Publica "Cadena Ser.com" (Radio Alicante)
El Secretariado Diocesano de Inmigrantes de Alicante (ASTI) califica como "jarro de agua fría" la decisión judicial y espera una avalancha de información por parte de estas personas inmigrantes residentes en la provincia se produzca tras las Navidades.
Su codirector Ignacio García, reconoce que la sentencia genera incertidumbre entre las asociaciones que trabajan con inmigrantes en situación irregular después de que el Constitucional haya anulado el decreto valenciano de asistencia universal.
En cualquier caso, agradece al presidente Ximo Puig -que el miércoles, 20 de diciembre, se reunió con las asociaciones de la Comunitat Valenciana que tratan con inmigrantes que haya asegurado que la sanidad pública seguirá atendiendo a este colectivo como hasta ahora.
García insiste en que el decreto de Rajoy de 2012 "no se sustenta con datos objetivos". Ahora confía en que los centros sanitarios respondan y no se produzcan problemas a la hora de atender a los inmigrantes en situación irregular -unas 24.000 personas en toda nuestra autonomía-.
Por otra parte, el codirector de ASTI también reclama que la sanidad pública atienda a un nutrido grupo de extranjeros comunitarios que residen en la provincia y que carecen de residencia reconocida.
García, espera que las consultas de esos inmigrantes preocupados, les empiecen a llegar tras las navidades.
Recuerda, que desde 2012, cuando se aprobó el decreto, el gasto sanitario en España no se ha reducido y de 2015 a 2017, periodo en el que Generalitat recuperó la asistencia universal, ese gasto no ha aumentado en la autonomía.
Medicus Mundi
Por su parte, el presidente de Medicus Mundi en la Comunitat Valenciana, el doctor Diego Torrús, lamenta que la sentencia del Constitucional no entre en el fondo de la cuestión y se apoye en el exceso competencial del Consell a la hora de emitir el decreto, para dejar sin asistencia a los inmigrantes en situación irregular.
Asegura que a los médicos, esta situación les genera inconvenientes administrativos y recuerda que la atención sanitaria es un derecho humano.
Además, insiste en los riesgos de salud pública que podemos correr al dejar a estas personas fuera del sistema sanitario ya que aumenta la probabilidad de que aparezcan determinadas enfermedades infecciosas.
Asegura que a los médicos, esta situación les genera inconvenientes administrativos y recuerda que la atención sanitaria es un derecho humano.
Además, insiste en los riesgos de salud pública que podemos correr al dejar a estas personas fuera del sistema sanitario ya que aumenta la probabilidad de que aparezcan determinadas enfermedades infecciosas.
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