Publica "El País":
Al no ser afectos al régimen, la compra de alimentos se nos
complicaba siempre. Eso, sumado a la preocupación por el futuro de
nuestros hijos, nos hizo buscar una perspectiva mejor". Carlos y Lisbeth
hablan en un parque de la localidad donde hoy residen, al sur de
Madrid, mientras a su espalda sus hijos juegan despreocupados. En un
principio, estaban dispuestos a dar sus nombres reales. Sin embargo, su
recelo, su miedo, ha crecido tras los recientes acontecimientos vividos en Venezuela. Ellos son dos de los 3.960 venezolanos que demandaron asilo en España en 2016.
Esta cifra, casi siete veces superior a la registrada el año anterior
(585 peticiones), los convierte en el colectivo que más solicitudes de
protección internacional presentó el año pasado, por encima de Siria, en
guerra desde 2011.
La madre de él vivía en España, así que decidieron venir "para ver,
para comparar" y buscar un "mejor futuro", cuenta Carlos. "Pero no
podíamos comprar pasajes. Todo eran trabas para salir del país",
explica. "Así que contactamos con un grupo de afectos al régimen de
nuestra zona ["los que controlan todo", apunta Lisbeth], y en cinco
minutos consiguieron nuestros pasajes". "Acordamos un precio y lo
vendimos todo, pero luego nos extorsionaron. Llegaron a intentar entrar
en nuestra casa a la fuerza. Esa misma noche nos fuimos y, en cuanto
pudimos, vinimos a España".
Desde febrero del año pasado, cuando solicitaron el asilo, viven
varados en un limbo legal. “Nuestra abogada nos dijo que el último caso
que resolvió de Venezuela se demoró año y medio”,
cuenta Carlos. “Vivimos en la inestabilidad, sin saber qué será de
nosotros el día de mañana”, añade Lisbeth. De los 40 expedientes de
ciudadanos venezolanos que el Gobierno resolvió en 2016, solo cuatro
fueron positivos, según los datos provisionales del Ministerio del
Interior. En el último lustro, solo seis venezolanos lograron protección en España.
La ley establece, sin embargo, que cualquier procedimiento de asilo
debe estar resuelto en un plazo de seis meses. "Pero esto no pasa",
lamenta Paloma Favieres, coordinadora de servicios jurídicos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR),
la ONG que está atendiendo a Lisbeth y Carlos. Y no se debe a un simple
atasco burocrático: existe una mala praxis, asegura la letrada. "El
Ministerio del Interior admite a trámite las peticiones, pero en base al
mal llamado "criterio de prudencia", que no existe por ley, no las
resuelve", explica.
En lugar de analizar las solicitudes caso por caso, como establece la normativa,
emplea "un criterio común por nacionalidad", continúa Favieres, lo que
provoca inseguridad jurídica y resta fuerza a las herramientas de
protección internacional. "Ahora es muy visible con los venezolanos,
pero ha pasado también con Siria y Ucrania".
Como resultado, a 31 de diciembre de 2016 había 20.370 solicitudes de
asilo atascadas, 4.435 de ellas de ciudadanos venezolanos. Interior
asegura que se debe al "incremento drástico" en el número de peticiones totales
recibidas en 2015 y 2016 —más de 14.000 demandas, el triple que en
2014—. "En lo que va de año, ya se han adoptado 321 resoluciones de
solicitantes venezolanos", asegura el Ministerio por correo electrónico,
sin precisar si se han aceptado o rechazado.
La doble vara del Gobierno español
Venezuela, país de acogida por excelencia después de la Segunda
Guerra Mundial, ha perdido todo su atractivo de cara a los inmigrantes.
En febrero de 2014, cuando estallaron de forma masiva las primeras
protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, el opositor Leopoldo López fue arrestado
y condenado a 13 años y nueve meses de cárcel. Dos años después, España
concedió a él y a su familia la nacionalidad por carta de naturaleza, y lo mismo hizo con otras caras visibles de la oposición —la última concesión fue este viernes, al director del periódico venezolano El Nacional, Miguel Henrique Otero—. Esta medida
responde a "una facultad discrecional del Consejo de Ministros", aclara
el Ministerio de Justicia, de la que no todos los solicitantes de asilo
son merecedores.
Ivonne Vela podría haber sido una de esas personas. Junto con otros
jóvenes empezó a denunciar, en las redes sociales, las violaciones de
derechos humanos en su país. “Abuso de poder, tortura…", explica la
venezolana que estudiaba entonces en París. El 12 de mayo de 2014, su
nombre se oyó por boca de Diosdado Cabello, político, exministro y
militar. Lo pronunció en su programa televisivo, Con el mazo dando,
en el que el actual diputado chavista literalmente blande una maza para
"defender a la Patria". Mientras exponía lo que llamaba pruebas "del
golpe de Estado continuado de la derecha en el país", aseguró que iban a
entregar a Vela y a otros 13 jóvenes "a las fuerzas de seguridad".
A pesar de que las autoridades están manifestando su preocupación por Venezuela, no vemos que esto se esté traduciendo en concesiones de protección internacionalMaría Jesús Vega, portavoz para España de Acnur
Las cuentas bancarias de Vela fueron bloqueadas desde Venezuela, y
para gestionar mejor su situación pasó de Francia a España, donde
residía su novio, hoy esposo. Buscó asesoramiento jurídico y le
dijeron que una petición de asilo en su caso tenía posibilidades porque
había “evidencias reales” de que corría peligro. Sin
embargo, las escasas perspectivas de los venezolanos de lograr asilo en
España la desanimaron y decidieron pedirlo en Estados Unidos, donde
tiene familia y mejores perspectivas de lograr protección internacional.
Mientras, el Gobierno de Mariano Rajoy y otras destacadas
personalidades políticas, como los expresidentes socialistas José Luis
Rodríguez Zapatero y Felipe González, siguen manifestando su
preocupación hacia la situación venezolana. "Pero no vemos que esto se
esté traduciendo en concesiones de protección a los solicitantes de
asilo", lamenta María Jesús Vega, portavoz para España de la Agencia de la ONU para los Refugiados. "Hay casos que llevan un año o dos esperando una respuesta".
Marcelo Belgrano, abogado especializado en Extranjería,
mantiene que este retraso "es aposta" y responde a una decisión política
que desnaturaliza la lógica de la protección humanitaria. "Se ha dado
la nacionalidad por carta de naturaleza en lugar que refugio; pasaba lo
mismo con Cuba y muchas veces se ha usado como herramienta ideológica",
aclara. "No hay que olvidar que, a los seis meses, los solicitantes de
asilo pueden trabajar y a los tres años pueden pedir la residencia por
arraigo... si no fuera así quizás la bomba de relojería ya hubiera
explotado".
El pasado febrero, Rajoy se vanagloriaba de que España
es uno de los países europeos que más concesiones de nacionalidad
otorga (más de un millón entre 2005 y 2015, según Eurostat). Y
lo hizo aportando casos concretos que se dieron a lo largo de los años:
el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, el empresario venezolano
Guillermo Zuloaga o su connacional y opositor político Lester Toledo.
De momento, de Lisbeth, Carlos o Ivonne no hay rastro.
Os ponemos el enlace a la noticia:
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/20/actualidad/1492700425_511133.html
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