Publica "El País":
Un inmigrante mexicano indocumentado de 23 años sin antecedentes penales fue detenido la semana pasada
por agentes de inmigración de Estados Unidos a pesar de haberse acogido
al programa de protección de indocumentados que puso en marcha el
presidente Barack Obama. El caso, revelado por Reuters, es el primero
conocido en EE UU y supone un paso inquietante para cientos de miles de indocumentados, los llamados dreamers, a los que la Casa Blanca había dado la seguridad de que no serían deportados.
Según la información de Reuters, Daniel Ramírez Medina fue detenido
la semana pasada en casa de su padre en Seattle por agentes de la
policía de inmigración (ICE). Según los documentos judiciales, los
agentes iban a detener al padre. Ramírez continúa detenido en Tacoma,
cerca de Seattle. El lunes, presentó una denuncia en una corte federal
en la que alega que el Gobierno ha violado sus derechos
constitucionales.
El programa de protección de la deportación para menores (DACA, por
sus siglas en inglés), fue aprobado por el presidente Barack Obama en
2012 y consistía en dejar fuera de la política de deportaciones a
aquellos inmigrantes que habían llegado siendo menores, traídos por sus
padres y no tenían antecedentes. Según la denuncia, Ramírez llegó a
Estados Unidos en 2001 cuando tenía siete años. El Gobierno le concedió
el DACA en 2012 y se lo renovó en 2016. Tiene un hijo de tres años.
El presidente Donald Trump hizo campaña prometiendo echar a todos los indocumentados
de Estados Unidos (calculados en unos 11 millones de personas), aunque
en varias ocasiones dejó la puerta abierta a centrarse solo en los que
tengan antecedentes criminales. Recientemente, desde la Casa Blanca y el
Partido Republicano se dio a entender
que los protegidos por el programa DACA no tenían nada que temer.
Alrededor de 750.000 personas se han acogido a este programa, que les
permite tener cierta forma de identificación y permiso para trabajar
legalmente.
La victoria de Donald Trump creó una enorme inquietud
en este colectivo, ya que es gente que para acogerse al programa ha
dado todos sus datos al Gobierno federal y por lo tanto no puede
esconderse de la policía.
La eventual deportación de Ramírez
supondría en ese sentido un verdadero parteaguas en la política de
Estados Unidos respecto a los indocumentados. Según la denuncia, cuando
llegó al centro de procesamiento de inmigrantes detenidos en Seattle,
Ramírez mostró su premiso de trabajo DACA. “Da igual, no has nacido en
este país”, le dijo un agente, según la denuncia.
La semana pasada, agentes de inmigración lanzaron una operación contra inmigrantes indocumentados en todo el país en la que detuvieron a 680 personas.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, del que depende ICE, se
trataba de operaciones rutinarias. Estados Unidos deportó el año pasado a
más de 240.000 personas, y fue el año que menos de toda la presidencia
de Obama. Sin embargo, grupos de defensa de los inmigrantes afirmaron
que se trataba de la puesta en marcha de las nuevas directrices dictadas por Trump en una de las primeras órdenes ejecutivas que emitió a su llegada a la Casa Blanca.
“Esperamos que la detención sea un error”, dijo a Reuters Ethan
Dettmer, uno de los abogados que representa a Ramírez en la denuncia
para pedir su liberación.
Sin embargo, un portavoz de ICE de la región Noroeste dijo al diario
Seattle Times que Ramírez fue detenido por “su reconocida pertenencia a
una banda y el riesgo para la seguridad pública”. Según ICE, Ramírez ha
admitido él mismo su pertenencia a una banda. El portavoz no respondió
cuando el periódico preguntó si Ramírez tiene antecedentes criminales o
no. Otro de los abogados del detenido negó categóricamente al diario tal
relación.
El pasado día 10 fue deportada a México una inmigrante madre de tres hijos
norteamericanos que llevana 22 años en Estados Unidos y cuyo único
antecedente era tener documentación falsa para trabajar. El caso de
Guadalupe García de Rayos, que vivía en Phoenix, se convirtió
rápidamente en un símbolo de la nueva política de la Casa Blanca, ya que
durante años se había presentado cada seis meses en la oficina de
inmigración para comunicar su situación, como le había ordenado el juez,
y nunca había sido considerada una prioridad para deportación.
Os ponemos el enlace a la noticia:
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/15/actualidad/1487128590_220308.html
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