Publica "El Correo":
El Alto Tribunal dictamina que
Euskadi carece de competencias para dar a los inmigrantes en situación
irregular la tarjeta que abre la puerta a todas las prestaciones
El
Gobierno vasco estudia la fórmula para seguir prestando atención
sanitaria integral a los inmigrantes ‘sin papeles’ con tres meses de
residencia en Euskadi. Esto es lo que se desprende de la intervención
realizada ayer por el consejero de Salud en el Parlamento. Jon Darpón
respondía a una pregunta de la diputada de EH Bildu Eba Blanco, quien se
interesó por las consecuencias de la sentencia del Tribunal
Constitucional que anula un decreto del Ejecutivo autónomo de 2012. Este
fallo impide a los extranjeros en situación irregular el acceso a todas
las prestaciones del Servicio Vasco de Salud.
Hace cinco años, el
Gobierno central -con Ana Mato como ministra de Sanidad- aprobó la
reforma para ‘Garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud’, conocido como el decreto del ‘nuevo copago farmacéutico’ porque
incrementaba la aportación por los medicamentos y eliminaba la gratuidad
para los pensionistas. Sin embargo, la principal novedad fue que dejaba de aplicarse el principio de universalidad en el acceso a la sanidad
porque, desde entonces, se vincula este derecho con la cotización a la
Seguridad Social. Esta reforma excluyó a decenas de miles de personas y,
en particular, a los inmigrantes en situación irregular, salvo que se
tratara de embarazadas, menores o fueran a Urgencias.
En Euskadi, el Ejecutivo del socialista Patxi López se
opuso a estas medidas con un decreto que mantenía los medicamentos
gratuitos para los pensionistas y conservaba para todo el mundo la
tarjeta individual sanitaria (TIS). El Gobierno de Rajoy recurrió esta
decisión ante el Constitucional y pidió su suspensión en tanto no
hubiera sentencia. En diciembre de 2012, el Alto Tribunal resolvió en un
fallo provisional que Euskadi tenía que aplicar el mismo copago que el
resto de España, pero respaldaba la decisión de mantener la asistencia a
los inmigrantes.
La sentencia
definitiva llegó la semana pasada. El Constitucional ha dictaminado en
contra de la norma vasca por entender que invade competencias del
Estado. Sostiene que las comunidades autónomas no pueden «determinar» quiénes pueden acceder al sistema sanitario porque
este aspecto está regulado «por normativa básica» estatal. En
consecuencia, impide a los inmigrantes irregulares tener todas las
prestaciones. Se da la circunstancia de que el Gobierno vasco modificó
hace unos días el decreto ahora anulado para dar cobertura a los ‘sin
papeles’ con tres meses de padrón, en vez de un año como hasta ahora.
En su contexto
- Abril 2012
- El Gobierno central aprueba el nuevo copago y excluye a los ‘sin papeles’ de la sanidad.
- Junio 2012
- El Gobierno vasco aprueba un decreto para neutralizar el de Madrid. El Constitucional le obliga a implantar el copago.
- Noviembre 2017
- Fallo definitivo del Constitucional: al anular la norma vasca, excluye a los inmigrantes irregulares de la asistencia.
La sentencia del Alto Tribunal no afecta al copago
porque ya se está aplicando tal y como lo diseñó Ana Mato. Las ayudas
que el Gobierno vasco da para compensar el gasto a jubilados y parados
con rentas inferiores a 18.000 euros anuales no se ven afectadas porque
no están recogidas en la norma deslegitimada por el Constitucional.
Mientras
la parlamentaria Eba Blanco consideró ayer que el Gobierno vasco «ha
fracasado en la defensa del autogobierno», el consejero de Salud aseguró
que «defenderemos el carácter universal del sistema sanitario de
Euskadi y lo defendemos con acciones concretas». No especificó cuáles
serán.
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