Publica "El País":
Un total de 5.695 personas han sido liberadas en España por las
fuerzas de seguridad de su esclavitud, como víctimas de trata y por
explotación sexual o laboral principalmente, de 2012 a 2016, según
Interior. Tras los cambios legales de 2010 y 2015, que han dado impulso a
la lucha contra esta lacra, es la primera fotografía fiel de un
fenómeno muy ignorado.
Un negocio que ya casi supera al tráfico de droga
y al de armas, según el Relator Nacional para la Trata de Seres
Humanos. Solo en 2016 se estimaron en 23.846 las personas en situación
de riesgo, y en el caso de la explotación sexual la mayoría estaban en
clubes de alterne. Los expertos coinciden en que la situación no
cambiará si no se afronta un debate serio sobre el proxenetismo en
España.
En 2000, recuerdan en la Fiscalía, no hubo un solo caso de violencia
de género en Madrid, pero eso no quería decir que no existiera el
problema. Simplemente no había voluntad de verlo ni los instrumentos
adecuados. La ley de 2004 cambió de golpe la realidad, porque la sacó a
la luz. Con la trata de seres humanos, esclavitud pura y dura en forma de explotación sexual o laboral
principalmente, está ocurriendo lo mismo. Empujada por la UE —el
convenio de Varsovia es de 2005— y la preocupación mundial, España
introdujo el delito por primera vez en el código penal en 2010.
Otra
reforma en 2015 afinó la mira con nuevos supuestos. El resultado de esta
lenta maniobra de sensibilización, que aglutina a fuerzas de seguridad,
fiscales, jueces y ONG, se refleja en un informe del Centro de
Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del
ministerio de Interior, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Por primera vez
fotografía el fenómeno con una perspectiva de cinco años y revela lo
invisible que está ante nuestros ojos. Y es brutal: 4.430 víctimas de
trata y explotación sexual, o solo de este segundo delito, de 2012 a
2016. Si se suman las de explotación laboral, perseguida con más ahínco
desde 2015, ascienden a 5.675 personas. Y 20 más son de otros tipos de
trata. Solo en 2016, el dato más reciente, el total de víctimas suma
1.046.
Cada caso es una historia de terror, y hay algunas sentencias estremecedoras.
Además de la exigencia de la deuda contraída con el viaje, que a menudo
nunca termina de saldarse, siempre hay un componente de violencia y
amenaza que aprisiona a las víctimas y les impide pedir ayuda. Están
aisladas y a menudo no hablan español.
En Figueras, la hermana del
tratante custodiaba al bebé de una mujer rumana, obligada a prostituirse
en una rotonda de La Junquera. En otro caso, el delincuente mandó al
niño de tres años de la víctima a Ibiza y solo se lo dejaba ver por
Skype si mandaba el dinero. En el drama de las nigerianas, el viaje por
el desierto puede durar más de un año, las violan por el camino, quedan
embarazadas y luego les quitan el niño. En otros casos el chantaje es
con amenazas a la familia que queda en el país de origen. Han llegado a
quemarles la casa, dar palizas o incluso al asesinato.
Son especialmente graves los casos de menores halladas en clubes de
alterne y pisos. "Cada vez acogemos más menores, o muy jóvenes, que lo
eran cuando fueron captadas", advierte Marta González, directora de
Proyecto Esperanza, una de las principales ONG que ayuda a rescatar
víctimas.
La protección de menores víctimas de trata es otro punto débil
del sistema. No hay centros de acogida específicos para ellos y que sea
un asunto de competencia autonómica genera disfunciones. Igualmente
sobrecogedores son los casos de víctimas discapacitadas: hace unos meses
la Policía rescató en un piso de Madrid a una chica con deficiencia
mental tras saber de su existencia por los comentarios jocosos de un
foro de usuarios de prostitución en Internet.
En 2012, una víctima
rumana que logró escapar y fue de nuevo capturada acabó atada a un
radiador, rapada al cero y con un tatuaje en la muñeca que le recordaba
su precio, con un código de barras. La mostraban a sus compañeras de
piso para que vieran lo que les podía ocurrir.
EL PAÍS inicia una serie de reportajes sobre la trata de seres
humanos, un fenómeno ignorado, pero de preocupación mundial. Los
expertos exigen a los políticos un debate serio sobre la persecución del
proxenetismo. Durante toda la semana, este diario publicará más de una
decena de reportajes y entrevistas para abordar este drama desde
numerosas perspectivas. Para proteger su identidad, los nombres de las
víctimas son ficticios.
La trata, que a nivel internacional aparece formalmente en escena en
la convención de la ONU de Palermo de 2000, implica una captación con
engaño, un traslado a otro país o lugar y una finalidad de explotación
final con supresión de libertad. Incluye formas menos conocidas, como la
explotación laboral, aún subestimada. La lucha contra ella en España
apenas ha comenzado, sufre lagunas legales y ya está destapando
escenarios insospechados.
