Publica "El Mundo":
La Administración Trump anunció ayer nuevas sanciones contra 13 altos cargos y ex funcionarios próximos a Nicolás Maduro, en un nuevo intento por frenar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente -que busca reescribir la Constitución de la República- anunciada por el líder bolivariano para este domingo.
Unos fueron sancionados por su participación activa en la celebración de la ANC. Otros, por sus responsabilidades en la represión y violencia durante las protestas del pueblo venezolano. Y no faltaron los relacionados con presuntos casos de corrupción asociados a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX).
El pasado 17 de julio, un día después de la consulta popular en Venezuela que ganó ampliamente la oposición contraria a celebrar la Constituyente, el presidente Donald Trump advirtió de que Estados Unidos no se iba a quedar quieto mientras Venezuela se desmoronaba. "Si el régimen de Maduro impone su Asamblea Constituyente, EEUU tomará acciones económicas fuertes y rápidas", decía en un comunicado.
La amenaza tomó cuerpo ayer cuando el Departamento del Tesoro anunció que los activos en el país de 13 oficiales vinculados al Gobierno y sus agencias, habían sido congelados. También se ha prohibido a los estadounidenses mantener negocios con ellos.
"No ignoraremos los actuales esfuerzos del régimen de Maduro para debilitar la democracia, la libertad y el imperio de la ley", señaló el responsable del Tesoro, Steven Mnuchin durante el anuncio de las sanciones. Éstas, añadió, son una muestra del apoyo de EEUU al pueblo venezolano. También lanzó una advertencia de cara al proceso del próximo domingo y sus participantes: "Cualquiera elegido por la Asamblea Nacional Constituyente debería saber que su papel en socavar procesos democráticos e instituciones en Venezuela pueden exponerles a potenciales sanciones estadounidenses".
Entre los sancionados por la Administración Trump en esta "ronda" -no se descarta que se amplíe la lista más adelante según señalaron funcionarios de la Administración- figuran varios responsables encargados de impulsar la convocatoria del domingo. Es el caso de la presidenta del Consejo Nacional Electoral y de la Junta Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena; del ministro de Educación y ex vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua; del Defensor del Pueblo, Tarek Saab Halabi; y de la ex ministra del Servicio Penitenciario -integrante de la comisión para la ANC-, María Iris Varela.
La Oficina de Control de Activos Extranjero también ha congelado los activos de varios funcionarios vinculados a la "represión y violencia" ejercida contra el pueblo venezolano. En él se encuentran el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol; el director de la policía nacional, Carlos Alfredo Pérez Ampueda; el comandante general del ejército, Jesús Rafael Suárez Chourio; y el ex director de la Policía Nacional, Franklin Horacio García Duque.
Los últimos cuatro sancionados por el Tesoro estadounidense por supuesta corrupción son: Rocco Albisinni Serrano, presidente de CENCOEX; Alejandro Fleming Cabrera, viceministro para Europa del ministerio de Exteriores; Simón Zerpa, vicepresidente de finanzas de PDVSA y ex viceministro de inversiones para el desarrollo del ministerio de Economía; y Carlos Malpica Flores, ex tesorero nacional y ex vicepresidente financiero de PDVSA.
Los individuos sancionados, subrayó un funcionario del Departamento de Estado durante una conferencia telefónica, "están directamente implicados en la crisis política, económica y social" del país. Y estas medidas certifican el compromiso de Estados Unidos de utilizar "las herramientas económicas y diplomáticas" para responder al desafío de Maduro.
La Administración Trump también instó a otros gobiernos del mundo a utilizar sus herramientas para convencer al presidente venezolano de que "abandone el proceso de Asamblea Constituyente".
Poco antes del anuncio de las sanciones -las terceras durante la 'era Trump' con el epicentro en Venezuela-, la Unión Europea hizo un llamamiento a Maduro para que desista en su convocatoria del domingo y respete la Constitución. "Se corre el riesgo de que polarice más al país y aumente el peligro de confrontación", advertía la representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, que exigió "medidas urgentes para solventar la crisis".
Desde que comenzaron las protestas hace cuatro meses, la oposición venezolana estima que más de 15.000 civiles han sido heridos durante las manifestaciones. Las cifras de detenidos que maneja supera los 3.000. Las víctimas mortales superan el centenar. La escalada de violencia "ya se ha cobrado demasiadas vidas y causado incontables heridos en las casi diarias manifestaciones", lamentaba Mogherini.
Varios miembros de la Organización de los Estados Americanos -donde se encuentra Venezuela- también pidieron a Maduro que suspenda la Asamblea Constituyente. Este acto "implicaría el desmantelamiento definitivo de la institucionalidad democrática" y sería contrario a la voluntad popular expresada en la consulta del 16 de julio, según el comunicado suscrito por 13 estados miembros.
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