Publica "Cadena Ser":
Organizaciones no gubernamentales y agentes sociales denuncian el "limbo jurídico" en el que se encuentran muchos de los inmigrantes en las Islas, tanto los que no han conseguido regularizar su situación como los que llegan a bordo de pateras, ya que en algunos casos se les deriva a centros de internamiento en la Península mientras se tramita su repatriación, y al agotarse el plazo de 60 días sin que esto haya sido posible, son dados de alta de estos centros y no acceden a ninguno de los recursos para su regularización y su integración.
Lo han denunciado en la Ser Carlos Martín, de la Plataforma Les Balears Acollim, y Eva Cerdeiriña, de CCOO. Martín dice que hay que plantear nuevas herramientas para dar respuesta a estas personas. Cerdeiriña asegura que los CIE responden a la "política represiva" del Gobierno en materia de inmigración y no son la solución al problema.
A Balears este año han llegado 22 pateras, el triple de las que se contabilizaron en 2016 y una cifra que rompe la tendencia de los tres últimos años. La crisis política en el norte de África favorece estas migraciones que, dicen los expertos, van a continuar. Por otra parte, según datos del Ministerio de Interior, el año pasado 360 personas fueron detenidas por permanecer en las Islas sin tener regularizada su situación.
Todas estas personas son derivadas generalmente al CIE de Barcelona, mientras se tramita su expulsión.
El número de deportaciones de personas ingresadas en los siete centros de internamiento de extranjeros de España oscila entre el 29 y el 50%. Eso quiere decir que aproximadamente la mitad de esos ingresos no acaban en devolución al país de origen, lo que para algunas entidades refuerza la idea de que se trata de un trámite innecesario e injusto. Son los datos que aportan las distintas organizaciones, que critican la opacidad de las fuentes oficiales sobre esas cifras.
Xavier Muñoz, voluntario de la Plataforma "CIEs, no", sostiene que Mallorca no reúne las condiciones adecuadas para albergar un centro de estas características, debido a la falta de conexiones aéreas directas con los paises de origen de estos inmigrantes y puesto que los trámites burocráticos, al no disponer de oficinas consulares en el territorio en muchos casos, obligarían finalmente a desplazar a estas personas a la Península.
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