Publica "El Mundo":
Pablo González, hermano del detenido ex presidente regional madrileño Ignacio González, sobornó a funcionarios del régimen chavista de Venezuela para
lograr contratos públicos en el país caribeño y en favor de su
patrimonio y su familia. Así se desprende de varios pinchazos realizados
en su teléfono por la Guardia Civil, según ha podido saber este periódico de fuentes de la investigación.
Además, como directivo de la empresa pública Mercasa, Pablo González habría recibido comisiones «en todos los sentidos» por negocios en Angola, Panamá, Argentina y República Dominicana.
La corrupción en Mercasa, destapada por este periódico e investigada por el juez José de la Mata y la Fiscalía Anticorrupción,
seguía un modus operandi muy perfilado por los investigadores. Se
conseguían contratos públicos y se pagaban muy por encima del precio de
mercado. A partir de ahí, se desviaba parte del montante total para
pagar a los funcionarios que habían facilitado la adjudicación. Por otro
lado, aprovechaban el movimiento del dinero para que parte terminara en
el bolsillo de los involucrados en la operación.
Los
investigadores dan por seguro, a tenor de varias conversaciones
telefónicas mantenidas por Pablo González, que este llevó a cabo
prácticas corruptas en Venezuela con el Gobierno chavista, valiéndose
primordialmente de su responsabilidad de director de Operaciones y
Estrategia de la empresa pública Mercasa.
Según la
información de los investigadores, el propio Pablo González admitió en
varios pinchazos haberse puesto en contacto con miembros del Gobierno venezolano
para llevar a cabo el apaño y conseguir al menos un contrato. En la
conversación, González admite que miembros del Gobierno chavista le
habían indicado a qué constructora debía subcontratar una vez
consiguiera la adjudicación. Las pesquisas efectuadas confirmaron
posteriormente que en efecto se llevó a cabo dicha subcontratación.
La
clave en la operación se produjo después, según el mismo González
destapó en las escuchas: la subcontratación se cargó un 10% más porque
con ese dinero se pagaba al funcionario del que había dependido la
adjudicación del contrato.
Los investigadores asumen que otra parte de ese dinero podría haber terminado también en los bolsillos de Pablo González. La Unidad Central Operativa
de la Guardia Civil (UCO) registró la sociedad pública Mercasa y el
juez José de la Mata imputó a toda su cúpula el pasado miércoles, a la
vez que se producía la operación del Canal de Isabel II. El nexo de ambos casos, lo que previsiblemente los une, es la persona de Pablo González.
En cuanto al Canal, se apunta la posibilidad de que actuara como testaferro de su hermano Ignacio. En el caso Mercasa
figura por su condición de alto directivo de la empresa pública y las
evidencias de que conocía y toleraba las prácticas corruptas
investigadas y confirmadas en los pinchazos telefónicos realizados.
Los
investigadores encuadran parte del lucro obtenido por González en sus
negocios privados. Además, han señalado al juez De la Mata que cuentan
con pruebas del interés de Pablo González en que su cuñado, Juan José Caballero, se beneficiara también de sus manejos en Latinoamérica.
Precisamente,
Juan José Caballero ha sido uno de los detenidos en la operación del
Canal de Isabel II. Ambos fueron supuestamente beneficiados por Ignacio
González en la adjudicación de una obra del Canal en Madrid.
El
modus operandi en el extranjero del Canal y Mercasa coincide con el que
ha llevado a la imputación de la cúpula de la también empresa pública Defex: comisiones ilegales y sobrecostes. En Angola, Defex consiguió un contrato de 150 millones de euros por venta de armas, de los que 100 desaparecieron de mano del prófugo de la Justicia Guilherme Taveira.
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