Publica "Economia Digital.es":
La asturiana Duro Felguera construyó para el gobierno de Hugo Chávez una
central termoeléctrica mal diseñada, con graves problemas operativos y
con sobrecostes de un 400% en relación con su capacidad generadora.
La planta de electricidad por la que la constructora asturiana
recibió unos 2.000 millones de dólares, y por la cual está siendo
investigada por la Fiscalía Anticorrupción en España, nunca podrá
alcanzar la capacidad de generación para la cual fue diseñada.
La central cuenta con graves errores en el diseño y construcción,
según concluye los informes elaborados por el parlamento venezolano (en
manos de la oposición) que investigan el pago de mordidas en los
contratos mil millonarios entregados durante la década pasada por el
régimen chavista.
“El gobierno venezolano pagó un adelanto a Duro Felguera para la
construcción de la planta eléctrica y la compañía apenas entregó el 10%.
El pago de comisiones y mordidas fue en detrimento del diseño y la
calidad de la obra. Hubo graves problemas con la tubería de
enfriamiento, que estaba a cargo de Protesa, empresa asociada a Duro
Felguera”, explica Julio Montoya, el diputado
venezolano que dirige las investigaciones y que denunció a la
constructora española ante la Fiscalía Anticorrupción.
Venezuela pagó un adelanto a Duro Felguera para la construcción de la planta eléctrica y la compañía apenas entregó el 10%
“Si medimos el coste por kilovatio generado, la planta tiene un
sobrecoste del 400% en relación con las plantas de similares condiciones
en otras partes del mundo. Pero los sobrecostes alcanzaron el 2.000% en
algunas áreas del proyecto”, agrega el diputado Montoya.
El gobierno de Hugo Chávez entregó unos 40.000 millones de dólares en
contratos a constructoras y compañías eléctricas para paliar el déficit
energético que sufre el país. Debido a una supuesta situación de
emergencia eléctrica, el gobierno entregó los contratos a dedo y sin
ningún tipo de licitación ni concurso público.
Ahora, tanto el parlamento venezolano, en manos de la oposición, como
la Fiscalía, gestionada por altos jerarcas del gobierno de Nicolás
Maduro, parecen avanzar en las investigaciones para procesar a los
beneficiados por los contratos millonarios durante la era de Hugo Chávez
y que actualmente están enfrentados con la cúpula madurista.
Sobreprecio y mala construcción
La empresa española no cumplió ni los plazos de entrega ni las
calidades prometidas en su proyecto, según concluyen los informes
parlamentarios que también han sido trasladados a la fiscalía
venezolana.
Hasta ahora las denuncias de la oposición venezolana sobre los
sobornos de las empresas extranjeras habían sido paralizadas por la
fiscalía pero los enfrentamientos entre grupos del poder chavista ha
abierto las puertas a investigar a los beneficiados del mayor caso de
corrupción de los últimos años en Venezuela.
Más investigaciones
El parlamento venezolano, a través de los diputados opositores,
también ha instado a la Fiscalía Anticorrupción en España a investigar
los fondos de empresarios venezolanos que firmaron estos contratos.
Uno de los destacados, Alejandro Betancourt, con numerosas propiedades en España, ha inyectado dinero en empresas españolas como Hawkers y Job&Talent y participa en como accionista en el Banco de Dakar, donde comparte capital con los Albertos, condenados por corrupción en España por el caso Urbanor.
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