jueves, 27 de abril de 2017

Amnistía Internacional denuncia graves violaciones de derechos humanos en Venezuela


Publica "El Mundo":
 
Ante las "graves violaciones de derechos humanos" en Venezuela, "algunas de las cuales constituyen crímenes de derecho internacional", Amnistía Internacional insta al gobierno de Nicolás Maduro a "cesar de manera inmediata todo acto de persecución de personas que expresan su oposición a políticas del gobierno" y a "respetar y garantizar la manifestación política". 

Las recomendaciones de la organización, incluidas en su informe 'Silencio a la fuerza. Detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela', se hacen públicas cuando el país sudamericano vive una oleada de protestas nacidas tras las sentencias del Tribunal Supremo contra el Parlamento y la oposición, conocidas como el 'Madurazo' y calificadas por la Unidad Democrática como un autogolpe. 

Desde finales de marzo, el Foro Penal venezolano ha registrado 1.426 arrestos y 59 encarcelamientos, mientras que según la Fiscalía son 1.289 arrestos y 65 encarcelamientos. Lo que dispara la cifra de presos políticos por encima de los 170. Entre ellos Leopoldo López, quien durante todo el mes de protestas ha sufrido castigos disciplinarios en la prisión militar de Ramo Verde. Hasta el momento, son 26 las personas asesinadas -entre ellos cuatro menores- en el marco de las protestas.

El informe de Amnistía Internacional destaca detenciones sin órdenes judiciales y "procesamientos por delitos contra la patria, de terrorismo o incluso imputación de delitos de carácter militar contra civiles". Para la organización es preocupante la "motivación política detrás de las arbitrariedades y que estas suelan estar asociadas con la crítica, la disidencia y la oposición a las políticas gubernamentales".

Para la organización es evidente la falta de independencia de los operadores de justicia, como se comprueba en el caso del diputado suplente Gilber Caro, detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) el 11 de enero pese a su inmunidad parlamentaria. El dirigente opositor, quien permanece en prisión, al igual que su novia, Steyci Escalona, fue acusado de terrorismo por el vicepresidente Tareck El Aissami desde la primera hora de su detención.

Una de las grandes sorpresas que se ha llevado Amnistía Internacional en Venezuela es comprobar cómo no se están respetando las boletas de libertad [una herramienta para reducir el tiempo de encarcelamiento] emitidas por jueces a favor de detenidos y de presos políticos. Uno de los casos más sangrantes es el de Yon Goicoechea, dirigente de Voluntad Popular conocido por liderar en 2007 al grupo de estudiantes que derrotó a Hugo Chávez en su referéndum constitucional. "Desde el 20 de octubre existe una resolución judicial en la que se reconoce que se han cumplido todos los requisitos para su excarcelación, debido a que el Ministerio Público no encontró elementos suficientes para acusarlo de ningún delito. Pese a ello, se encuentra todavía privado de libertad en el Sebin", concluye el informe. 

Este es uno de los primeros casos en el que la Fiscalía de la República evidenció su distanciamiento con el Palacio de Miraflores, que se constató públicamente durante la actual crisis. La fiscal Luisa Ortega denunció la "ruptura del orden constitucional" tras las sentencias del Supremo que usurpaba sus poderes al Parlamento.

La represalia contra un antiguo dirigente chavista marca otro de los casos denunciados por Amnistía Internacional, el que mantiene en prisión desde hace 37 meses a los jóvenes Alexander Tirado y Raúl Emilio Baduel. Éste último es uno de los hijos del general Raúl Isaías Baduel, ex ministro de Defensa, amigo íntimo del "comandante supremo" y el militar fundamental para que en 2002 fracasara el golpe de Estado contra Chávez. Baduel se mantiene en prisión pese a haber cumplido ocho años de pena, tras su distanciamiento de la revolución, acusado ahora de conspirar contra Maduro. 

"Raúl Emilio Baduel se encontraba sentado en el suelo a un lado de la vía sin interrumpir el tráfico (durante una protesta pacífica), con una cruz de madera en sus manos en compañía de un grupo de personas que fueron liberadas posteriormente. A pesar que existen vídeos de las detenciones y múltiples testigos que pueden dar fe de que la protesta se desarrollaba de forma pacífica, Baduel y Tirado (detenido cuando hablaba por un megáfono) fueron condenados por los delitos de instigación pública", asegura Amnistía en su informe. 

El hostigamiento contra los jóvenes continuó tras su detención, denunciado en múltiples ocasiones que fueron sometidos a torturas y malos tratos. "Fueron golpeados por funcionarios policiales y trasladados en múltiples ocasiones sin autorización judicial. Posteriormente, fueron recluidos en la cárcel de Uribana, en la que sufrieron distintos vejámenes: se les arrojó a la celda bombas lacrimógenas en algunas ocasiones, además se les daba comida caliente en las manos para que se les cayera al suelo, en el que además caían residuos de aguas negras que entraban a la celda en la que se encontraban", atestigua la organización de derechos humanos.

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