Publica "El Mundo":
Desde mayo de 2015, la Comisión Europea ha sido el 'poli bueno' en el
tema de la crisis de refugiados. Hizo la primera (y las sucesivas)
propuesta para recolocar hasta 160.000 refugiados
llegados a las costas de Italia y Grecia y para reubicar a decenas de
miles de sirios o eritreos que escapaban de la guerra en sus países. A la Comisión, sin embargo, le toca ahora hacer de 'poli malo'.
El equipo de Jean-Claude Juncker
ha presentado esta mañana en Bruselas un Plan de Acción renovado para
la devolución de inmigrantes ilegales. Después de dos años intentando
que los Estados Miembros aceptaran y pusieran en marcha lo que firmaron
(la acogida según una serie de cuotas) de decenas de miles de personas, y
de constatar el fracaso, Bruselas tiene que dar un rodeo para empujar a
las capitales, un rodeo arriesgado y que implica pedir una mano muchísimo más dura con quienes no tienen derecho de asilo.
Atacando a los países que como España 'sólo' encierran un máximo de dos
meses a los casos más extremos (quienes mienten, dan documentación
falsa y son violentos, en teoría). Bruselas les insta a usar todo el
margen de la ley, que permite privar de libertad entre seis y 18 meses,
mientras se cierran sus expedientes.
Los que huyen de la pobreza no tienen cabida
La
posición del Consejo Europeo es clarísima: puede haber refugiados en la
UE, y debe haberlos, pero los llamados "migrantes económicos", los que
salen sobre todo de África y no cumplen los requisitos de asilo porque
'únicamente' huyen de la pobreza, no tienen cabida. Han llegado y siguen haciéndolo, pero deben ser devueltos.
Y debe hacerse de manera mucho más contundente, rápida y eficaz.
"Sistemáticamente tras una decisión negativa sobre su asilo" y
"asegurando que los periodos de apelaciones son lo más cortos posibles".
Ahora mismo, sólo uno de cada tres personas que tienen orden de expulsión por no cumplir las condiciones de asilo regresan a sus países de origen. Y no existen datos de cuántas personas en situación irregular hay en la UE.
Sin
embargo, la UE permite que desde hace unos días circule una cifra, la
de un millón de personas. Es un dato arbitrario que tiene en cuenta,
aproximadamente, que desde 2015 más de dos millones y medio de
"inmigrantes irregulares" habrían entrado en la UE. Y dado que la tasa d
rechazo de las peticiones de asilo se acerca al 60%, "una sencilla y
simple ecuación", en palabras de una fuente europea encargada del
proceso, permite "aproximadamente" hablar de un millón de migrantes sin
derecho a asilo que deberían abandonar Europa.
No es que la
voluntad de la UE, sino que son los Estados Miembros, los gobiernos, los
que piden contundencia antes de hablar de flexibilidad. Pero la
cantidad de personas que entrarían en esa categoría es infinitamente
superior, y ahora mismo no hay ni voluntad ni medios para siquiera
pensar en su expulsión.
Simplificado, la Comisión reprende a los países que, como España y Francia, tienen a su juicio legislaciones nacionales demasiado permisivas.
En el país vecino un inmigrantes irregulares sólo puede estar detenidos
seis semanas, y en el nuestro, dos meses. "La Directiva de Retornos
establece unos estándares mínimos para los sistemas de devolución de los
Estados Miembros. Sin embargo, los márgenes de discrecionalidad han
llevado a una aplicación inconsistente con un impacto negativo en la
efectividad general" del plan, lamenta la Comisión. Por ello, "una
interpretación más rigurosa y realista de la Directiva, en consonancia
con un cumplimiento de los derechos humanos, es cada vez más necesaria",
dice el documento.
Hacer más uso de las detenciones
Hoy
no hay nuevas propuestas legislativas, pero sí insistencia y presión
para que haya más dureza. Lo que afecta, especialmente, a las
detenciones. La UE no recomienda que se prive de libertad a los
"inmigrantes irregulares ni que se haga uso del periódico máximo de
detención previsto en la legislación", explican, pero "recomienda a los
Estados Miembros que hagan uso de los periodos de detención permitidos
cuando sea necesario para permitir que se completen los procedimientos
de devolución" de los inmigrantes a terceros países. "La detención
debería ser usada sólo si ninguna otra medida, menos coercitiva, puede
ser aplicada efectivamente y cuando haya riesgo de fuga".
La
legislación permite una detención de seis meses extensible hasta 18 en
"circunstancias muy, muy especial", según ha recordado hoy el comisario
Avramopoulos. "Los Estados pueden, bajo estrictas condiciones y cuando
sea considerado necesario en circunstancias individuales, y en
particular cuando haya riesgo de fuga, hacer uso de una detención. Las detenciones pueden ser necesarias para preparación exitosa y la organización de las operaciones de retorno. El
periodo debería ser siempre lo más corto posible (...) Sin embargo, el
periodo máximo de detención usado por varios Estados es
significativamente más corto del tiempo necesario para completar los
procesos", lamenta el documento.
El caso de los menores
Lo
mismo aplica también a los menores de edad. El comisario ha recordado
que la directiva de Retorno recoge también el caso de los menores,
incluyendo en los casos más extremos su detención. "Las salvaguardas de
la Directiva garantizan que los derechos fundamentales de las personas
vulnerables, incluyendo a los menores de edad, sean respetadas
completamente. Nuestra recomendación reconfirma esos estándares que
deben ser cumplidos por todos los Estados Miembros", dice el documento.
"Cuando se aborden las decisiones de retorno, los Estados deben tener en cuenta lo que es mejor para los niños".
Para
los técnicos europeos, y sus líderes políticos, la privación de
libertad de los niños es un instrumento que debe utilizarse para
desincentivar, puesto que de lo contrario se estaría "animando a los
menores" a emprender viajes peligrosos.
Os ponemos el enlace a la noticia:
http://www.elmundo.es/internacional/2017/03/02/58b812a5e2704ef34c8b45e7.html
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