidad chavista: el primero está arrestado y sentenciado a 10 años de cárcel y el segundo, inhabilitado políticamente a causa de una medida de la Contraloría General de la República.
Los seguidores de la MUD están divididos: parte de la población opositora opina que es necesario ir a las elecciones chavistas, haciendo uso de una mayoría social evidente y remontando las cuestas legales que impone un poder electoral controlado por Maduro. Otro sector ha sido tocado por un pesimismo sistémico en torno a un acuerdo electoral con el Gobierno, y no tiene ninguna fe sobre lo que se discute en la República Dominicana.
La coalición opositora tiene frente a sí una compleja tarea de tres capítulos en 2018: procurar un acuerdo satisfactorio en la República Dominicana para celebrar elecciones limpias; organizar unas elecciones primarias que motiven a la población y reemprendan la movilización; y plantarle cara al complejo entramado legal del chavista.
Si López y Capriles quedaran definitivamente descartados, los nombres de Henry Falcón, exgobernador del Estado Lara, y Henri Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática, aparecen como probables abanderados en unas elecciones presidenciales.
Algunos voceros, de manera creciente, han propuesto además el nombre del industrial Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, el complejo empresarial privado más importante del país, que tiende a ser visto con simpatía en la población. Mendoza no tiene vínculos políticos con la MUD y no ha pronunciado una palabra en torno a su deseo de ser candidato presidencial.
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