Publica "Extraconfidencial.com":
La colonia española en Venezuela suma cerca de 200.000 ciudadanos, razón por la que el Gobierno español “sigue con gran preocupación el deterioro de la situación política, social, económica y humanitaria” de la dictadura bolivariana de Nicolás Maduro. Preocupación que guía la política exterior en relación al país sudamericano. Las iniciativas internacionales de España, hostiles al Gobierno de Nicolás Maduro, tienen reflejo en las peticiones de asilo en España de ciudadanos venezolanos y en las medidas de protección de los edificios de representación española en Venezuela, según documentos del Gobierno de Mariano Rajoy a los que ha tenido acceso Extraconfidencial.com.
Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Producto Interior Bruto de Venezuela de 2017, año que acaba de finalizar, se contraerá en un 7 por ciento y la inflación anual se disparará hasta el 720 por ciento. Unas cifras reveladoras de la ineficiencia de las políticas económicas del Gobierno de Nicolás Maduro, que se suma a la deriva autoritaria de la ideología gobernante.
El Gobierno de Mariano Rajoy se ufana de haber capitaneado las iniciativas de la Unión Europea que se plasmaron en sendas conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, del 18 de julio de 2016 y del pasado 15 de mayo, que instan “a las autoridades venezolanas a garantizar el pleno respecto al marco democrático e institucional, a la separación de poderes, al Estado de Derecho y a los Derechos Humanos y libertades fundamentales”. La de mayo establecía como condiciones para “la vuelta a la estabilidad política en Venezuela” tanto “la liberación de los presos políticos” como “fijar un calendario electoral y respetar los derechos constitucionales de sufragio activo y pasivo de todos los ciudadanos”.
El pasado 17 de julio, el Ejecutivo del PP dio una vuelta de tuerca más al pedir en dicho Consejo de la UE un “posicionamiento firme en coordinación con países de la región” que incluyera “medidas restrictivas que, sin agravar la difícil situación que vive la población venezolana, promuevan una normalización institucional en Venezuela”.
Es una cuadratura del círculo que, de momento, la UE ha resuelto con una Declaración de Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en la que afirmaba que la UE “está preparada para endurecer gradualmente su respuesta en caso de que se sigan minando los principios democráticos y no se respete la Constitución en Venezuela”.
La Embajada española en Caracas, protegida
Iniciativas españolas, nada
complacientes con el Gobierno venezolano, que, en previsión de ataques a
las representaciones españolas en el país, aconsejaron reforzar las
medidas de seguridad de la
Embajada de España en Caracas,
un inmueble independiente en la Avenida de la Castellana “protegido por
un muro perimetral de 3 metros de altura, sobre el cual existe una
valla electrificada para evitar la intrusión”.
Pero esas medidas no impidieron que el
pasado mes de agosto la sede diplomática fuera atacada por dos
motoristas encapuchados que lanzaron tres artefactos explosivos por
encima de la valla. Su identidad no ha podido ser establecida, pero a
juzgar por las pintadas que “decoran” el frontal de la Embajada podrían
ser desde
etarras refugiados en Venezuela a provocadores de la oposición, que han menudeado ataques a las representaciones diplomáticas, o, por supuesto,
comandos de la revolución chavista, que ya atentaron contra la legación diplomática española en 2003 e hirieron a tres personas.
Además de los blindajes y las medidas de
seguridad estáticas que protegen muros, puertas y ventanas de la
Embajada española, ésta cuenta con “un equipo de seguridad formado por
ocho Agentes del Cuerpo Nacional de Policía”, siete números y un
Inspector, y vigilantes de una empresa de seguridad privada contratada
por la Embajada, “vigilancia que se ha incrementado en los últimos meses
con dos nuevos efectivos para proteger el área de atención al público
del Consulado General”, cuyos visitantes son sometidos a una doble
inspección tanto en el hall de entrada como en el arco y escáner de
seguridad de las dos plantas.
Según asegura el Gobierno español, “las
medidas de seguridad tanto físicas como electrónicas de los edificios de
la representación son adecuadas y suficientes para contener dichos
riesgos, y han sido pertinentemente revisadas en los últimos meses”.
España, tierra de asilo para venezolanos
Por otro lado, la degradación de la
situación política y económica en Venezuela tiene fiel reflejo en las
cifras de nacionales que buscan asilo en otros países. La prensa
brasileña recogía el pasado octubre que desde principios de 2017, más de
50.000 venezolanos se han refugiado en el país. Y sin llegar a estas
cifras, el número de
peticiones de asilo en España confirma esa tendencia al exilio de amplias capas de la ciudadanía venezolana, tanto por razones políticas como económicas.
Esta es la realidad: en 2011, fueron 52
venezolanos los que pidieron que España les acogiera al sistema de
protección internacional –lo que compete la determinación del derecho de
asilo, del derecho a la protección subsidiaria, el régimen de
desplazados y los apátridas-, y los datos provisionales para 2017
contabilizan a 30 de junio 5.032 solicitudes. Desde 2015, que se
registraron 596 solicitudes, las cifras no han parado de crecer: 4.196
en 2016 a los ocho o 10.000 que se calculan que se cerrarán las
solicitudes de 2017.
Os ponemos el enlace a la noticia:
http://extraconfidencial.com/noticias/preocupacion-por-la-seguridad-de-200-000-espanoles-residentes-en-venezuela-mientras-espana-se-convierte-en-un-pais-de-destino-para-miles-de-refugiados-venezolanos-y-ii/
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