Publica "El País":
La Casa Blanca presionó a la responsable interina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, siglas en inglés) el pasado lunes para que expulsara a 57.000 hondureños y 2.500 nicaragüenses que residen en Estados Unidos actualmente, según fuentes citadas por The Washington Post. El jefe de gabinete de Donald Trump, el general John Kelly, llamó a Elaine Duke advirtiéndole de que prolongar la estancia de los ciudadanos centroamericanos bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, siglas en inglés), que ofrece permiso de residencia a inmigrantes de varios países, “impide la estrategia global” de la Administración.
El pasado lunes vencía el plazo para que el Departamento de Seguridad Nacional decidiera sobre la estancia de los inmigrantes de ambos países centroamericanos. Pese a la llamada de Kelly, y de otro asesor de la Casa Blanca, Duke no cedió y anunció, como ya había planeado, que el programa será retirado para los nicaragüenses. Con respecto a los hondureños, la ministra retrasó su dictamen por no tener suficiente información, según indicó. Los dos colectivos pasaron a obtener el permiso TPS tras la devastación que causó el huracán Mitch en Centroamérica en 1998. Los nicaragüenses disponen hasta enero de 2019 para salir del país o conseguir otro permiso de residencia.
“Como con muchos asuntos, hay una variedad de opiniones dentro de la Administración sobre cualquier política o decisión. La directora interina tomó las opiniones y consejos e hizo su decisión sobre el TPS basado en la legalidad”, defendió Jonathan Hoffman, el portavoz de la agencia federal, tratando de limar las asperezas. Pero según las fuentes citadas por el Post, Duke percibió las llamadas de la Casa Blanca como una intromisión política. Kelly estaba frustrado por “la falta de determinación” de Duke.
El Departamento deberá tomar la misma decisión el año que viene cuando caduquen los permisos de 50.000 haitianos y 200.000 salvadoreños. Para entonces es probable que el ministerio esté liderado por la recientemente nominada Kirstjen Nielsen, cercana al núcleo duro de Trump, por lo que existen mayores posibilidades de que sean expulsados.
La presión de la Casa Blanca así como la retórica del presidente Trump desde hace meses demuestran que para la Administración el TPS es un programa destinado a morir. “El nombre del programa, Estatus de Protección Temporal, explica mucho de esto. Fue puesto en marcha hace 20 años por incidentes naturales en esos países”, afirmó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert. Días antes, el Secretario de Estado, Rex Tillerson, comunicó a Duke en una carta que las condiciones de vida en Honduras y Nicaragua habían mejorado y gozaban de estabilidad suficiente para que los ciudadanos residiendo en EE UU regresaran a sus países.
La Casa Blanca presionó a la responsable interina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, siglas en inglés) el pasado lunes para que expulsara a 57.000 hondureños y 2.500 nicaragüenses que residen en Estados Unidos actualmente, según fuentes citadas por The Washington Post. El jefe de gabinete de Donald Trump, el general John Kelly, llamó a Elaine Duke advirtiéndole de que prolongar la estancia de los ciudadanos centroamericanos bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, siglas en inglés), que ofrece permiso de residencia a inmigrantes de varios países, “impide la estrategia global” de la Administración.
El pasado lunes vencía el plazo para que el Departamento de Seguridad Nacional decidiera sobre la estancia de los inmigrantes de ambos países centroamericanos. Pese a la llamada de Kelly, y de otro asesor de la Casa Blanca, Duke no cedió y anunció, como ya había planeado, que el programa será retirado para los nicaragüenses. Con respecto a los hondureños, la ministra retrasó su dictamen por no tener suficiente información, según indicó. Los dos colectivos pasaron a obtener el permiso TPS tras la devastación que causó el huracán Mitch en Centroamérica en 1998. Los nicaragüenses disponen hasta enero de 2019 para salir del país o conseguir otro permiso de residencia.
“Como con muchos asuntos, hay una variedad de opiniones dentro de la Administración sobre cualquier política o decisión. La directora interina tomó las opiniones y consejos e hizo su decisión sobre el TPS basado en la legalidad”, defendió Jonathan Hoffman, el portavoz de la agencia federal, tratando de limar las asperezas. Pero según las fuentes citadas por el Post, Duke percibió las llamadas de la Casa Blanca como una intromisión política. Kelly estaba frustrado por “la falta de determinación” de Duke.
El Departamento deberá tomar la misma decisión el año que viene cuando caduquen los permisos de 50.000 haitianos y 200.000 salvadoreños. Para entonces es probable que el ministerio esté liderado por la recientemente nominada Kirstjen Nielsen, cercana al núcleo duro de Trump, por lo que existen mayores posibilidades de que sean expulsados.
La presión de la Casa Blanca así como la retórica del presidente Trump desde hace meses demuestran que para la Administración el TPS es un programa destinado a morir. “El nombre del programa, Estatus de Protección Temporal, explica mucho de esto. Fue puesto en marcha hace 20 años por incidentes naturales en esos países”, afirmó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert. Días antes, el Secretario de Estado, Rex Tillerson, comunicó a Duke en una carta que las condiciones de vida en Honduras y Nicaragua habían mejorado y gozaban de estabilidad suficiente para que los ciudadanos residiendo en EE UU regresaran a sus países.
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