Publica "Navarra.com":
Representantes de colectivos sociales de Navarra han
entregado este martes en la Delegación del Gobierno un escrito dirigido
al presidente Mariano Rajoy, en el que le solicitan que el Ejecutivo
proteja a los defensores de los derechos humanos.
Suscriben este documento los colectivos Help-na, Harrera Aurrera, Iruñea Ciudad de Acogida, Karabana Melilla, Médicos del Mundo, Nafarroako Brigadak, Papeles y Derechos Denontzat, y SOS Racismo Nafarroa.
En el documento se explica que, el pasado 3 de diciembre, la defensora de derechos humanos de CaMinando Fronteras, Helena Maleno, fue citada a declarar ante la justicia marroquí, al residir en este país del norte de África.
La documentación proporcionada concluye que Maleno está acusada por el Estado español de crimen internacional de tráfico de seres humanos e inmigración clandestina.
La base de la acusación son las llamadas de petición de auxilio que habría realizado a Salvamento Marítimo, a fin de localizar y rescatar a personas que se encuentran a la deriva o en peligro de naufragio, "dando a entender que salvar vidas es delito", denuncian estos colectivos.
En el escrito se señala que éste no es un caso aislado, ya que "la lista podría continuar hasta los 45 procesos judiciales abiertos a activistas humanitarios bajo leyes de inmigración o contra el contrabando en los últimos dos años, de acuerdo con los datos aportados por el Instituto de Relaciones Raciales".
Por ello, los colectivos trasladan esta queja al Gobierno español, que solicitan se traslade asimismo a los gobiernos de la Unión Europea y Marruecos, porque entienden que, con este tipo de acciones, "se está criminalizando la solidaridad de quienes tratan de salvar vidas o mitigar la cruel situación, por estos gobiernos creada, en que se encuentran las personas migrantes".
Solicitan en ese sentido que los Estados "cumplan con su obligación de proteger a los y las defensores de derechos humanos".
Javier Indurain, portavoz de los colectivos convocantes, ha comentado a los periodistas que en este momento "está habiendo un ataque impresionante contra los defensores de derechos humanos, no solo en la frontera, pero sí especialmente en la frontera", y en este caso contra Helena Maleno.
Por su parte, Beatriz Villahizan ha subrayado que, "ante estas políticas criminales de control y cierre de fronteras y todas las políticas de extranjería, reclamamos que la solidaridad y la denuncia es una vía legítima".
"Queremos hacer extensiva esta petición de no criminalización de solidaridad a todas las personas que de manera anónima o de manera pública tejen redes y lazos de apoyo para facilitar el tránsito y la vida de las personas migrantes", ha indicado.
Suscriben este documento los colectivos Help-na, Harrera Aurrera, Iruñea Ciudad de Acogida, Karabana Melilla, Médicos del Mundo, Nafarroako Brigadak, Papeles y Derechos Denontzat, y SOS Racismo Nafarroa.
En el documento se explica que, el pasado 3 de diciembre, la defensora de derechos humanos de CaMinando Fronteras, Helena Maleno, fue citada a declarar ante la justicia marroquí, al residir en este país del norte de África.
La documentación proporcionada concluye que Maleno está acusada por el Estado español de crimen internacional de tráfico de seres humanos e inmigración clandestina.
La base de la acusación son las llamadas de petición de auxilio que habría realizado a Salvamento Marítimo, a fin de localizar y rescatar a personas que se encuentran a la deriva o en peligro de naufragio, "dando a entender que salvar vidas es delito", denuncian estos colectivos.
En el escrito se señala que éste no es un caso aislado, ya que "la lista podría continuar hasta los 45 procesos judiciales abiertos a activistas humanitarios bajo leyes de inmigración o contra el contrabando en los últimos dos años, de acuerdo con los datos aportados por el Instituto de Relaciones Raciales".
Por ello, los colectivos trasladan esta queja al Gobierno español, que solicitan se traslade asimismo a los gobiernos de la Unión Europea y Marruecos, porque entienden que, con este tipo de acciones, "se está criminalizando la solidaridad de quienes tratan de salvar vidas o mitigar la cruel situación, por estos gobiernos creada, en que se encuentran las personas migrantes".
Solicitan en ese sentido que los Estados "cumplan con su obligación de proteger a los y las defensores de derechos humanos".
Javier Indurain, portavoz de los colectivos convocantes, ha comentado a los periodistas que en este momento "está habiendo un ataque impresionante contra los defensores de derechos humanos, no solo en la frontera, pero sí especialmente en la frontera", y en este caso contra Helena Maleno.
Por su parte, Beatriz Villahizan ha subrayado que, "ante estas políticas criminales de control y cierre de fronteras y todas las políticas de extranjería, reclamamos que la solidaridad y la denuncia es una vía legítima".
"Queremos hacer extensiva esta petición de no criminalización de solidaridad a todas las personas que de manera anónima o de manera pública tejen redes y lazos de apoyo para facilitar el tránsito y la vida de las personas migrantes", ha indicado.
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