Publica "El País":
La directora de la Oficina de Asilo, Cristina Sosa, ha dimitido “por motivos personales” después de dos años en el cargo, según ha confirmado el Ministerio de Interior. Ha sido sustituida al frente de la entidad, encargada de tramitar las solicitudes de asilo en España, por su número dos, la hasta ahora subdirectora del organismo, Blanca Díaz. Esta decisión, tomada el pasado 6 de octubre, se ha producido dos meses después de que EL PAÍS denunciara la grave situación de colapso del sistema de asilo en España, que ya afronta este año el doble de peticiones que el año anterior. En 2016 se registraron 15.755 solicitudes de asilo, frente a las 14.881 de 2015, pero al ritmo actual el año se cerrará con el doble, unas 30.000, según la oficina de ACNUR en España, el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados. Además debe sumarse una enorme lista de espera de expedientes a la espera de resolución. En septiembre, según Eurostat, estaban pendientes un total de 33.990, acumulados de años anteriores. El otro aspecto decisivo es que el sistema español casi siempre cierra la puerta: prácticamente solo se da asilo o protección a sirios, el 93% de los beneficiados en 2016 eran de este país.
Ante los expedientes atrasados y el auge de la crisis de refugiados de Siria, la Oficina de Asilo se reforzó con nuevo personal y Sosa fue nombrada directora en 2015, con el objetivo de acelerar la resolución de solicitudes y dar un nuevo impulso a la política de asilo. Sin embargo, como reveló EL PAÍS el pasado mes de julio, este año la situación ya era insostenible, según denunciaron ONGs que trabajan en este campo e incluso algunos subordinados de la propia oficina. La institución se había convertido en un embudo en el que se atascaban los expedientes y en el que además se aplicaba “un criterio restrictivo a ultranza, denegando peticiones por sistema”. En concreto, señalaban al papel decisivo de la directora. Ocupa un lugar clave en la cadena de decisiones, porque es quien eleva la lista de expedientes seleccionados a cada reunión de la comisión interministerial, donde se aceptan o rechazan las solicitudes de asilo. Pero allí la lista llegaba ya purgada. "Se reúne consigo misma y empieza a tachar, aunque los instructores del expediente hayan dado el visto bueno", afirmaba un letrado que trabaja con refugiados.
El asilo en España solo se concede prácticamente a sirios y a los procedentes de muchos otros países se les niega sistemáticamente. Es muy llamativo caso de Venezuela, que ya es el primer país en número de peticiones de asilo, pero ni una fue aceptada en 2017, aunque el Gobierno de Mariano Rajoy denuncia constantemente el régimen de Maduro. En la lista de espera de expedientes pendientes de resolución que maneja Eurostat, los venezolanos son la primera nacionalidad, con unas 10.000 solicitudes, seguida de Ucrania (5.085), Siria (2.655), Colombia (2.210), El salvador (1.350), Honduras (1.240), Palestina (1.150) y Nigeria (895).
Contactada en julio por este periódico, Sosa prefirió no responder a estas críticas y se remitió a una respuesta oficial de Interior. Portavoces del Ministerio negaron las acusaciones: “Como cualquier responsable de una unidad de gestión, debe supervisar, y así lo hace de hecho, el trabajo de la oficina, incluyendo la documentación y expedientes (...) Con independencia de las nacionalidades y perfiles, se aplican en todo momento criterios de índole técnica, que en ningún caso responden a una consigna, fuera esta restrictiva o no, y por supuesto, en ningún caso corresponden a criterios opacos". La oficina, concluían, trabaja con "las mismas garantías para para todos los solicitantes de asilo". No obstante, dos meses después ha dejado el cargo. Tras el cambio, aunque aún es pronto para sacar conclusiones, distintas fuentes del sector que trabaja con refugiados coinciden en constatar un cambio de clima, con una comunicación más fluida y una disposición más favorable.
En la política de asilo este año también ha estado marcado por el fracaso del pacto de acogida de refugiados acordado con la UE. España se comprometió a reubicar a 17.337 refugiados entre el 26 de septiembre de 2015 y el 26 de septiembre de 2017. Pero cuando llegó esa fecha habían llegado solo 1.961 personas, un 11%: 1.257 de las 9.323 que estableció de forma obligatoria la UE para España según el tamaño de su economía, la población, la tasa de desempleo y la presión migratoria. Y, por otro lado, 704 de las 1.449 que estaban en terceros países, fundamentalmente sirios que habían huido a Líbano, Turquía o Jordania.
