Publica "El Mundo":
Ante las "graves violaciones de derechos humanos" en Venezuela, "algunas de las cuales constituyen crímenes de derecho internacional", Amnistía Internacional insta al gobierno de Nicolás Maduro
a "cesar de manera inmediata todo acto de persecución de personas que
expresan su oposición a políticas del gobierno" y a "respetar y
garantizar la manifestación política".
Las
recomendaciones de la organización, incluidas en su informe 'Silencio a
la fuerza. Detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela',
se hacen públicas cuando el país sudamericano vive una oleada de
protestas nacidas tras las sentencias del Tribunal Supremo contra el
Parlamento y la oposición, conocidas como el 'Madurazo' y calificadas
por la Unidad Democrática como un autogolpe.
Desde finales de marzo, el
Foro Penal venezolano ha registrado 1.426 arrestos y 59
encarcelamientos, mientras que según la Fiscalía son 1.289 arrestos y 65
encarcelamientos. Lo que dispara la cifra de presos políticos por encima de los 170. Entre ellos Leopoldo López, quien durante todo el mes de protestas ha sufrido castigos disciplinarios en la prisión militar de Ramo Verde. Hasta el momento, son 26 las personas asesinadas -entre ellos cuatro menores- en el marco de las protestas.
El
informe de Amnistía Internacional destaca detenciones sin órdenes
judiciales y "procesamientos por delitos contra la patria, de terrorismo
o incluso imputación de delitos de carácter militar contra civiles".
Para la organización es preocupante la "motivación política detrás de
las arbitrariedades y que estas suelan estar asociadas con la crítica,
la disidencia y la oposición a las políticas gubernamentales".
Para
la organización es evidente la falta de independencia de los operadores
de justicia, como se comprueba en el caso del diputado suplente Gilber Caro,
detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia
(Sebin) el 11 de enero pese a su inmunidad parlamentaria. El dirigente
opositor, quien permanece en prisión, al igual que su novia, Steyci
Escalona, fue acusado de terrorismo por el vicepresidente Tareck El
Aissami desde la primera hora de su detención.
Una de las
grandes sorpresas que se ha llevado Amnistía Internacional en Venezuela
es comprobar cómo no se están respetando las boletas de libertad [una
herramienta para reducir el tiempo de encarcelamiento] emitidas por
jueces a favor de detenidos y de presos políticos. Uno de los casos más
sangrantes es el de Yon Goicoechea,
dirigente de Voluntad Popular conocido por liderar en 2007 al grupo de
estudiantes que derrotó a Hugo Chávez en su referéndum constitucional. "Desde
el 20 de octubre existe una resolución judicial en la que se reconoce
que se han cumplido todos los requisitos para su excarcelación,
debido a que el Ministerio Público no encontró elementos suficientes
para acusarlo de ningún delito. Pese a ello, se encuentra todavía
privado de libertad en el Sebin", concluye el informe.
Este
es uno de los primeros casos en el que la Fiscalía de la República
evidenció su distanciamiento con el Palacio de Miraflores, que se
constató públicamente durante la actual crisis. La fiscal Luisa Ortega
denunció la "ruptura del orden constitucional" tras las sentencias del
Supremo que usurpaba sus poderes al Parlamento.
La represalia contra un antiguo dirigente chavista marca otro de los casos denunciados por Amnistía Internacional, el que mantiene en prisión desde hace 37 meses a los jóvenes Alexander Tirado y Raúl Emilio Baduel.
Éste último es uno de los hijos del general Raúl Isaías Baduel, ex
ministro de Defensa, amigo íntimo del "comandante supremo" y el militar
fundamental para que en 2002 fracasara el golpe de Estado contra Chávez.
Baduel se mantiene en prisión pese a haber cumplido ocho años de pena,
tras su distanciamiento de la revolución, acusado ahora de conspirar
contra Maduro.
"Raúl Emilio Baduel se encontraba sentado
en el suelo a un lado de la vía sin interrumpir el tráfico (durante una
protesta pacífica), con una cruz de madera en sus manos en compañía de
un grupo de personas que fueron liberadas posteriormente. A
pesar que existen vídeos de las detenciones y múltiples testigos que
pueden dar fe de que la protesta se desarrollaba de forma pacífica,
Baduel y Tirado (detenido cuando hablaba por un megáfono) fueron
condenados por los delitos de instigación pública", asegura Amnistía en
su informe.
El hostigamiento contra los jóvenes continuó tras su detención, denunciado en múltiples ocasiones que fueron sometidos a torturas y malos tratos.
"Fueron golpeados por funcionarios policiales y trasladados en
múltiples ocasiones sin autorización judicial. Posteriormente, fueron
recluidos en la cárcel de Uribana, en la que sufrieron distintos
vejámenes: se les arrojó a la celda bombas lacrimógenas en algunas
ocasiones, además se les daba comida caliente en las manos para que se
les cayera al suelo, en el que además caían residuos de aguas negras que
entraban a la celda en la que se encontraban", atestigua la
organización de derechos humanos.
Os ponemos el enlace a la noticia:
No hay comentarios:
Publicar un comentario