Publica "El País":
El temor a las redadas de inmigración ha regresado a Estados Unidos. Una
operación de cinco días por parte de la agencia encargada de aplicar
las leyes migratorias se ha saldado con centenares de detenidos en al
menos seis Estados de todo el país. Las principales organizaciones en
defensa de los derechos de los inmigrantes aseguran que esta oleada de
detenciones está relacionada con la entrada en vigor de la orden
ejecutiva de inmigración firmada por el presidente, Donald Trump. Su
administración lo desmiente y alega que se están limitando a aplicar las
leyes existentes.
Si la promesa electoral de Trump, que aseguró que
deportaría al menos a tres millones de ‘sin papeles’ con antecedentes
penales, se convirtió en una pesadilla para los 11 millones de
inmigrantes indocumentados que viven en EE UU, las primeras noticias
sobre redadas de inmigración son ese temor hecho realidad.
La Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en
inglés) ha confirmado que las primeras redadas de la era Trump han
tenido lugar tanto en viviendas como lugares de trabajo de Atlanta,
Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Carolina del Norte y Carolina del Sur.
ICE ha descrito las redadas como “un incremento” en la aplicación de
las leyes vigentes y las desliga de la orden migratoria de Trump contra
la inmigración ilegal, aprobada el pasado 26 de enero.
La oficina de ICE en Atlanta, que cubre tres Estados del
Sur del país, confirmó la detención de 200 personas. En Los Ángeles, ICE
arrestó a 161 más, según ha confirmado el director de la agencia local,
pero las autoridades alegan que solo cinco de ellos estaban afectados
por el decreto presidencial.
La difusión en las redes sociales de numerosos vídeos que
muestran a agentes de inmigración deteniendo a indocumentados en
aparcamientos públicos o después de llamar aleatoriamente a la puerta de
una vivienda, han provocado en los últimos días un escalofrío en la
comunidad hispana. El caso de Guadalupe García de Rayos, deportada tras
acudir a un control rutinario con las autoridades en Phoenix (Arizona),
ha llevado al Gobierno de México a alertar este viernes a sus ciudadanos
residentes en EE UU de una “nueva realidad” y les recomendó “tomar
precauciones”.
“La historia de [Guadalupe] no es distinta de la de mi
madre y su familia no es diferente de la mía”, declaró la portavoz de
United We Dream, Cristina Jimenez. “No nos equivoquemos, Trump nos
quiere fuera del país cueste lo que cueste”. El director ejecutivo del
National Immigration Forum, Ali Noorani, añade que la preocupación entre
los 11 millones de indocumentados y sus familias está en aumento. "El
temor que recorre las casas de los inmigrantes y los estadounidenses que
queremos a los inmigrantes como amigos y familia es palpable", ha
señalado.
El portavoz de ICE en Los Ángeles, David Marin, ha
desligado las redadas del cambio de gobierno. "El aumento de los puntos
de revisión del ICE y redadas al azar, todo eso es falso, peligroso e
irresponsable", declaró el viernes a la agencia Reuters. "Las
informaciones como estas crean pánico". La portavoz del Departamento de
Seguridad Nacional, Gillian Christensen, utilizó sin embargo un lenguaje
que solo intensifica el miedo de la comunidad inmigrante. Para
Christensen, los detenidos en las redadas son “personas que suponen una
amenaza para la seguridad pública”.
Grupos como United We Dream han reaccionado a las redadas
inundado las redes sociales, sus páginas webs y los espacios
publicitarios de las emisoras locales con mensajes que aclaran los
derechos de los indocumentados durante las redadas o si un agente de
inmigración llama a su puerta. También piden información sobre cualquier
persona que haya sido detenida por los agentes migratorios.
En una de sus primeras órdenes ejecutivas tras asumir el cargo, Trump ha ampliado las categorías de los inmigrantes que pueden ser deportados,
distanciándose de la política migratoria de Obama.
Durante los últimos
cuatro años, los indocumentados sin antecedentes penales sabían que su
deportación no era una prioridad. Ahora, padres ‘sin papeles’ —se estima
que la mitad tiene hijos estadounidenses— se arriesgan a ser deportados
automáticamente si les paran en un control de tráfico o si ICE acude a
su vivienda.
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