La directora de la Oficina de Asilo, Cristina Sosa, ha dimitido “por motivos personales” después de dos años en el cargo, según ha confirmado el Ministerio de Interior. Ha sido sustituida al frente de la entidad, encargada de tramitar las solicitudes de asilo en España, por su número dos, la hasta ahora subdirectora del organismo, Blanca Díaz. Esta decisión, tomada el pasado 6 de octubre, se ha producido dos meses después de que EL PAÍS denunciara la grave situación de colapso del sistema de asilo en España, que ya afronta este año el doble de peticiones que el año anterior. En 2016 se registraron 15.755 solicitudes de asilo, frente a las 14.881 de 2015, pero al ritmo actual el año se cerrará con el doble, unas 30.000, según la oficina de ACNUR en España, el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados. Además debe sumarse una enorme lista de espera de expedientes a la espera de resolución. En septiembre, según Eurostat, estaban pendientes un total de 33.990, acumulados de años anteriores. El otro aspecto decisivo es que el sistema español casi siempre cierra la puerta: prácticamente solo se da asilo o protección a sirios, el 93% de los beneficiados en 2016 eran de este país.
Ante los expedientes atrasados y el auge de la crisis de refugiados de Siria, la Oficina de Asilo se reforzó con nuevo personal y Sosa fue nombrada directora en 2015, con el objetivo de acelerar la resolución de solicitudes y dar un nuevo impulso a la política de asilo. Sin embargo, como reveló EL PAÍS el pasado mes de julio, este año la situación ya era insostenible, según denunciaron ONGs que trabajan en este campo e incluso algunos subordinados de la propia oficina. La institución se había convertido en un embudo en el que se atascaban los expedientes y en el que además se aplicaba “un criterio restrictivo a ultranza, denegando peticiones por sistema”. En concreto, señalaban al papel decisivo de la directora. Ocupa un lugar clave en la cadena de decisiones, porque es quien eleva la lista de expedientes seleccionados a cada reunión de la comisión interministerial, donde se aceptan o rechazan las solicitudes de asilo. Pero allí la lista llegaba ya purgada. "Se reúne consigo misma y empieza a tachar, aunque los instructores del expediente hayan dado el visto bueno", afirmaba un letrado que trabaja con refugiados.
El asilo en España solo se concede prácticamente a sirios y a los procedentes de muchos otros países se les niega sistemáticamente. Es muy llamativo caso de Venezuela, que ya es el primer país en número de peticiones de asilo, pero ni una fue aceptada en 2017, aunque el Gobierno de Mariano Rajoy denuncia constantemente el régimen de Maduro. En la lista de espera de expedientes pendientes de resolución que maneja Eurostat, los venezolanos son la primera nacionalidad, con unas 10.000 solicitudes, seguida de Ucrania (5.085), Siria (2.655), Colombia (2.210), El salvador (1.350), Honduras (1.240), Palestina (1.150) y Nigeria (895).
Contactada en julio por este periódico, Sosa prefirió no responder a estas críticas y se remitió a una respuesta oficial de Interior. Portavoces del Ministerio negaron las acusaciones: “Como cualquier responsable de una unidad de gestión, debe supervisar, y así lo hace de hecho, el trabajo de la oficina, incluyendo la documentación y expedientes (...) Con independencia de las nacionalidades y perfiles, se aplican en todo momento criterios de índole técnica, que en ningún caso responden a una consigna, fuera esta restrictiva o no, y por supuesto, en ningún caso corresponden a criterios opacos". La oficina, concluían, trabaja con "las mismas garantías para para todos los solicitantes de asilo". No obstante, dos meses después ha dejado el cargo. Tras el cambio, aunque aún es pronto para sacar conclusiones, distintas fuentes del sector que trabaja con refugiados coinciden en constatar un cambio de clima, con una comunicación más fluida y una disposición más favorable.
En la política de asilo este año también ha estado marcado por el fracaso del pacto de acogida de refugiados acordado con la UE. España se comprometió a reubicar a 17.337 refugiados entre el 26 de septiembre de 2015 y el 26 de septiembre de 2017. Pero cuando llegó esa fecha habían llegado solo 1.961 personas, un 11%: 1.257 de las 9.323 que estableció de forma obligatoria la UE para España según el tamaño de su economía, la población, la tasa de desempleo y la presión migratoria. Y, por otro lado, 704 de las 1.449 que estaban en terceros países, fundamentalmente sirios que habían huido a Líbano, Turquía o Jordania.
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