Publica "El País" este editorial:
En lugar de liberar a los presos políticos, convocar elecciones
presidenciales y dar así una salida democrática a la crisis
institucional que vive Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha
decidido dinamitar el orden constitucional de su país. Fracasado su
empeño en despojar de sus poderes a la Asamblea Nacional, Maduro quiere
ahora dotarse de una legalidad a su medida en la que no quepa ninguna
oposición a su régimen.
Con su amenaza de ruptura definitiva con el orden constitucional
vigente, Maduro coloca a Venezuela ante la disyuntiva más dramática de
las últimas décadas.
Usando su habitual lenguaje incendiario, el
mandatario venezolano plantea a los ciudadanos que la alternativa a sus
planes es la confrontación. Su apelación —criticada incluso desde el
chavismo— a entes sin fundamento jurídico alguno como “los poderes
originarios” y la delirante definición de un proyecto constituyente en
el que participarían 500 “representantes de la comunidad” que nadie sabe
cómo se elegirían (aunque sí a quién servirían) dibujan a un presidente
decidido a convertir a su país en una dictadura con él al frente.
La soberanía popular de Venezuela está representada de forma legítima
por la Asamblea Nacional, elegida democráticamente en diciembre de 2015
y en la que la oposición tiene una mayoría incontestable. Maduro ha
tratado por todos los medios —legales e ilegales— de privarla de su
derecho y obligación de legislar. Su mandato no puede ser anulado con el
pretexto de convocar un proceso constituyente.
Y la Constitución
venezolana —impulsada por el propio Hugo Chávez— no puede ser anulada
por la mera voluntad de un gobernante acorralado, incapaz de lidiar con
la crisis económica y sin ningún diálogo con la oposición.
Durante más de un año, Maduro ha dejado escapar oportunidades que no
solo hubieran supuesto una buena solución para Venezuela, sino que
incluso le hubieran permitido salir airoso de la situación. Ha
despreciado los llamamientos, intermediaciones y buenos oficios de
personalidades, organizaciones y Estados que se han ofrecido a colaborar
en la consecución de un acuerdo con esa mayoría de venezolanos a los
que él pretende dejar al margen de la ley. Incluso ha despreciado e
ignorado la tremenda penuria de su pueblo mediante el recurso a
inconsistentes promesas imposibles de cumplir.
Ni la comunidad latinoamericana ni la europea pueden consentir que
Maduro y sus colaboradores acaben con la Constitución, la Asamblea y,
por tanto, con la democracia y las libertades de los venezolanos.
Tanto
la OEA como la Unión Europea deberían advertir al régimen venezolano de
las serias consecuencias (incluyendo la posibilidad de imponer
sanciones, como la prohibición de viajar y la congelación de activos en
el extranjero) a las que se exponen sus dirigentes si deciden seguir por
ese camino. Y España, como puente y representante de los valores
democráticos que hermanan a ambos continentes, debería implicarse a
fondo en la supervivencia de la democracia en Venezuela.
Os ponemos el enlace al editorial:
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