Publica "El País":
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó este miércoles militarizar el Estado andino de Táchira, en la frontera de Venezuela con Colombia, después de tres días de violentas protestas. Desde el lunes, cuando la oposición convocó a una acampada en las principales ciudades del país, han fallecido tres personas en disturbios en San Cristóbal, capital del Estado, y la situación tiende a complicarse cada vez más.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció que se trasladarán a la zona 2.000 guardias y 600 militares de operaciones especiales e implementarán la segunda fase del Plan Zamora, de colaboración entre civiles y militares, que implica la participación del Ejército y de la Milicia Nacional Bolivariana (compuesta por civiles) en el mantenimiento del orden público.
Los vehículos antimotines de la Guardia Nacional (policía militarizada) amanecieron este miércoles en las avenidas España y 19 de abril de San Cristóbal, puntos neurálgicos de las protestas opositoras. En los días previos, la intensidad de las escaramuzas provocó el incendio, en la localidad de Capacho, de la sede de la policía, de una estación de radio y de parte del Registro Civil y de la sede del Consejo Municipal de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, según el diario La Nación de San Cristóbal.
El Gobierno cifra en unos 20 los comercios saqueados, dos instalaciones de policía y un destacamento militar atacado con bombas incendiarias. Un teniente coronel de la Guardia Nacional ha resultado herido en el rostro después de ese ataque.
Padrino justificó la decisión porque considera que las protestas, que en mes y medio han dejado 44 muertos [el último un adolescente de 15 años, precisamente en este Estado], “están tomando dimensiones superiores” a cualquier situación similar que haya tenido que enfrentar el régimen. El ministro responsabilizó a la oposición de “querer convertir a Venezuela en otra Siria y a Táchira en otro Alepo”. “Ya estamos cansados de ver correr tanta sangre entre hermanos por la irresponsabilidad de estos actores, que están buscando una guerra civil”, advirtió.
Las protestas se iniciaron después de que a finales de marzo el Tribunal Supremo, controlado por el chavismo, intentara despojar de sus competencias al Parlamento, de mayoría opositora. Esa decisión, parcialmente corregida por el tribunal se ha sumado al colapso del modelo económico chavista, que ha sumido al país en la miseria, y la convocatoria presidencial de una Asamblea Constituyente, que ha vuelto a poner en jaque al Legislativo.
En una entrevista con este diario, el exministro del Interior y Justicia Miguel Rodríguez Torres admitió que, a diferencia de 2014, cuando un ala de la oposición encabezada por el dirigente Leopoldo López, ahora encarcelado, llamó al fin anticipado del Gobierno de Maduro, la escalada del conflicto ha incluido a sectores populares que hace tres años no participaron en las manifestaciones.
En aquel primer semestre de 2014 Rodríguez Torres era el responsable de contener las manifestaciones. Fue en la capital del estado de Táchira donde se presentaron entonces los mayores focos de violencia. Las calles de casi toda la parte alta de la ciudad, construida sobre una pendiente, estaban cerradas con obstáculos y en manos de grupos anárquicos.
El presidente del Parlamento de mayoría opositora, Julio Borges, rechazó la medida de militarizar el Estado y pidió a las Fuerzas Armadas que se pongan "del lado del pueblo". "La dictadura militarizará Táchira. La mejor forma de responder será la presión y la calle en el resto del país", dijo el vicepresidente del legislativo Freddy Guevara.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció que se trasladarán a la zona 2.000 guardias y 600 militares de operaciones especiales e implementarán la segunda fase del Plan Zamora, de colaboración entre civiles y militares, que implica la participación del Ejército y de la Milicia Nacional Bolivariana (compuesta por civiles) en el mantenimiento del orden público.
Los vehículos antimotines de la Guardia Nacional (policía militarizada) amanecieron este miércoles en las avenidas España y 19 de abril de San Cristóbal, puntos neurálgicos de las protestas opositoras. En los días previos, la intensidad de las escaramuzas provocó el incendio, en la localidad de Capacho, de la sede de la policía, de una estación de radio y de parte del Registro Civil y de la sede del Consejo Municipal de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, según el diario La Nación de San Cristóbal.
El Gobierno cifra en unos 20 los comercios saqueados, dos instalaciones de policía y un destacamento militar atacado con bombas incendiarias. Un teniente coronel de la Guardia Nacional ha resultado herido en el rostro después de ese ataque.
Padrino justificó la decisión porque considera que las protestas, que en mes y medio han dejado 44 muertos [el último un adolescente de 15 años, precisamente en este Estado], “están tomando dimensiones superiores” a cualquier situación similar que haya tenido que enfrentar el régimen. El ministro responsabilizó a la oposición de “querer convertir a Venezuela en otra Siria y a Táchira en otro Alepo”. “Ya estamos cansados de ver correr tanta sangre entre hermanos por la irresponsabilidad de estos actores, que están buscando una guerra civil”, advirtió.
Las protestas se iniciaron después de que a finales de marzo el Tribunal Supremo, controlado por el chavismo, intentara despojar de sus competencias al Parlamento, de mayoría opositora. Esa decisión, parcialmente corregida por el tribunal se ha sumado al colapso del modelo económico chavista, que ha sumido al país en la miseria, y la convocatoria presidencial de una Asamblea Constituyente, que ha vuelto a poner en jaque al Legislativo.
En una entrevista con este diario, el exministro del Interior y Justicia Miguel Rodríguez Torres admitió que, a diferencia de 2014, cuando un ala de la oposición encabezada por el dirigente Leopoldo López, ahora encarcelado, llamó al fin anticipado del Gobierno de Maduro, la escalada del conflicto ha incluido a sectores populares que hace tres años no participaron en las manifestaciones.
En aquel primer semestre de 2014 Rodríguez Torres era el responsable de contener las manifestaciones. Fue en la capital del estado de Táchira donde se presentaron entonces los mayores focos de violencia. Las calles de casi toda la parte alta de la ciudad, construida sobre una pendiente, estaban cerradas con obstáculos y en manos de grupos anárquicos.
El presidente del Parlamento de mayoría opositora, Julio Borges, rechazó la medida de militarizar el Estado y pidió a las Fuerzas Armadas que se pongan "del lado del pueblo". "La dictadura militarizará Táchira. La mejor forma de responder será la presión y la calle en el resto del país", dijo el vicepresidente del legislativo Freddy Guevara.
Os ponemos el enlace a la noticia:
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/18/america/1495062638_763230.html
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