Publica "Diario de Noticias" de Navarra:
El 82,7% de los extranjeros de países de fuera de la Unión Europea que viven en España cuentan con un permiso de larga duración, de modo que llevan ya más de una década en el país, cuando en el año 2007 eran menos del 34% los que se encontraban en esta situación estable y la mayoría necesitaba renovar sus permisos.
En total, a 30 de junio de 2016, se contaban en España 5.017.406
extranjeros de los que casi 2,1 millones, el 41,7%, procedían de países
de fuera de la UE. Diez años antes la cifra global era más baja, 3,5
millones de personas con tarjeta de residencia en vigor, aunque con más
oriundos de esos terceros países, 2,2 millones establecidos legalmente
en el país, el 64,25% de los extranjeros.
Su situación era entonces más inestable: el 33,59% tenían un
permiso permanente, que ahora ostentan más del 80%. Del resto, 4 de cada
10 estaban pendientes de la primera renovación de su autorización, un
13,27% esperaban la segunda y el 11,95% tenían aún el permiso inicial.
Ahora, son el 17,2% los que se encuentran en este tipo de situaciones
temporales, ya sean con permisos para trabajar por cuenta ajena (7,37%) o
propia (0,36%), por reagrupación familiar (4,83%) o por razones
humanitarias (0,3%) y de arraigo (1,60%).
Se debe a que la mayor parte de los inmigrantes que figuraban
entonces habían llegado durante los años justo anteriores, la “década
prodigiosa de la inmigración” en España, según los expertos, y que a
partir de 2007 alcanzó un punto de inflexión. Las llegadas irregulares
cayeron un 54% primero y un 26% el año después; las remesas se redujeron
en 2008 por primera vez desde el 2000 y los flujos regulares comenzaron
a retroceder en 2009 dejándose un 34%, y aunque se han estabilizado
desde 2013, cuando la caída era ya de 53%, no han vuelto a recuperar
aquel ritmo.
Joaquín Arango, director científico del Anuario de la Inmigración
que publica el CIDOB desde 2007, recuerda que entre 1998 y 2008, España
pasó de 1,5 a 6 millones de extranjeros pero “todo cambió con la
crisis”. “Se tradujo en un fortísimo aumento del desempleo con un
impacto muy directo sobre los flujos migratorios, reduciéndose los de
entrada e incrementándose las salidas hasta un saldo migratorio
negativo”, afirma.
millones de emigrados desde 2008 El
primer año con más salidas que llegadas fue 2010, que arrojó un saldo
negativo de 42.675 personas, aunque se tocó fondo en 2013, cuando la
pérdida fue de 251.531. Arango considera que en este contexto, “se
exageró” al hablar de éxodo de españoles. De los 3,3 millones de
personas que según el INE, se habrían marchado desde 2008, eran 518.519
los de nacionalidad española y 484.816 los nacidos en España. Además,
desde 2013 y hasta el primer semestre de 2016 se han nacionalizado
638.807 extranjeros.
La situación de los inmigrantes que siguieron en España también
cambió. La década previa a la crisis se caracterizó por la proliferación
de asociaciones que canalizaban reivindicaciones de sus compatriotas
frente a explotación laboral, discriminación o reformas de extranjería.
Algunas de estas entidades desaparecieron. Otras, como Rumiñahui, la más
importante del colectivo ecuatoriano, recondujeron sus esfuerzos a
atender a los más afectados por la crisis, especialmente familias
desahuciadas, y apoyar programas de retorno.
reformas Precisamente, en
esta década se han acometido 5 reformas en la Ley de Extranjería, un
texto del año 2000 que se revisó 10 veces, como cuando en 2009 se adaptó
a la Directiva Europea de Retorno y se amplió de 45 a 60 días el tiempo
máximo de retención en los CIE o como la introducida vía Real Decreto
Ley en 2012, que dejó a los extranjeros en situación irregular sin
tarjeta sanitaria.
Junto a aquellas, fue polémica la reforma de 2015, cuando tras
sucesivas denuncias sobre las devoluciones sumarias de inmigrantes a
Marruecos en la valla de Melilla y una causa judicial, el Gobierno
introdujo un régimen especial para las ciudades autónomas a fin de
avalar esta práctica. Introdujo para ello la obligación de que las
devoluciones se practiquen respetando las condiciones del Derecho
internacional, pero según ACNUR, siguen como antes.
La reforma se produjo después una de las mayores tragedias de la
inmigración a España de esta década, la muerte de 15 personas en El
Tarajal, en Ceuta, cuando en febrero de 2014 intentaban cruzar a nado
desde Marruecos mientras la Guardia Civil utilizaba medios
antidisturbios para disuadirles. La causa fue reabierta en enero de
2017. Otro grave suceso había tenido lugar en 2012, cuando una
patrullera de la Guardia Civil arrolló a una patera en Lanzarote en la
que un joven falleció y 6 desaparecieron. Además, en enero de 2017 el
mar devolvió el cadáver de un niño de 4 años a una playa de Cádiz,
víctima de un naufragio.
la integración, el gran reto La
Ley de Asilo aprobada en 2009, que introdujo cambios en todo el
procedimiento, como eliminar la posibilidad de pedir protección en las
embajadas, aún no tiene reglamento que la desarrolle, que hay más de
16.000 peticiones pendientes o que persiste el modelo de los CETI aunque
ahora acoge solicitantes, hace que entidades como el ACNUR y
organizaciones como CEAR cuestionen que España sea país para refugiados.
Ponen el foco en la integración, al igual que Arango cuando habla
de la inmigración en general, pues es ahí donde se juega la
estabilidad. Primero, porque los inmigrantes no han dejado de llegar y
lo harán en mayor medida cuando mejore la situación laboral y segundo,
porque en un contexto mundial de reparto de la responsabilidad de
proteger a quienes huyen, España no puede seguir siendo un país de
tránsito para estas personas. Adecuar y mejorar el sistema de asilo es
el primer paso para evitarlo. -Efe
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