Publica "Efecto Cocuyo":
El Centro de Diversidad Cultural de Venezuela, en la calle de Hermosilla 58, en Madrid estaba rodeado. Cruces negras con los nombres de los fallecidos en las protestas, consignas y banderas de Venezuela al revés tomaron la vía.
Puertas adentro, el “Comité de víctimas de la guarimba y del golpe continuado” se reunió con el embajador venezolano en España, Mario Isea. Cada vez que pasaba una persona con una prenda de vestir roja, los cantos se hacían más fuertes. “¿Y cuál, y cuál, y cuál Revolución?”, gritaban. Unos policías separaban a la gente de la entrada del recinto.
La convocatoria chavista en España despertó el rechazo de venezolanos que viven actualmente en ese país. Lo que comenzó como una protesta para desmentir al grupo oficialista, terminó en un escrache (acoso) de más de dos horas y la denuncia de “asedio” por parte del embajador español, pese a que no se presentaron hechos violentos.
“Inicialmente no estaba planteado como un escrache. Nos enteramos que había unos chavistas que iban a hablar sobre la guarimba y fuimos hasta allá para protestar. Nosotros llegamos sin saber a dónde íbamos y el sitio era cerrado. Rodeamos el edificio y les pedimos que salieran”, contó Valentina Rodríguez, quien participó en la manifestación que tuvo lugar en Madrid el pasado 11 de mayo.
Valentina, desde Madrid, participa de forma pacífica en todas las convocatorias de la oposición que puede. No obstante, recuerda que el día que los venezolanos protestaron contra el acto del oficialismo, la gente se comportó de manera agresiva.
“En ese momento que todos vivimos en caliente, nadie pensó en las leyes ni en las multas. Ese día del escrache, cuando los policías nos mandaron a retirarnos de la acera porque teníamos permiso de protestar hasta una hora, hubo gente que dijo que iba a hacer un plantón. La gente simplemente estaba molesta y no pensó en las consecuencias”, contó.
El incidente llegó a crispar momentáneamente las relaciones diplomáticas cuando el presidente Maduro llamó “cobarde” al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y lo acusó de permitir el “secuestro” del embajador venezolano. Pero el debate en torno al escrache ha despertado diferencias también dentro de los mismos opositores.
Una línea borrosa
Y es que la línea entre el derecho a la protesta y el acoso es borrosa. Sin embargo, para el sociólogo Luis Pedro España, este tipo de manifestación es producto de la impunidad que atraviesa el país. “Esto es una forma de tomar la justicia por mano propia y, lo primero que indica, más allá de la buena o mala voluntad de las personas, es que estamos en un país donde no hay justicia”, explicó.
El también profesor universitario destacó la importancia de conocer las leyes del país en el que se protesta. “En países donde sí hay justicia, cuando uno agrede a una persona, eso va a tener consecuencias y eso a lo que se están arriesgando quienes buscan tomar justicia por mano propia”, dijo.
Para Luis Pedro España, el cambio que buscan tanto los venezolanos que protestan en el país como aquellos que se manifiesta desde el exterior, no puede estar basado en el deseo de venganza. “Si buscamos un país diferente, pues entonces no podemos hacer lo mismo que estamos criticando. No podemos dar una nueva democracia sobre la base del odio“, advirtió el sociólogo, “no podemos hacer las mismas cosas que hace el Gobierno, pese a la calentera que se tenga”.
Hasta donde la ley lo permita
Este tipo de manifestación se ha vuelto cada vez más común en los últimos meses. No solo en España, sino en Estados Unidos y en Australia los venezolanos han encarado a funcionarios rojitos activos y retirados y a sus familiares.
Para expresar su descontento, quienes viven en el exilio incluso han optado por boicotear los actos del Gobierno en el exterior. El pasado 2 de mayo, fueron venezolanos en el Líbano los que increparon al defensor del pueblo, Tarek William Saab, durante una conferencia.
El más reciente hecho ocurrió este miércoles, 17 de mayo. Según informó la canciller Delcy Rodríguez, dos venezolanos en Australia fueron detenidos por intentar lanzar pintura al el viceministro de la Exploración e Inversión Ecominera, Víctor Cano, en un acto.
De 600 a 30.000 euros
Conocer las leyes del país en donde se protesta es importante para prevenir multas u otros tipos de sanciones. El daño al patrimonio y la invasión ilegal a la propiedad privada están contemplados en las normativas de varios de los países a los que han migrado los venezolanos. El “acoso” también es un delito en países como Estados Unidos y España.
Varios días antes de los sucesos ante el Centro de la Diversidad Cultural, militantes españoles de Podemos y de Izquierda Unida organizaron un “cacerolazo” frente a la sede del Partido Popular en la madrileña calle Génova. La izquierda española suele usar el escrache como forma de protesta, en particular contra la corrupción.
Quienes participen en estas actividades saben que se arriesgan a multas de 600 euros. Pero según la Ley de Seguridad Ciudadana española, recientemente reformada, las multas pudieran llegar a 30.000 euros si el escrache o acoso implica alteración del orden público e impedimento del libre tránsito.
El Código Penal español también señala el “acoso” como y delito y especifica que “será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana”: que la vigile, la persiga o busque su cercanía física; que establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación o de terceros; que use indebidamente sus datos personales; y que atente contra su libertad o patrimonio, o de aquellos próximos a él/ella.
EEUU: respeto a la propiedad privada
La invasión ilegal a la propiedad privada puede ocurrir en casas, apartamentos y oficinas y se produce cuando se accede a la propiedad sin el consentimiento del propietario. Esta ley varía según las jurisdicciones de cada entidad de los Estados Unidos, así como también sus sanciones; sin embargo, los dueños pueden tomar acciones civiles si se demuestra que la persona transgredió la propiedad.
Las leyes estadounidenses también contemplan el “acoso” como un delito, pero igualmente varían dependiendo del estado. Un ejemplo de esta normativa es la implementada en el estado de Nueva York, cuyo Código Penal establece distintos grados de acoso. El primero, y de menor gravedad, se produce cuando una persona acosa intencional y de forma repetida a otra, asumiendo una conducta que ponga al acosado en temor de una agresión física.
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