En este caso las víctimas suelen ser hombres,
de la agricultura, a talleres textiles, restaurantes, locales de kebab o
wok, y con mujeres, en bares y servicio doméstico. Solo en estos dos
años han sido arrestadas 534 personas, pero los expertos detectan
problemas de definición legal: "La ley requiere una reforma profunda que
clarifique conceptos, es muy difícil determinar lo que es explotación
laboral pura y dura y lo que son condiciones por debajo de las normas.
Se actúa y hay sentencias, pero se requiere mayor claridad legislativa.
Es una finalidad de la trata sin definir", afirma Enrique López
Villanueva, de la oficina del Relator Nacional contra la Trata, figura
creada en 2014. Las otras formas de trata introducidas en 2015, más
reducidas pero también muy difíciles de perseguir, son para la comisión
de delitos, como hurtos o droga, la mendicidad, matrimonios forzados y
tráfico de órganos.
No obstante, la trata con fines de explotación sexual es mayoritaria
de forma abrumadora, y sus víctimas son mujeres en un 96 % de los casos.
Rumanas, chinas y nigerianas son las nacionalidades más frecuentes de
las víctimas, con modalidades de engaño que varían en cada caso. El lover boy
en el caso rumano, un chico que seduce a la víctima con la promesa de
una vida mejor, o el vudú en las nigerianas, por increíble que parezca.
Siempre se repite el mismo relato: los tratantes cierran el acuerdo en
el pueblo de la víctima con un ritual mágico, en el que se quedan con un
paquetito con su nombre. Contiene restos de pelo púbico, uñas o de
sangre menstrual y sella que es de su propiedad. Este mecanismo es
suficiente para aterrorizar a las víctimas e impedirles denunciar.
Entran en juego grandes diferencias culturales. E incluso las víctimas
no son conscientes de serlo. Pero los estereotipos ocultan un dato más:
hay muchas víctimas de trata españolas, algunos años ocupan incluso las
primeras posiciones por nacionalidades, y cada vez es más frecuente la
trata doméstica, dentro del país.
¿Por qué esto no se para? Según la docena de expertos consultados,
porque es un negocio y porque a los políticos no les interesa. En España
hay 1.700 clubes de alterne que mueven 5 millones de euros al día,
datos policiales, además del dinero de publicidad, periódicos incluidos.
"La trata no se puede desvincular de la explotación final. Por eso
depende de cómo se regule el delito final: si el proxenetismo es libre es un paraíso para los tratantes.
No se puede perseguir con eficacia la trata sin prohibir el
proxenetismo", sentencia Joaquín Sánchez Covisa, fiscal de sala de
extranjería y uno de los magistrados de referencia en este campo.
Los máximos responsables del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia
Civil contra la trata, fiscales y jueces especializados, las ONG que
trabajan con víctimas, coinciden en opinar que habría que prohibir el
proxenetismo, que nadie se pueda lucrar de la prostitución de un
tercero. En España cualquiera puede vivir de la prostitución de otra,
solo se castiga cuando hay violencia, coacción o una situación abusiva,
pero es casi imposible de probar si la víctima no denuncia. Y es muy
difícil que lo hagan. Las investigaciones son complejas, requieren
cooperación internacional y se apoyan en escuchas.
"Es absurdo pensar que es libre una mujer que trabaja 24 horas y al
cabo de un año no tiene cuenta, ni dinero, ni propiedades, ni paga el
alquiler del piso en el que vive, ni puede rechazar un cliente", explica
Beatriz Sánchez, la fiscal que en 2012 logró condenar al capo rumano
Ioan Clamparu, Cabeza de Cerdo, el mayor proxeneta de trata de
Europa. Le cayeron 30 años. Opina que el sistema está muy por detrás de
los tratantes en cuanto a medios y presupuesto, y que los recursos de
protección de víctimas y testigos son muy deficientes.También en algunos
casos son problemáticos los intérpretes lingüísticos, cuando víctimas o
sospechosos hablan en dialectos de sus países de origen.
Lo cierto es que ante algunos casos flagrantes basta el sentido común
y una sensibilidad media: "¿Te puedes creer que una paraguaya que no
habla castellano, solo guaraní, va a venir porque quiere a un piso de
Bilbao donde vive encerrada las 24 horas?", expone otro fiscal. Con
todo, los cuerpos policiales realizaron en 2016 más de 2.500
inspecciones en lugares de prostitución, el 73 % en clubes. De 2012 a
2016 arrestaron a 3.000 personas por trata y explotación sexual, y
desarticularon 277 grupos criminales.
