Publica "El País":
Nicolás Maduro
quiere demostrar al enemigo que está preparado ante un hipotético
ataque. El presidente venezolano ordenó esta semana un nuevo despliegue
de tropas armadas para el 14 de enero. “Hoy, Venezuela tiene un poder
militar, un poder militar desplegado en la calle por la paz, la
independencia y la soberanía”, dijo el mandatario. Para mantener ese
poder, el chavismo no ha dejado de aumentar su arsenal durante los
últimos 16 años, en medio sin embargo de una fuerte crisis económica.
Las últimas compras de armamento apuntan a Rusia y China.
El arsenal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela ha crecido durante la Revolución. El país ocupa el quinto lugar en América Latina
en gasto militar. Está, además, entre las 36 naciones del mundo que más
invierten en esta partida. Durante el chavismo, entre 1999 y 2015, hubo
una inversión de más de 5.620 millones de dólares (unos 5.536 millones
de euros) en armamento, según cifras del Instituto Internacional de
Estocolmo para la Investigación de la Paz (Sipri, por sus siglas en
inglés).
La compra de artillería no cesa pese a la en este país con una
profunda crisis económica. En diciembre, Maduro aprobó dinero para la
adquisición de material militar vendido por Rusia y China. “He
autorizado los recursos suficientes para dotar de la más moderna
tecnología mundial y armas a todos los combatientes de la fuerza de
acción especial, a todos los grupos especiales y a todas las tropas de
acción rápida de la FANB”, dijo en un discurso televisado.
Días antes, el presidente de Venezuela había enfrentado una ola de
protestas generada por la salida de circulación del billete de más alto
valor, el de 100 bolívares. En el Estado de Bolívar, al sur del país,
fue decretado un toque de queda para zanjar el desenfreno de la
protesta. Las hordas. La militarización y la flexibilización de la
medida monetaria apaciguaron los ánimos.
Los temas armamentísticos son manejados con discrecionalidad por el Gobierno. Para Lexys Rendón, coordinadora de la asociación Laboratorio de Paz,
este año se puede alcanzar la cúspide de la opacidad en la
Administración sobre las partidas de la defensa. “El presupuesto de la
nación ni siquiera fue discutido por la Asamblea Nacional, sino que se
aprobó directamente por el Tribunal Supremo. Esto se debió a una
confrontación entre los poderes públicos [el Parlamento, controlado por
la oposición, y el Supremo, dirigido por el chavismo]. Cada vez las
cuentas del Ejecutivo son más turbias”, explica.
Muchas organizaciones civiles han exigido una disminución del
presupuesto dinero depositado en la de defensa de Venezuela, el país con
la mayor contracción económica de América. Las inversiones solo se han
reducido por la caída de los precios del petróleo. El Gobierno recortó
en un 90% las compras militares del periodo 2015-2016 respecto a los dos
años anteriores, según revela un informe de la asociación civil Control
Ciudadano, pero esta medida apenas supuso. Esta, apenas, es una
tempestad en la carrera armamentística del chavismo. Ya el año pasado
hubo un aumento del 5% en la compra de equipos y sistemas de armas para
la FANB.
Pero las armas no solo están en manos del Ejército. Aunque los
artefactos explosivos, los fusiles y las municiones bélicas son
administrados exclusivamente por la Compañía Anónima Venezolana de
Industrias Militares (Cavim), una empresa del Estado venezolano que
surte a la Fuerza Armada y a la Milicia Bolivariana, el dominio de
algunas de estas letales armas ha pasado de forma irregular a manos
ajenas en Venezuela.
Granadas en las calles
Una granada mató a Gian Franco Cesa, un arquitecto de 25 años, cuando
fue detonada accidentalmente por uno de sus dos secuestradores dentro
de un coche en Caracas. La explosión ocurrió el 8 de agosto, unos días
antes de que despegara el avión en el que la víctima quería viajar a
Estados Unidos para escapar de la crisis. El estallido también fulminó a
los delincuentes.
Los ataques con granadas ocurren en cárceles, en comisarías y en las
calles de Venezuela. Durante dos años, entre 2013 y 2015, Venezuela fue
el país de Latinoamérica con el número más alto de civiles muertos por
la explosión de granadas en Sudamérica, según la Oficina de las Naciones
Unidas para el Desarme en América Latina y el Caribe (UNLIREC. El
sangriento registro continuó el año pasado. En un reportaje del diario
digital Runrunes contabilizó 49 muertes y 155 heridos durante 32
atentados con granadas de enero a agosto de 2016.
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