Publica "El País":
Antes de que comience con el vendaval de críticas hay que presentarlo. Se llama Miguel Rodríguez Torres (Caracas, 1964), es mayor general retirado del Ejército de Venezuela y fue el primer ministro del Interior, Justicia y Paz de Nicolás Maduro. Le tocó comandar la represión de las protestas del primer semestre de 2014, que arrojaron la encarcelación y posterior sentencia del celebérrimo preso político Leopoldo López.
Durante la presidencia de Hugo Chávez fue el responsable del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en dos ocasiones (2002-2005 y 2009-2013). Rodríguez Torres conoce, por tanto, a esa gran caja negra que es la llamada revolución bolivariana, incluso desde antes de ser Gobierno, porque participó en la intentona golpista del 4 de febrero de 1992 contra el entonces presidente, Carlos Andrés Pérez. Ese dato es crucial porque permite entender cómo evolucionó el pensamiento económico de Chávez, por un lado, y ubica en una línea de tiempo las luchas internas de su movimiento político, que derivaron en la imposición de un régimen de inspiración cubana en Venezuela y en el distanciamiento progresivo de quienes siempre resistieron el modelo castrista o quedaron fuera del grupo que administra la renta petrolera.
Rodríguez Torres, un militar nacionalista y bolivariano, más próximo a la idea de un Gobierno socialdemócrata que no tenga reservas con el capital privado ni reniegue de los acuerdos políticos, rompió con Maduro cuando fue destituido como ministro en octubre de 2014 después de un año y medio en el cargo. Con el paso de los meses decidió hacer públicas sus críticas. Ahora denuncia los intentos del presidente de desconocer la Constitución de 1999, que impulsó Chávez como primera obra del Gobierno. “La Asamblea Nacional Constituyente no va a resolver los problemas de Venezuela”, asegura.
El régimen ha ofrecido la reforma de la Constitución como una solución a las hondas diferencias que mantienen al país caribeño en el camino de una guerra civil, y se niega a facilitar un acuerdo político que permita el adelanto de elecciones generales, como exigen sus adversarios. Se trata de una Constituyente corporativista que recuerda a los peores regímenes totalitarios del siglo XX.
La portavocía oficial intenta disimular ese aspecto fascista de su propuesta presentándola como una oportunidad para la paz y la reconciliación con sus adversarios. “El problema”, observa Rodríguez Torres, “no es la Constitución de 1999, sino el mal manejo de la economía y la pérdida de confianza en un Gobierno que ni siquiera tiene acceso a líneas de crédito para paliar la crisis”. El oficial retirado afirma que el régimen rompió a finales de marzo, mediante dos sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, “con el modelo democrático participativo y protagónico de la Constitución de 1999 y avanza hacia un modelo autoritario que, sin embargo, sigue teniendo elementos de representatividad democrática”.
Rodríguez Torres prefiere no calificarlo como un golpe de Estado como la oposición y se concentra en las consecuencias que esa decisión ha tenido entre la clientela chavista. “Yo siento que la base chavista se ha ido alejando de las propuestas del Gobierno. Se está desconociendo el legado del comandante Chávez al no permitir las elecciones. Muchos chavistas quieren cambiar a esos gobernadores porque no han hecho una buena gestión”. El Consejo Nacional Electoral anunció el martes que los comicios regionales se celebrarán en diciembre, un año después del vencimiento del período de los actuales cargos.
El nombre de Rodríguez Torres se ha sumado a la lista de exministros, ex oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y antiguos colaboradores de Hugo Chávez que pretenden, desde otras organizaciones, mantener a flote la malograda enseña del chavismo. Le anima la convicción de que el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) está divorciado de la realidad y que el chavismo “es un sentimiento nacional que seguirá siendo una fuerza política importantísima en Venezuela”. “El PSUV no tiene posibilidades de alcanzar un triunfo electoral. Les toca repensarse y relanzar ese movimiento”, agrega.
Pregunta. ¿Qué diferencia hay entre esta etapa de protestas y la que le tocó enfrentar entre febrero y junio de 2014 como ministro del Interior, Justicia y Paz?
Respuesta. Ahora se han sumado a las protestas sectores populares del Oeste y Este de Caracas y del sur de Valencia (centro del país), una zona muy chavista. Las protestas tienen visos de vandalismo que no se vieron en 2014, a excepción del Estado de Táchira, donde la situación era bien compleja. Pusieron hasta 97 barricadas con electricidad. Otra diferencia reside en la capacidad de movilización permanente que ahora tiene la oposición. La crisis le ha dado fuelle a la protesta porque en 2014 la escasez y el desabastecimiento no eran tan pronunciados. Y ahora se están enfrentando bandas de delincuentes con personas que supuestamente pertenecen a grupos políticos armados.
P. El régimen siempre ha utilizado a civiles armados para dispersar concentraciones opositoras. ¿Por qué habría que considerar que son delincuentes si están defendiendo al Gobierno?
R. Hay grupos de choque de lado y lado. Son, antes que nada, delincuentes y así deben ser tratados. A mí me preocupa que, por su naturaleza, estos grupos son anárquicos, irreductibles, y después de que se desatan es muy difícil recogerlos. Hay que evitar que se presenten conflictos armados entre ciudadanos venezolanos por defender su territorio
P. ¿Cómo fueron creciendo esos colectivos [bandas parapoliciales chavistas] hasta convertirse en una fuerza con un poder de fuego que supera al de la policía?
R. Hay que saber diferenciar entre colectivos, que son promotores de actividades culturales y deportivas en sus barrios, y grupos generadores de violencia, que son delincuentes. Cuando fui ministro y director del SEBIN siempre mantuve una buena relación con los colectivos. Siempre les advertía de que no los quería ver cerca de las manifestaciones de la oposición, que el Estado estaba encargado de la seguridad. Y así fue.
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