La última reforma del código penal en 2015 estuvo a punto de castigar
el proxenetismo totalmente, lo que hubiera significado el cierre de
clubes e incluso prohibir la publicidad erótica. El texto pasó en el
Congreso, pero en el Senado una mano, la del Partido Popular, retocó el
texto y asoció el proxenetismo al concepto de explotación, que abre un
margen de interpretación y sigue dificultando la prueba. Se introdujo la
"vulnerabilidad" de la víctima como un criterio más de limitación, pero
sigue siendo muy vago, aunque las fuerzas de seguridad están usando
esta vía en sus operaciones, a la espera de que el Supremo se
manifieste.
"En gran medida es un problema de demanda. Mientras no la atajemos no
acabaremos con el problema. No digo prohibir o legalizar, hay que
regular, legislar. Los proxenetas se aprovechan del vacío legal", apunta
Enrique López Villanueva, de la oficina del Relator Nacional contra la
Trata. "Cierras un club por trata, reabre a los dos días y vuelve a
tener clientes", confirma María Gavilán, jueza sustituta de la comunidad
de Madrid, especializada en este tema, de la Asociación de Mujeres
Juezas Españolas (AMJE). Una directiva de la UE de 2011 indica
expresamente a los países miembros que deben estudiar la posibilidad de
medidas para criminalizar el uso de servicios de víctimas de trata.
Muchos expertos plantean que la trata necesitaría una ley integral, como
la de violencia de género, para afrontarla con eficacia, aunque es un
punto de discusión.
Villanueva toca otro tema tabú: España es un destino de turismo
sexual, "aunque no es algo que se reconozca ni es un tema fácil de
abordar". Por ejemplo, los clubes de La Jonquera, en la frontera con
Francia, constituyen el mayor prostíbulo de Europa. "Se ha avanzado
muchísimo a nivel normativo, pero en la práctica hay dificultades, queda
mucho por avanzar en sensibilización, y sería importante que también
llegara al poder judicial", observa Marta González, de Proyecto
Esperanza. La cooperación entre fuerzas policiales y ONG que trabajan
sobre el terreno ha dado un salto enorme, con una instrucción específica
de junio de 2016, y los fiscales también están muy formados. La
especialización de profesionales y la concienciación colectiva son
decisivas, porque el gran paso es saber identificar los casos de trata
cuando se tienen delante.
Es difícil recabar la opinión de los clubes de alterne. En el pasado
existió una asociación de empresarios de estos locales, llamada ANELA,
pero ya no está activa y actualmente no hay una organización como tal
que represente a este sector. Si puede ser representativo, uno de ellos
ha aceptado hablar, y él mismo aclara que su opinión no es en absoluto
representativa: “Puede extrañar, pero yo estoy a favor de la abolición
del proxenetismo y la prostitución. Sin embargo, siendo realistas, no
creo que se vaya a acabar y mientras tanto creo que se debe regularizar y
que no exista un vacío legal, del que se aprovechan las mafias”, dice
Alberto Martínez, que tiene tres clubes en Barcelona, va abrir uno en
Madrid y lleva 20 años en este negocio. En Cataluña la prostitución está
regularizada en parte, los clubes deben tener licencia y están en un
registro. Está a favor de llevar una actividad “limpia y transparente”,
pero asume que en este negocio hay mafias y malas prácticas. “La imagen
del sector es muy negativa, es así, comprendo que nos metan a todos en
el mismo saco”, acepta.
"España es el tercer país en demanda de prostitución, según la ONU,
detrás de Tailandia y Puerto Rico, la clave es la demanda", insiste
Rocío Mora, directora de Apramp, otra de las ONG de referencia. Para
ella es una obviedad que "son muy pocas las mujeres que se prostituyen,
que están ahí porque quieren, la inmensa mayoría son víctimas de trata o
explotación sexual". Enumera indicios de que detrás de esas chicas hay
una organización: viven encerradas en pisos o clubes donde comen y
cenan, e incluso a las que están en la calle les llevan la comida y la
leña para las fogatas. "Hay mujeres que a la hora de llegar al
aeropuerto ya aparecen en la calle Montera de Madrid y no saben ni en
qué ciudad están", denuncia. Apramp tiene equipos, formados por
supervivientes de trata, que recorren las calles en busca de víctimas:
en 2016 rescataron a 1259, que entraron en sus programas para rehacer su
vida.
Katy, nombre ficticio de una superviviente de trata brasileña, que
ahora trabaja para Apramp: "Piensas que un día terminará, pero la deuda
no baja, solo sube. Yo he generado dinero como para tener una vida
acomodada, pero te lo roban. Y estás sola, en este oficio no hay amigos.
Es raro que un cliente tenga sensibilidad. Te dicen: 'No quiero
escuchar problemas, para eso me quedo con mi mujer'. Es muy raro que una
mujer esté en esto porque quiere. El oficio más antiguo del mundo no es
la prostitución, es mirar para otro lado".
Os ponemos el enlace a la noticia:
No hay comentarios:
Publicar un comentario