Publica "La Vanguardia":
Los actuales magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela tienen una coincidencia en sus currículos. La mayoría han ejercido cargos como diputados, ministros, candidatos electorales y militantes del partido del gobierno.
Esta elección de los 13 nuevos magistrados (y 22 suplentes)
fue la respuesta “exprés” que dio el gobierno ante las últimas
elecciones legislativas, en las que la oposición ganó la mayoría de
escaños en la Asamblea Nacional.
Irregularidades
La Asamblea Nacional denunció 51 irregularidades en la asignación de los nuevos magistrados del TSJ
“Un sector de los venezolanos no terminaban de celebrar que
el congreso ya no estaba en manos de los chavistas, cuando los
diputados salientes – y del gobierno – hicieron una votación sorpresa
para el nombramiento de 13 nuevos jueces. En un soplo, el gobierno
retiró a funcionarios de trayectoria de 20 años para poner a
funcionarios más aliados. Esto se podría interpretar como que el
gobierno quiso blindar el poder judicial a su favor”, explica el abogado
constitucionalista Luis Gerardo Fernández.
Una comisión especial de la Asamblea Nacional denunció 51 irregularidades en la asignación de los nuevos magistrados. Pero el mismo Tribunal Supremo de Justicia desestimó el informe.
Incompetencia
La ONG Transparencia Venezuela dice que de los siete magistrados
que firmaron la disolución de la Asamblea Nacional solo una es apta para
ejercer como juez del TSJ
Según la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia,
para ser magistrado se deben cumplir los requisitos de tener
nacionalidad venezolana y ser un ciudadano de reconocida honorabilidad.
Esta última exigencia se refleja en características como: a) Ser jurista
de reconocida competencia, b) gozar de buena reputación, c) haber
ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años d) tener título
universitario de postgrado en materia o haber ejercido de juez superior.
Según una investigación de la ONG Transparencia Venezuela, de
los siete magistrados que firmaron el pasado 29 de marzo la disolución
de la Asamblea Nacional, sólo uno cuenta con credenciales mínimas para
ejercer como juez del TSJ. Se trata de Carmen Zuleta, magistrada y
coordinadora de la Comisión Nacional de Justicia de Género. Además de
ser doctora graduada en la Universidad de Boloña, en Italia, y en La
Sorbona, de París.
Calixto Ortega es uno de los magistrados más cuestionados. Ortega
fue uno de los diputados con mayor trayectoria en las filas del llamado
chavismo desde el 2005. Además ejerció como diplomático en Europa y
Estados Unidos. En el 2013 fue declarado como persona “non grata” por la
administración estadounidense. Su presencia era una constante en los
actos públicos y políticos de Hugo Chávez.
Gladys Gutiérrez fue una de las políticas de confianza de Hugo Chávez.
Luego trabajó como cónsul y embajadora de Venezuela en España, y uno de
sus cargos más comprometidos con el gobierno actual lo ejerció como
abogada del Estado.
Y en el caso de Luis Fernando Damiani, en su currículo se
detalla una larga trayectoria como juez suplente y profesor
universitario. En su recorrido académico está muy implicado en la
dirección de la Universidad Bolivariana de Venezuela, una institución
que Hugo Chávez creó para dar más oportunidades de estudios
universitarios a los venezolanos.
El más afín
Calixto Ortega es de los magistrados más cuestionados: 12 años en las filas del parido de Chávez y “persona non grata” en EE.UU.
El portal
runrún.es
publicó cómo Damiani dejó clara su simpatía por el gobierno
de Nicolás Maduro en un discurso que dio el pasado 16 de diciembre en la
Asamblea Nacional. En aquel acto público, Damiani advirtió del
“peligro que se cierne sobre el país ante un hemiciclo dominado por la
oposición”. Una intervención con cerró con uno de los lemas del
oficialismo: “venceremos”.
Otros de los magistrados más criticados son Lourdes Suárez Anderson y Juan José Mendoza. En el primer caso, Suárez es hermana de un fiscal que murió tras sufrir un atentado. Mientras la familia sostenía que el gobierno de Chávez estaba implicado, ella fue la única que aceptó la versión oficial. En el caso de Mendoza,
éste fue electo como diputado del partido oficialista hasta el 2010, y
luego fue asignado a cargos medios en el Tribunal Supremo de Justicia.
