Publica "El Mundo":
El chavismo ha puesto en marcha una nueva estrategia para amedrentar a la Venezuela que protesta: juzgar a civiles en tribunales militares. Casi 300 detenidos están en manos de jueces y fiscales militares, según la denuncia realizada por la Unidad Democrática y por ONG de derechos humanos.
De los 251 apresados en el Comando Regional 2 de Carabobo (en el centro del país, a dos horas de Caracas), al menos 40 ya fueron juzgados en un destacamento militar, acusados de instigación a la rebelión y delitos de ataque al centinela. Este estado no solo sufrió la semana pasada la represión de las fuerzas de seguridad y la consiguiente violencia: un ola de saqueos sacudió hasta seis municipios, con un resultado final de cinco muertos, un centenar de comercios desvalijados y una docena de camiones asaltados.
En uno de los juicios, la prueba presentada contra los detenidos por instigación a la rebelión fueron cuatro piernas de jamón. Los condenados ingresan de forma automática en el penal de San Juan de los Morros.
En otros estados, como Falcón, Lara y Zulia, se está aplicando parecida receta. Diecisiete estudiantes de Coro fueron trasladados hasta Punto Fijo para ser juzgados por un capitán de navío, según la denuncia del partido marxista Bandera Roja. Varios de los detenidos en Villa del Rosario, donde fue derribada y destruida una estatua de Hugo Chávez, también han sido desviados a la jurisdicción militar. Una estrategia de hostigamiento y amedrentamiento que según los defensores de derechos humanos, como Provea, también mezcla las redadas masivas ilegales, los allanamientos sin orden judicial y las detenciones arbitrarias.
"El uso de tribunales militares contra civiles busca construir una narrativa falsa según la cual en Venezuela existe una rebelión armada", asegura Gonzalo Himiob, director de Foro Penal. El gobierno también intenta eludir la rebelión de la Fiscalía, encargada de realizar la acusación en el sistema judicial venezolano. Luisa Ortega, principal responsable del Ministerio Público y uno de los poderes del chavismo, aseguró la semana pasada que "no podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la ley".
Al no poder controlar los tribunales civiles, "intentan llevar a los civiles a los tribunales militares. Eso lo hicieron las peores dictaduras", denunció el gobernador opositor Henrique Capriles.
Un grupo de exiliados en Miami hicieron públicos los nombres y los rostros de 25 jueces y fiscales militares que están participando en la represión judicial ordenada por el gobierno. La Constitución bolivariana, la misma que Nicolás Maduro pretende cambiar para mantenerse en el poder, es muy clara: "La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar". O sea, exclusivamente para soldados y oficiales.
"La izquierda armada de los 70 denunciaba los juicios militares contra guerrilleros urbanos y rurales. Ahora la usan contra civiles desarmados", recordó el politólogo Ángel Álvarez.
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