Publica "BBC.com":
El gobierno de Estados Unidos
anunció este jueves un paquete de sanciones contra ocho magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.
Las autoridades estadounidenses consideran que estas personas son responsables de haber usurpado las funciones de la Asamblea Nacional (AN) de ese país y
de haber permitido al gobierno del presidente Nicolás Maduro gobernar a
través de un decreto de emergencia, restringiendo los derechos y
violando la libre voluntad de los venezolanos.
La Asamblea Nacional, el poder legislativo, está controlada por
la mayoría de la oposición desde las elecciones legislativas de
diciembre de 2015 y considera que el TSJ actúa al dictado del Ejecutivo.
La mayoría de los magistrados han sido elegidos por el oficialismo.
Las medidas, aplicadas a través del Departamento del Tesoro estadounidense, afectan al presidente del TSJ, Maikel Moreno, y a los siete miembros de la Sala Constitucional.
Estos son los nombres de los afectados:
- Maikel Moreno, presidente del TSJ
- Juan José Mendoza Jover
- Arcadio de Jesús Delgado Rosales
- Gladys María Gutiérrez Alvarado
- Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán
- Luis Fernando Damiani Bustillos
- Lourdes Benicia Suárez Anderson
- Calixto Antonio Ortega Ríos
La decisión de las autoridades estadounidenses implica la congelación de todos los bienes que estas personas puedan tener en ese país
y la prohibición para ciudadanos e instituciones estadounidenses de
realizar cualquier tipo de transacción con ellos. Tampoco podrán
ingresar a Estados Unidos.
Este viernes, el presidente del TSJ, Moreno, leyó un comunicado en el que condena la medida por injerencista.
"Estados
Unidos pretender mellar la independencia del poder Judicial y tomar
control de la administración de justicia", dijo Moreno en un acto en el
TSJ.
El alto tribunal, agregó, no aceptará la "imposición e
intervención de gobierno extranjero alguno en las competencias y
facultades alusivas al TSJ y sus integrantes".
"Una desgracia"
El
gobierno estadounidense ya había impuesto sanciones a altos cargos del
gobierno de Venezuela, sobre todo por cargos de narcotráfico.
Poco antes del anuncio de las sanciones este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la situación en Venezuela es "una desgracia para la humanidad".
"No hemos visto un problema como este en décadas,
en términos del tipo de violencia que estamos viendo", afirmó Trump
durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo colombiano, Juan
Manuel Santos, en la Casa Blanca.
"La gente no tiene suficiente
para comer. Hay mucha violencia. Haremos lo que sea necesario y
trabajaremos con otros para hacer lo que sea necesario para ayudar a
arreglar esto", dijo Trump, quien señaló que Venezuela ha sido un país
"increíblemente mal gobernado durante mucho tiempo".
Tras conocerse la noticia, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, repudió las sanciones a través de Twitter.
"Es inaudito e inadmisible que EE.UU. imponga sanciones a un Poder Público soberano e independiente violando leyes internacionales y venezolanas", escribió.
"La
autoría y dirección de EE.UU. en la desestabilización de Venezuela, su
Estado de Derecho y contra la paz han quedado en evidencia otra vez".
La
canciller señaló también que "el presidente Nicolás Maduro en su
condición de Jefe de Estado ratifica su respaldo a los magistrados
víctimas del poder imperial estadounidense".
¿De qué acusan a los magistrados?
El
Parlamento venezolano está controlado por una mayoría de diputados
opositores al gobierno del presidente Maduro, pero desde el 1 de agosto
del año pasado fue declarado en desacato (desobediencia) por la Sala
Constitucional.
Entonces, la sala ya adelantó que serían
consideradas nulas todas sus decisiones por sesionar con tres diputados
del estado Amazonas cuya elección en diciembre de 2015 está bajo
suspensión cautelar por presuntas irregularidades.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. señaló este jueves que la Sala Constitucional del TSJ emitió una serie de decisiones que interfieren o limitan la autoridad de la AN.
Las autoridades estadounidenses se refirieron, por
ejemplo, a una decisión de los magistrados en enero de este año que
permitió a Maduro dirigir su discurso anual ante el TSJ en lugar de a la
AN, como establece la Constitución.
También destacaron que en
diciembre de 2016, el TSJ designó a los miembros del Consejo Nacional
Electoral de Venezuela, otra facultad que la Carta Magna venezolana
atribuye al Parlamento.
Y hace mención también a las dos últimas
sentencias, a finales de marzo, por las que el máximo tribunal se
atribuía poderes de la Asamblea.
Ola de protestas
Las
decisiones, aunque parcialmente rectificadas, fueron el punto de
partida para una ola de protestas contra el gobierno que aún continúa y
que se ha cobrado la vida de más de 40 personas.
La oposición consideró que las sentencias constituían el punto final de lo que catalogaron como un golpe de Estado continuado.
Esa
postura del alto tribunal fue criticada por la fiscal general de la
República, Luisa Ortega Díaz, quien denunció que las sentencias del TSJ
violaban el orden constitucional.
Desde entonces, los opositores al gobierno de Maduro
han realizado numerosas y masivas manifestaciones callejeras para
exigir la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de
Justicia, la liberación de varios líderes políticos, la apertura de un
canal humanitario para el ingreso al país de alimentos y medicinas que
ayuden a aliviar la severa crisis económica que vive ese país, así como
la convocatoria a elecciones generales.
El gobierno del presidente Maduro,
que acusa a la oposición de alentar una intervención internacional en
el país, ha respondido a las protestas con un enorme despliegue de
fuerzas de seguridad que han contenido y dispersado a los manifestantes
con chorros de agua y el disparo de perdigones y gases lacrimógenos.
Análisis del corresponsal de BBC Mundo en Caracas, Daniel García Marco
Más
allá de la congelación de los bienes que puedan tener los magistrados
en Estados Unidos, las sanciones suponen un respaldo simbólico y
político de la administración de Donald Trump a la oposición venezolana
en su batalla contra el gobierno.
El propio Trump, que recibió en el Despacho Oval hace unas semanas a Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder opositor Leopoldo López, se muestra preocupado por la situación.
A diferencia de un Barack Obama más
comedido, Trump se expresa con más determinación sobre Venezuela y es
receptivo a escuchar a los legisladores que respaldan a la oposición
venezolana.
Además de la lucha de calle, que se prolonga ya por
seis semanas, la oposición ha realizado una labor de "lobby"
internacional para recoger apoyos y tratar de socavar la imagen del
gobierno.
La crisis en Venezuela se va convirtiendo en un problema económico y migratorio para los países de la región.
Pero
está por ver si una mayor implicación internacional consigue destrabar
el conflicto o por el contrario lo agudiza si el gobierno se siente
acorralado y atacado.
Una historia que se repite
No es la primera vez que EE.UU.impone sanciones a funcionarios venezolanos a través del Departamento del Tesoro.
En
el pasado ha habido funcionarios y exfuncionarios que, bajo acusaciones
de narcotráfico o corrupción, han sido sometidos a medidas que implican
la congelación de sus activos en Estados Unidos y la prohibición de
realizar transferencias financieras a través de ese país.
En
febrero el gobierno estadounidense colocó al vicepresidente ejecutivo
de Venezuela, Tareck El Aissami, en su lista de personas relacionadas
con el tráfico de drogas.
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