Publica "La Vanguardia":
Aparentar. El diccionario lo define como “manifestar o dar a entender
lo que no es o no hay”. Justamente esto es lo que habría hecho el
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela al anunciar que suprimía las dos polémicas sentencias con las que prácticamente convirtió al Parlamento en una cámara con los mismos poderes que un simple club de tertulia.
Aunque los nuevos dictámenes de la Sala Constitucional aún no están
disponibles, juristas aseveran que no cambiarían nada la situación de
anulación e intervención en la que está la Asamblea Nacional; y por ende
no solucionarían la “ruptura al orden constitucional” que la oposición, números gobiernos y hasta la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, han denunciado.
Desde enero de 2016 el máximo juzgado ha dictado 52 sentencias
contra el Legislativo en las cuales le ha invalidado casi todas las
leyes que aprobado
“Aquí no hay marcha atrás sino se anulan todas las
sentencias que la Sala Constitucional ha dictado contra la Asamblea bajo
la patraña del desacato (…). El TSJ aparenta haber modificado su
posición, pero no lo ha hecho porque deja vigentes decenas de sentencias
que han impedido a la Asamblea realizar su labor legisladora y ejercer
sus labores de control al Gobierno, con lo cual lo sustancial del golpe
contra el Parlamento sigue”, afirma el constitucionalista venezolano
Juan Manuel Raffali.
En similares términos se pronuncia el profesor de Derecho
Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, José Ignacio
Hernández, quien califica de inútiles los dos últimos fallos. ¿La razón?
“Las sentencias 155 y 156 derramaron el vaso de agua, pero el vaso
sigue lleno. Hoy la Asamblea no puede legislar, no puede controlar, no
puede designar rectores del Consejo Nacional Electoral ni revisar las
designaciones de los magistrados del TSJ, tampoco puede aprobar
contratos públicos, es decir sigue siendo un cascarón vacío”.
Desde enero de 2016 el alto tribunal ha dictado 52 sentencias
contra el Legislativo en las cuales le ha invalidado casi todas las
leyes que aprobado.
Asimismo en su sentencia 9 del 1 de marzo del año
pasado le arrebató sus potestades de control, al limitarlo simplemente
al Gobierno y excluir a los otros poderes, así como a la Fuerza Armada
Nacional (FAN). De paso indicó que si deseaba citar a comparecer a los
ministros o cualquier otro funcionario debía antes coordinarlo con el
Vicepresidente, requisito no previsto en la Constitución.
La Asamblea no puede legislar, no puede controlar, no puede designar rectores del Consejo Nacional Electoral ni revisar las designaciones de los magistrados del TSJ, tampoco puede aprobar contratos públicos, es decir sigue siendo un cascarón vacío
“Si hubiera voluntad de rectificación mañana mismo la Asamblea
debería citar a un ministro y éste debería ir, pero seguramente no lo
hará porque hay una sentencia que dice que no está en la obligación de
hacerlo”, apunaó Raffali.
La supuesta negativa de la mayoría opositora del Legislativo a
desincorporar a tres de sus parlamentarios, a los cuales suspendió a las
semanas de resultar electos por unas supuestas irregularidades en su
elección que todavía no ha despejado, ha sido la excusa del máximo
juzgado para irle despojando potestades a cuentagotas.
En octubre, por ejemplo, le arrebató a los diputados la tarea
de estudiar y aprobar el presupuesto nacional y se arrogó esa tarea. En
diciembre también se escudó en el supuesto desacato para asumir la tarea
de designar a dos de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE)
cuyos períodos habían expirado; y en enero pasado, en su sentencias 2 y
3, eximió al presidente Nicolás Maduro de tener que acudir al Capitolio
para cumplir con su obligación constitucional de presentar su informe
anual de gestión.
La supuesta negativa de la mayoría opositora del Legislativo a
desincorporar a tres parlamentarios ha sido la excusa del máximo juzgado
para irle despojando potestades a cuentagotas
“Esto es un maquillaje. La AN sigue intervenida y
disminuida y prueba de ello es que no le devolvieron su potestad
constitucional y legal de aprobar la constitución de empresas mixtas en
materia de hidrocarburos”, afirma el abogado Alí Daniels, gerente de
Acceso a la Justicia, una organización dedicada a monitorear el sistema
judicial.
Por su parte, para el presidente de la Asociación Venezolana de
Derecho Constitucional, José Vicente Haro, la supuesta rectificación del
Supremo es simplemente “un paliativo para salirle al
Este fin de semana Caracas volvió a ser escenario de protestas
en contra de la actuación de la Sala Constitucional, la cual de sus
siete miembros tiene a cuatro exmilitantes chavistas o exfuncionarios de
los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de Maduro; pero además de una
ola de rumores en relación al destino de la Fiscal General.
Por las redes sociales comenzaron a circular versiones que aseguraban
que Ortega Díaz había renunciado o habría sido forzada a hacerlo y que
en su lugar sería colocado Elvis Amoroso, actual consultor jurídico del
palacio presidencial. Sin embargo, fuentes cercanas a la funcionaria lo
negaron a este diario.
La difusión de una fotografía de la Fiscal junto a Maduro en el despacho presidencial acrecentaron los rumores.
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