Publica "La Vanguardia":
Hassan llegó a España en 1997 con 24 años, concretamente a Xàtiva (La Costera, Valencia). Pronto consiguió los papeles que regularizaron su situación como ciudadano. Se lo ganó con mucho esfuerzo: siempre ha trabajado en el campo y presume de que todos le conocen en el municipio. Vivía de forma modesta y mandaba dinero a su familia, en Marruecos.
En 2010 llegó su mujer Ilham con su hijo de dos años; después tuvo otra hija. Todos eran ‘con papeles’. Sin embargo, ese mismo año, una pelea de bar le ocasionó problemas judiciales y le retiraron la documentación a toda la familia, incluida a su hija valenciana. Hoy, siete años después, con una ley mucho más restrictiva que la de hace dos décadas, todavía están esperando los papeles. Esperan poder hacer los trámites burocráticos el mes que viene.
Toda la familia, incluida la hija nacida en Valencia, perdió la documentación por una pelea de bar
Hassan y su familia son unas de las 21.000 personas que se vieron afectadas en la Comunitat Valenciana por el Real Decreto 16/2012 que promulgó el recién estrenado Gobierno de Mariano Rajoy y que excluía a los inmigrantes ‘sin papeles’ de la sanidad pública básica (sí mantenía a los niños y las urgencias). Lo justificaron con un criterio de ahorro (recortes) en plena crisis económica. En 2015, el Gobierno valenciano ‘del cambio’ aprobó un decreto de sanidad universal que volvía a acogerlos en la red pública autonómica; pero el pasado martes el Tribunal Constitucional (TC) lo tumbó porque veía que se excedía de sus competencias.
Hassan explica que ni sus hijos ni él han tenido nunca problemas en el médico, porque tiene contratos y una larga vida laboral en España. Pero cuenta que a su mujer sí le denegaron en una ocasión la atención. Dice que, afortunadamente, desde entonces no ha tenido que volver al médico y han podido solucionar pequeños problemas de salud en la farmacia.
Cuando se le pregunta sobre la decisión del TC, parece que no está muy al tanto. Se le explica y dice, resignado: “Ellos son los que mandan, yo no puedo hacer nada. Soy una persona igual que cualquier otra”. En esa afirmación está la clave, ya que la resolución no lo considera a todas las personas como iguales. “Nunca he llorado ni pedido comida a Cáritas o a la Cruz Roja. Otros que tienen papeles sí que piden ayudas, pero a mí me da vergüenza. Yo siempre he trabajado”, asegura.
Lamenta que trabajar en la rama de la agricultura y pedir papeles es complicado, porque difícilmente logran el codiciado contrato de trabajo necesario para obtenerlos. Es consciente de que, en cualquier momento, podrían detener a alguien de su familia y encerrarlo en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) -e incluso expulsarlo-, pero prefiere no pensar en ello. Solo habla de trabajar, solo piensa en trabajar. “No estamos haciendo malas cosas”, asiente, y dice que lo que peor le sabe de su situación es el comentario que le hace ahora su hijo por las Navidades: “Me dice que todos se han ido de vacaciones a Marruecos menos nosotros. No podemos salir porque no tenemos papeles”.
El caso del hombre que no sabía que tenía tuberculosis y que podía haber terminado en tragedia
Otro caso. Lo llamaremos Ali. Tenía 30 años cuando llegó a España desde Marruecos. Era el año 2012 y ya estaba en vigor el decreto del PP, no tenía derecho a una atención médica básica. Gracias a unos contactos y a la voluntariedad de unos facultativos, pudo someterse a un chequeo. Le detectaron tuberculosis y le dijeron que su vida corría serio peligro. Le trataron y lo aislaron en un edificio eclesiástico que le ofrecieron, porque no se podía quedar en cuarentena en el hospital. Sobrevivió. Hoy vive en Francia. “Pero si no se hubiera detectado y atendido, el problema por contagio a la población habría sido de gran envergadura y mucho más grave que el coste que supuso atenderle”.
Explica la historia Joan Bou, delegado en Xàtiva de la Associació Valenciana de Solidaritat amb Àfrica (AVSA). Aplaude que los profesionales sanitarios valencianos “han sido bastante solidarios” con las personas sin documentación y que en la mayoría de los casos los han tratado de forma altruista. Sin embargo, reivindica que la sanidad básica universal “tiene que ser un derecho reconocido por ley” porque “no puede estar supeditado a la voluntariedad o a tener contactos o amigos”.
En términos económicos, la sanidad universal ahorra en menor uso de emergencias y en salud pública, según defensores de los derechos de los inmigrantes
Sobre la decisión del TC, admite que todavía “no ha corrido mucho la voz” entre los inmigrantes porque muchos no están tan al día de la actualidad y él tilda la decisión de “absolutamente lamentable y muy poco inteligente” porque “no es un gasto tan enorme”, ya que la mayoría llegan “sanos y fuertes”. Añade que “en términos absolutamente económicos” se ahorra tanto en reducción del uso de los servicios de emergencias como en salud pública, en menor número de posibles contagios de enfermedades.
En la misma línea, María José Moya, del Instituto Médico Valenciano y miembro del Observatorio por el Derecho Universal de la Salud (Odusalud), sostuvo este miércoles en rueda de prensa que “no hay ningún estudio económico que certifique que limitar esta atención haga ahorrar mucho dinero a las arcas públicas”.
Bou denuncia que se han puesto “disposiciones puramente burocráticas por encima de las personas”, lo que a su juicio “legitima la objeción de conciencia”: “Hay leyes que dejan de ser legítimas”. De momento, el president valenciano Ximo Puig ya ha dicho que encontrarán la manera jurídica de mantener el servicio sanitario a todas las personas con un nuevo decreto o con una orden.
Joan Bou recuerda el periplo que viven los inmigrantes hasta conseguir los ansiados papeles: estar tres años ‘en el limbo’ empadronado en España, con las dificultades que tienen para alquilar un piso sin documentación; conocimiento de las lenguas autóctonas; y tener una oferta de trabajo, las cuales se publicitan obligatoriamente durante 20 días porque si las reclama un español tiene preferencia. “Necesitamos inmigrantes, España está demográficamente envejecida. Se les culpabiliza por estar indocumentados pero se están jugando la vida por tener papeles. Que se los den. Así podrán trabajar y cotizar”, defiende.
No hay ningún estudio económico que certifique que limitar esta atención haga ahorrar mucho dinero a las arcas públicas”
María José Moya, del Instituto Médico Valenciano y miembro del Observatorio por el Derecho Universal de la Salud
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