Publica "El Mundo":
La fiscal rebelde no se quedó de brazos cruzados esperando la arremetida final del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), anunciada por el oficialismo para hoy. "Voy a mantenerme firme en mi cargo para defender la democracia, me han tratado como si hubiera cometido un delito", se defendió Luisa Ortega, que no va a reconocer ninguna sentencia del Supremo.
En los últimos días la Fiscalía General de la República ha mantenido una actividad incesante, tanto en casos relacionados con la ola de protestas antigubernamentales como en casos previos de corrupción. Según sus cálculos, 232 personas están detenidas ilegalmente, sin petición fiscal, y 251 están privadas de libertad en sus domicilios en parecidas circunstancias.
Tres militares clave en la represión del Gobierno durante las protestas también fueron imputados por graves violaciones de los derechos humanos, además de otros 43 por cometer robos contra manifestantes. Entre los primeros el coronel Bladimir Lugo, jefe del destacamento del Palacio Legislativo que permitió el asalto brutal contra el Parlamento.
En la noche del martes, el Ministerio Público avanzó la investigación en la trama Odebrecht, que incluye la imputación de dos colaboradoras del ex ministro Haiman El Troudi, antiguo encargado de Obras Públicas y uno de los pesos pesados de la administración de Maduro. Unas horas antes había decretado la imputación del actor Manuel Sosa, más conocido por sus relaciones sentimentales con las hijas de Hugo Chávez y Diosdado Cabello que por sus películas. Se le acusa de irregularidades en sus contrataciones con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), multinacional del Gobierno donde se han desfalcado cientos de millones de dólares.
Durante los 18 años de chavismo, Venezuela permitió la fuga de capitales a niveles bíblicos. Según los cálculos del antiguo vicepresidente económico de Chávez y del Parlamento, entre 150.000 y 200.000 millones de dólares estarían hoy en manos de boliburgueses (empresarios cercanos al poder) y de dirigentes revolucionarios.
Ortega también pidió información a Estados Unidos sobre el caso de los primos Flores, los famosos 'narcosobrinos' de Cilia Flores, mujer de Maduro llamada a presidir la Asamblea Nacional Constituyente.
El madurismo pretende destituir a la fiscal general de la República a través del TSJ y de un rocambolesco proceso que quiere demostrar que Ortega dio su visto bueno al nombramiento de los magistrados ilegales del propio tribunal. De poco sirve que la fiscal haya presentado la documentación que demuestra que no firmó tales designaciones ilegales e inconstitucionales.
Precisamente son esos jueces, liderados por su presidente, Maikel Moreno, quienes pretenden destituir a Ortega pese que para ello se necesita la aprobación del Parlamento. "Denuncié a los magistrados porque no son legítimos, no sé si me van a destituir", reiteró la jefa del Ministerio Público.
El nombramiento de una vicefiscal de facto, también de forma ilegal, forma parte de la hoja de ruta oficialista para destituir a Ortega. Katherine Harington, una antigua fiscal que persiguió a defensores de derechos humanos y opositores antes de ejercer como asesora del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), entró el viernes a la sede central de la Fiscalía escondida en el maletero de un vehículo. Fue detectada más tarde y expulsada.
A través de la excarcelación de Leopoldo López, quien cumple el resto de la pena en su domicilio, y de varias iniciativas a favor de los "rehenes" del estado (19 presos con boletas de libertad emitidas por jueces que el Servicio Bolivariano de Inteligencia mantiene entre rejas), el madurismo pretende legitimar al Supremo, a su vicefiscal y al Defensor del Pueblo de cara al juicio contra Ortega.
Pese a sus declaraciones públicas, que incluyen llamadas al diálogo ("Ojalá pudiera tener una reunión franca con el presidente, con Moreno -presidente del TSJ- y con la oposición"), el oficialismo estrecha cada día su cerco en torno a la fiscal rebelde. Zair Mundarain, director general de Actuación Procesal del Ministerio Público, no pudo viajar ayer a Buenos Aires tras anularle el gobierno su pasaporte. El funcionario de la Fiscalía acudía a la capital argentina como representante de Ortega ante la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que ha realizado defensas encendidas en favor de la fiscal.
"Piaste tarde, pajarita", contestó el diputado Pedro Carreño, mano derecha de Cabello. Este antiguo militar encabeza la denuncia revolucionaria contra Ortega en el Supremo. Fue el que inventó el delito de "insania mental", del que acusa a la fiscal rebelde.
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