El otro día publicábamos un artículo de opinión de Felipe González sobre lo que se está viviendo en Venezuela, hoy queremos aportar este de Juan Carlos Monedero.
Publica "Público.es":
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El 9 de enero de 2017, la Asamblea Nacional venezolana desconoció al
Presidente de la República, Nicolás Maduro. Votaron a favor de ese golpe
de estado constitucional todos los diputados de la oposición salvo los
tres diputados del partido de Henry Falcón, quienes entendieron la
gravedad de esa decisión. Venezuela es un sistema político
presidencialista desde 1811, influido por el constitucionalismo
norteamericano.
Al Presidente le vota directamente el pueblo -a
diferencia de un sistema parlamentario como el español, donde al
Presidente le vota el Parlamento- y le corresponde al Presidente, que es
el Jefe del Estado, la dirección del país. Cuando la Asamblea decidió
desconocer el poder legítimo del Presidente se estaba poniendo al margen
de la Constitución. Se colocaron por voluntad propia en desacato. La
prensa internacional no dijo nada.
La gran discusión entre el Presidente Maduro y la Asamblea tiene que
ver con las actas de tres diputados de Amazonas. Se ha demostrado que
compraron votos entre otras muchas irregularidades, lo que obligaría a
repetir la elección en esos tres casos. La Asamblea se declaró en
rebeldía y decidió echar un pulso a la Presidencia de la República. A
imitación del constitucionalismo europeo, cuando hay un conflicto
constitucional entre poderes el Tribunal Supremo puede asumir
competencias del Parlamento en los casos en que fuera necesario. Hasta
un fantoche como Donald Trump ha tenido que asumir las decisiones
recientes del Tribunal Supremo norteamericano.
Con su tradicional
irresponsabilidad, la derecha española llama a desobedecer el estado de
derecho en Venezuela y la decisión del Tribunal Supremo. No me extraña
de Esperanza Aguirre o Pablo Casado: el PP, especialmente en Madrid, ha
financiado sus campañas electorales con dinero negro. Es decir, el PP
lleva varías legislaturas usando maneras propias de golpistas. E
históricamente, al menos desde 1936, tienen oído músical para esa
partitura.
Quienes digan desde España que los venezolanos deben desoír
las decisiones de su Tribunal Supremo son unos irresponsables que tiren
piedras no solamente sobre el tejado venezolano, sino también sobre el
nuestro. Luego tendrán la caradura de quejarse de los comportamientos al
margen de la Constitución de la asamblea catalana.
Por si fuera poco, esa Asamblea dominada por la oposición proclamó
que el Presidente había abandonado su cargo (algo absurdo y
evidentemente falso) y propuso convocar elecciones presidenciales en el
plazo de un mes. Ese intento de golpe de estado desde el Parlamento no
recibió ni una sola crítica de los que ahora dicen que hay un golpe de
estado en Venezuela.
Entre ellos, el máximo responsable de la OEA que
ayer mismo se reunía en la Ciudad de México con ex presidentes
latinoamericanos procesados por lesionar los derechos humanos, y el
Departamento de Estado de los EEUU. Qué curioso que justo después haya
salido la petición de Almagro de enjuiciar a Venezuela desde la OEA. El
papel de Almagro como Secretario General de la OEA está haciendo mucho
daño a la tan necesaria institucionalidad internacional (Pepe Mujica ya
se distanció de él de manera
definitiva y dejó ver a quién se había
vendido).
Almagro lleva varios meses mintiendo. Por ejemplo, ha dicho en
dos ocasiones recientes que a Venezuela se la ha aplicado la Carta
Democrática de la organización (que, tras muchos trámites -ni siquiera
iniciados-, podría llevar a su expulsión como ya ocurrió con Cuba pero
nunca ha ocurrido con los Estados Unidos, pese a haber promovido golpes
de Estado como el de Pinochet contra Allende). Pero era mentira, como
demuestra que hoy mismo ha pedido a la OEA que aplique la Carta
Democrática. Ergo miente. Todo el rato. Él sabrá por qué, pero en su
Uruguay natal dicen que se ha vendido por un puñado de dólares a los que
siempre han querido que América Latina sea el patrio trasero
norteamericano. Washington siempre busca a un criollo para hacer la
tarea del traidor. Almagro no vive en Montevideo.
