Publica "El País":
Hasta hace un mes eran desaparecidos. Desde octubre, las madres de la
docena de hombres deambularon durante 43 días por comandancias de la
Guardia y oficinas de la Defensoría y del Ministerio Público tras un
rastro. Solo sabían que sus hijos habían sido arrestados por militares
durante un despliegue de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en
Barlovento, un plan creado por el Gobierno de Nicolás Maduro
contra la criminalidad. La fatigosa búsqueda solo terminó la tarde del
25 de noviembre. Ese día, las autoridades policiales hallaron una docena
de cadáveres mutilados en dos fosas comunes.
En Barlovento, un poblado del Estado de Miranda (norte de Venezuela), todavía denuncian desapariciones forzadas ocurridas durante operaciones militares. El miércoles, Delsa Solórzano, diputada opositora del Parlamento, confirmó que siguen sin pistas de otros hombres.
“El Gobierno cree que ya cumplió y se acabó. Pues no es así. Violar es
delito y su persecución no prescribe. Exigimos que continúe la búsqueda
de los desaparecidos y se sancione a todos los responsables sin
excepción”, escribió en Twitter.
A la OLP se le acusa de diezmar los barrios pobres de Venezuela. Por
su letalidad, son comparadas con escuadrones de la muerte de Brasil.
Los grupos de élite que actúan en estos procedimientos de seguridad han
asesinado a más de 750 presuntos delincuentes, practicado 15.000
detenciones arbitrarias y 18.000 allanamientos en viviendas en los
barrios pobres de distintas ciudades venezolanas desde el inicio del
programa, a mediados de 2015. Estas razias han sido denunciadas por organizaciones como Human Rights Watch (HWR), el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y, recientemente, Amnistía Internacional.
Antes, estas incursiones armadas contaban con la complicidad de la
población. Hace un año, ocho de cada 10 venezolanos decían estar a favor
de la operación que creían los rescataría de la apabullante
inseguridad, según una encuesta de la firma Hinterlaces. Pero la OLP ha
acabado por aportar más sangre a un país ya herido por la violencia. Con
un escalofriante récord de homicidios, Venezuela es la nación más peligrosa de Sudamérica.
Se prevé que este año acabe con 30.000 asesinatos. Para los
especialistas en seguridad ciudadana el Gobierno ha errado al aplicar
planes efectistas: ataca las consecuencias, mientras las causas siguen
intactas.
Inti Rodríguez, investigador de Provea, sigue el pulso a la Cota 905, el barrio de Caracas
donde fue la primera OLP. “Los vecinos se sienten más desprotegidos que
nunca. Su situación ha empeorado”, afirma. El sector fue sacudido por
los comandos policiales y militares, montados en patrullas y
helicópteros, el 13 de julio de 2015. Ese día murieron 14 presuntos
criminales, 134 personas fueron arrestadas, se produjeron varios
allanamientos y 15 coches robados fueron recuperados.
La estruendosa inauguración de la OLP fue televisada. Para muchos, la
maniobra fue considerada un acto de “justicia” y un golpe contra la
delincuencia organizada. Pero las bandas criminales no se desprendieron
de sus feudos. Después del operativo, y otros despliegues de seguridad,
hubo una escalada de violencia en la Cota 905 que sigue restando vidas.
El perfil de los buscados
Ninguno de los desaparecidos y asesinados en Barlovento tenía
antecedentes judiciales. Eran campesinos, obreros, padres de familia y
hasta un estudiante de la Marina. “¡Eran buenos muchachos! La mayoría no
se conocía. ¿Quién iba a imaginar que los militares, los encargados de
dar seguridad al pueblo, serían los responsables de sus muertes?”, dice
Petra Pérez, madre de un joven asesinado.
Por la masacre fueron detenidos 18 militares que aguardan por un
juicio.
Hasta ahora se desconoce qué los motivó a matar a una docena de
hombres y torturar a otros ocho. María Isabel Silva, madre de uno de los
asesinados en Barlovento, cree que su hijo murió por ser pobre. “Los
militares piensan que en los barrios la gente no tiene derechos por ser
negros, campesinos o mujeres sin estudios. Por eso matan sin
remordimiento”, dice. El retrato robot de los asesinados en este tipo de
operaciones es el de un hombre de mediana edad, pobre y con
antecedentes judiciales.
Provea ha denunciado que el Gobierno ha “criminalizado” a los pobres,
mientras que la Red de Apoyo para la Justicia y la Paz —que acompaña a
las víctimas de Barlovento— advierte un incremento en las muertes
extrajudiciales. “Existen casos documentados, pero no se denuncian. Hay
mucho temor. En el país tenemos una ley que protege a los testigos de
crímenes, pero en algunos casos se cumple y en otros no”, subraya Laura
Roldán, directora de la red.
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