Contra la Asamblea Nacional
El magistrado Damiani advirtió del “peligro que se cierne sobre el país ante un hemiciclo dominado por la oposición”
Y el sexto magistrado es Arcadio de Jesús Delgado Rosales. El informe de la ONG Transparencia Venezuela relata cómo “Delgado en el discurso de apertura del año judicial de febrero de 2012 citó entonces al ideólogo del nazismo Carl Schmitt,
a quien se debe la arquitectura del Estado fascista totalitario: su
doctrina es reconocida como uno de los basamentos ideológicos sobre los
que se fundó el nacionalsocialismo, que adhirió en 1933.
El ‘realismo jurídico’ de Carl Schmitt fue la teoría
político-jurídica que justificó el ejercicio de poderes ilimitados por
parte del Tercer Reich; y es, por tanto, incompatible con los derechos
humanos, la democracia y el Estado de Derecho”.
El presidente, ex convicto
Maikel Moreno es el presidente del Tribunal Supremo de
Justicia, un cargo que la oposición denuncia no sólo por su amistad
pública con el presidente Nicolás Maduro sino también por sus
antecedentes penales por dos asesinatos.
En 1987, cuando Moreno se desempeñaba como policía de
inteligencia fue acusado por la muerte de un joven en Ciudad Bolívar,
estado Bolívar. Él y otros dos funcionarios fueron encarcelados, pero
logró salir en libertad poco tiempo después. Dos años más tarde, en
1989, mientras trabajaba como oficial de la policía política, Moreno
fue señalado nuevamente por homicidio, esta vez del joven Rubén Gil
Márquez durante un tiroteo ocurrido en el centro de Caracas. Luego de
esto, Moreno fue destituido de la policía política y volvió a prisión,
aunque al poco tiempo salió nuevamente en libertad.
Con antecedentes
El presidente del TSJ es amigo íntimo de Maduro y sobre él sobrevuela la sospecha de dos asesinatos cuando era policía
Tras estos episodios, Moreno decidió comenzar a
estudiar derecho, y terminó trabajando como secretario de juzgado y
finalmente como juez. En el 2007 fue destituido de su cargo por
irregularidades y previamente había sido denunciado por otros jueces por
formar parte de una red de funcionarios corruptos.
Cuando Nicolás Maduro ejercía de Canciller le asignó como
cónsul en Roma y luego en el 2014 volvió a ser aceptado como magistrado.
Desde entonces ha dictado sentencias polémicas como la que avaló la
condena a casi 14 años de cárcel contra Leopoldo López o la que negó a
España la extradición del etarra José Ignacio De Juana Chaos, alegando
que no sabía sí estaba en el país.
A la espera
Una vez que la Fiscal General del Ministerio Público, Luisa
Ortega denunció se había roto el hilo constitucional tras la sentencia
que dictaron estos siete magistrados, la Asamblea Nacional exige la
destitución inmediata y la nueva elección de jueces que devuelvan la
independencia al sistema judicial.
El abogado José Ignacio Hernández explica a través de Prodavinci
que el camino no será nada sencillo. Para destituir a un magistrado es
necesario llevar a cabo un procedimiento que cuenta con dos etapas: “1)
La primera fase requiere que el Consejo Moral Republicano califique que
los magistrados han incurrido en algunas de las causales de “falta
grave”. 2) Si el Consejo aprueba la existencia de una falta grave,
informará de su decisión a la Asamblea Nacional, la cual convoca una
sesión plenaria para escuchar al magistrado y resolver inmediatamente
sobre la remoción planteada.
Pero el experto judicial asegura que no es de extrañar que, en el
enrarecido clima institucional de Venezuela, la decisión de la Asamblea
Nacional de remover a los magistrados de la Sala Constitucional sea a su
vez anulada por los propios Magistrados de esa Sala. “Y así
sucesivamente. Venezuela, entonces, quedaría sumida en una frecuencia de
inconstitucionalidades que, como la biblioteca de Babel, sería
infinita”.
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