El Tribunal Supremo de Venezuela ha usado un artículo de la Ley de
Hidrocarburos -la principal riqueza del país- que establece que los
convenios internacionales y las asociaciones con grupos extranjeros
deben ser aprobados por la Asamblea. Como la Asamblea está en situación
jurídica de desacato, de manera que no puede -ni quiere- firmar ningún
acuerdo, lo que pone en riesgo financiero a Venezuela. Es por eso que el
Tribunal Supremo ha asumido las competencias estrictas de la Asamblea
para la aprobación de esos contratos, de manera que el país pueda asumir
los compromisos necesarios en un momento económicamente complicado por
el hundimiento de los precios del petróleo (preguntémonos en España qué
pasaría si se hundiera un 80 % el turismo).
El Tribunal Supremo no ha disuelto la Asamblea ni se han
convocado nuevas elecciones para elegir nuevos diputados. Lo contrario
de lo que están diciendo los medios de comunicación. Lo único que está
haciendo el tribunal supremo es asumir unas competencias concretas para
evitar que Venezuela se paralice mientras dure el descato. Si los
diputados de la oposición quisieran, el desacato desaparecería de
inmediato -bastaría con que cesaran en su desconocimiento del Presidente
de la República y que reconocieran que los tres diputados elegidos en
la Amazonía no pueden hacer uso de su acta debido a las muchas
irregularidades probadas-, pero les resulta mucho más rentable seguir
regalando falsas portadas a la prensa internacional.
La derecha
internacional, esa que se regala entre sí viviendas oficiales y que
tiene una trama global de fondos buitres -donde están los Aznar,
Botella, sus hijos, De Guindos, Rato, Aguirre y toda esa tropa de malos
españoles donde también se ha colado algún “socialista” como Felipe
González- quiere tumbar a Venezuela, igual que han hecho con Dilma
Roussef en Brasil. ¿Quién que no esté vendido a esos intereses puede
decir que asumir de manera temporal unas competencias esenciales para
firmar unos contratos sin los cuales un país se quedaría entregado a los
capitales internacionales es un golpe de Estado? ¿No son acaso los
mismos que ven “normal” desconocer al Presidente del Gobierno y llamar a
nuevas elecciones? Demasiados hipócritas.
Venezuela necesita mucho diálogo. El choque entre instituciones es
malo para el país. Esa debiera ser la tarea de España: ayudar al
diálogo. En todo el continente latinoamericano. En México -desde donde
escribo- han asesinado este último mes a tres periodistas (¿Nos
imaginamos lo que pasaría si hubieran asesinado a tres periodistas en
Caracas?) y hay al menos 30.000 desaparecidos. El día a día de México es
la aparición de fosas con cadáveres, la trata, el asesinato de mujeres,
la desaparición de líderes sociales, la creciente pobreza y desigualdad
junto a una impunidad del Estado estremecedora.
Aún lloran en México a
los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el Presidente Peña Nieto se ríe de
las víctimas no reconociendo las lagunas que apuntan al ejército, a la
policía y a políticos vinculados al narco en la desaparición de las
muchachas y muchachos. Parece que el PP y sectores del PSOE quieren ver a
Venezuela convertida en México. Para seguir la trama de los negocios.
Hay mercenarios que desearían abocar a Venezuela a una guerra civil.
Creen que así podrían volver a recuperar el paraíso que tenían cuando
controlaban el petróleo contra los venezolanos y venezolanas. Se
equivocan, porque el pueblo venezolano no va a permitir que eso ocurra.
Apuntar en esa dirección es querer llevar a Venezuela a un escenario
terrible como los que ha creado la OTAN y las potencias occidentales en
Oriente Medio.
Ojalá el Estado de derecho que forma parte de los logros
civilizatorios de Europa pueda funcionar también en Venezuela. Esa es
la principal tarea en la que podríamos colaborar los españoles en ese
país: ayudar a reforzar el Estado de derecho. Aunque el PP de la Gürtel y
la Púnica ¿qué va a enseñar?
Fue el diario El país el que celebró el golpe de estado contra Chávez
en 2002 y fue el Presidente Aznar el que ordenó a nuestro Embajador a
reunirse con el Presidente golpista. Ayudemos a que no vuelva a ocurrir
nada de esto. Para ello, es esencial que los que no tienen otros
intereses que los del dinero, dejen a la justicia funcionar. Y que nadie
sea tan hipócrita para pedir en otros países lo que no pedimos para el
nuestro.
Os ponemos el enlace al artículo de opinión:
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