Publica "El País":
Las órdenes ejecutivas en las que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pone sobre el papel las propuestas más extremas
de su campaña sobre inmigración afectan sobre todo a grandes ciudades
donde se concentran la mayoría de los inmigrantes. Este miércoles, los
alcaldes y los fiscales de Nueva York y Los Ángeles,
las dos ciudades más grandes y más ricas de Estados Unidos, salieron
inmediatamente a responder a Trump. La batalla legal para defender a los
inmigrantes será larga.
Al poco de hacer públicas las órdenes ejecutivas, los primeros
manifestantes se congregaron en la plaza Washington, en Manhattan. Nueva
York, precisamente la ciudad de Trump, es una de las que más ha
enseñado los dientes ante las políticas del presidente, de las que más
protestas ciudadanas acogió en sus calles tras la victoria electoral del
famoso constructor. Junto con Los Ángeles, fueron las que lideraron la ofensiva judicial de las ciudades para defender la reforma migratoria de Barack Obama cuando los republicanos la llevaron a los tribunales.
Este miércoles, el alcalde, Bill de Blasio, advirtió de que las
autoridades municipales “no deportarán a los neoyorquinos que cumplan
las leyes, no separarán familias ni dejarán a niños sin sus padres”. Los
decretos recién aprobados por la Administración Trump, dijo De Blasio,
“van en contra de nuevos valores, pero el trazo de un bolígrafo no
cambia a los neoyorquinos”.
En la calle estaba Kristine McGowin, de 45 años, que piensa protestar
durante los próximos cuatro años de presidencia. “Me da mucho miedo, lo
que dice y todo lo que puede llegar a hacer, la gente le quitaba
gravedad, pero estamos viendo que sí piensa y actúa como habla”, decía
en Nueva York esta profesional del sector publicitario, también
voluntaria de la campaña de la demócrata Hillary Clinton.
El neoyorquino Elliott Crown, un actor que iba disfrazado con una
máscara de Trump, cuestionaba hasta qué punto la nueva Casa Blanca
podría torcer la voluntad de la ciudad. “¿Van a traer las tropas?”,
preguntaba riendo. Pero la Administración federal sí plantea cortar
fondos a las ciudades rebeldes. Para Crown, lo más inquietante a largo
plazo son los planes de revisar el sistema electoral con el argumento de
evitar fraudes. A su juicio, “los sistemas de doble comprobación buscan
en realidad quitarle el voto muchos hispanos e afroamericanos”.
Trump plantea recortar los fondos federales a aquellas ciudades que
protejan a los extranjeros en situación irregular, es decir, que vivan
bajo una suerte de pacto tácito de no agresión. Entre esas llamadas ciudades santuario,
una denominación no oficial, ocupa un lugar destacado Nueva York, cuyo
Ayuntamiento aprobó la creación en 2014 de un carnet de identidad con el
que los sin papeles podían usar recursos municipales e incluso abrir
cuentas bancarias. Los Ángeles o San Francisco tiene instrumentos
similares, y también Boston, Denver o Chicago son consideradas
santuarios.
“La seguridad de cualquiera que vive, trabaja o visita Los Ángeles es
nuestra prioridad”, dijo en un comunicado el alcalde de Los Ángeles,
Eric Garcetti. La ciudad con más inmigrantes irregulares de Estados
Unidos, y el Estado de California, donde vive un tercio de los sin
papeles del país, están en estado de alerta desde el día que Trump gabó
las elecciones. Garcetti lleva días recordando que el término ciudad
santuario está siendo manipulado, que por supuesto que la ciudad entrega
inmigrantes a la policía migratoria, pero lo hace con orden judicial.
“Lo que no hacemos es pedir a la policía de Los Ángeles que haga labores
de policía de inmigración”, una política fundamental para mantener la
confianza de los ciudadanos en el cuerpo.
Garcetti tuvo además una advertencia sobre las consecuencias
económicas para una ciudad que, como Nueva York, se sentaría en el G-20
si fuera un país independiente. “Separar familias y cortar fondos a una
ciudad, especialmente Los Ángeles, por cuyo puerto entra el 40% de los
bienes a Estados Unidos y con 80 millones de pasajeros al año en nuestro
aeropuerto, pone en riesgo la seguridad personal y la salud económica
de toda nuestra nación”.
En California, el día anterior había sido nombrado oficialmente como
fiscal general del Estado Xavier Becerra, excongresista demócrata, hijo
de inmigrantes mexicanos y para muchos una elección pensada como fiscal de guerra.
El encargado de combatir a Trump en los tribunales pidió “poner las
cosas en contexto” y afirmó: “El Departamento de Justicia de California
está preparado para proteger la seguridad pública y el bienestar de
todos los californianos, así como sus derechos a la propiedad y la
privacidad. Son derechos y protecciones que han sobrevivido muchos
desafíos a lo largo del tiempo”.
Para las 10 mayores ciudades, según datos recogidos por Reuters, el
recorte de fondos federales que Trump ha puesto sobre la mesa podría
sumar unos 2.270 millones de dólares. De Blasio ya avanzó el martes que
pondría en sus presupuestos una partida adicional de 250 millones para
los próximos cuatro años en reservas debido a la “enorme incertidumbre”
que emana Washington. Si se cortan los fondos, recalcó, la capital irá a
los tribunales a combatirlo. Este miércoles lamentó el efecto que puede
tener en los recursos del departamento de policía, que en los últimos
años ha logrado reducir exitosamente el número de homicidios en la
ciudad.
El fiscal general del Estado de Nueva York, Eric Schneiderman,
advirtió de que “el presidente Trump no tiene autoridad constitucional
para cortar los fondos a las ciudades santuario porque protegen a los
inmigrantes dentro de la legalidad”. “Urjo al presidente a revocar esa
orden”, reclamó, si no lo hace, “haré lo que esté en mi poder para
combatirla”. Schneiderman ha sido especialmente duro con Trump desde la
elección. El pasado diciembre se declaró “listo” para luchar contra su
“programa radical”.
La batalla legal que viene muestra la actual fractura entre el poder
de Washington, en manos conservadoras, y las grandes capitales de
Estados Unidos (urbes principales del mundo), gobernadas por
progresistas.
Otra ciudad enfrentada a Trump es Chicago, cuyo alcalde es el
demócrata Rahm Emanuel, exjefe de gabinete a Obama durante su primer
mandato. El presidente le ha acusado de no saber gestionar la epidemia
de homicidios en la ciudad y el marte llegó a amenazar en su cuenta de
Twitter con enviar allí fuerzas federales.
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