Publica "El País":
Mañana se cumplirán tres años del encarcelamiento del líder opositor
venezolano Leopoldo López, quien ha permanecido todo este tiempo aislado
en una prisión militar acusado injustamente de ser el responsable de la
muerte de 43 personas fallecidas en 2014 durante la durísima represión
de la Guardia Nacional Bolivariana sobre las protestas desencadenadas en
todo el país contra el régimen de Nicolás Maduro.
No se debe olvidar que, aunque muy representativo —tanto por su
relevancia política como por la farsa de juicio al que fue sometido por
parte de las autoridades chavistas—, el nombre de López forma parte de
una larga lista que va creciendo a medida que pasa el tiempo y que ya
suma más de un centenar de otros presos de conciencia encarcelados por
Maduro y sus colaboradores.
Tal y como recordaron ayer en Madrid numerosas personalidades
internacionales entre las que destacaban los expresidentes del Gobierno
español Felipe González y José María Aznar, la existencia de presos
políticos hace completamente inviable cualquier atisbo de reconocimiento
de legitimidad democrática del régimen venezolano. Un Gobierno que,
lejos de mostrar una mínima voluntad de diálogo con la oposición —que
venció de forma arrolladora en los últimos comicios legislativos— para
tratar de desbloquear una situación que ha hundido a Venezuela en la
miseria, ha aprovechado las esperanzas creadas al hilo del diálogo
auspiciado por el Vaticano para seguir encarcelando opositores. Es
decir, ha tratado de engañar a la oposición y a la comunidad
internacional en la creencia de que puede actuar con total impunidad
violando los derechos humanos de sus ciudadanos.
Por eso resulta particularmente pertinente la propuesta realizada
ayer desde Madrid a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que
inicie el proceso de suspensión de Venezuela como miembro de pleno
derecho de la institución. En su carta fundacional la OEA establece que
sus objetivos son fomentar la paz, la justicia y la solidaridad, tres
características de las que se encuentra completamente alejado el régimen
chavista, caracterizado por un injustificado lenguaje belicista, una
concepción de las relaciones bilaterales en términos de confrontación y
una falta de respeto constante a las reglas del juego democrático. No se
trata de perjudicar al pueblo venezolano —que ya sufre demasiado en
seguridad, bienestar y libertad por culpa de la desastrosa gestión de
Maduro— sino de mostrar claramente a su Gobierno que la comunidad
internacional no le va a dejar las manos libres para que aumente sin
restricción la represión política.
En este sentido apunta también la acusación lanzada por el
Departamento del Tesoro de EE UU contra el recientemente nombrado
vicepresidente de Venezuela, Tareck el Aissami, sobre su implicación en
el tráfico de drogas a gran escala desde puertos y aeropuertos del país.
El que Maduro haya ordenado cortar la señal en Venezuela de la emisora
CNN tras emitir la noticia ahonda en la gravedad de los hechos
denunciados. El margen de maniobra de Maduro cada vez es menor. De él
depende que se agote por completo.
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