Encontramos en "El Confidencial":
Las
condiciones para que la olla a presión de Venezuela estalle están
dadas y, sin embargo, “no pasa nada”. Quizá porque los que esperan que
algo pase tienen la expectativa de un algo grandilocuente, un hecho abrupto, determinante y definitivo
que cambie el destino del país de un día para otro, y se basan para
ello en claves que, vistas desde fuera, habrían tumbado ya al Gobierno
más sólido.
Mientras, el día a día se llena de algos pequeños,
dispersos, que ya forman parte de una extraña cotidianidad que recuerda al síndrome aquel de la rana.
Ese donde el batracio está dentro de una olla con agua templada a la
que se le sube poco a poco la temperatura. Y se va adaptando hasta que,
en un punto, muere cocida. Además de la costumbre, hay otros elementos
que podrían frenar un desenlace con estallido social.
El control de las calles y el uso de la fuerza
Para esta semana, la oposición ha convocado una manifestación para exigir que se siga adelante con los plazos del referendo revocatorio.
No es la primera en estos días. La semana pasada hubo dos en Caracas,
miércoles y sábado. En ninguno de los casos dejaron que la marcha
llegara al municipio Libertador, donde están los poderes públicos, entre
ellos el Consejo Nacional Electoral, que define,
regula y supervisa el proceso del revocatorio, y el Palacio de
Miraflores.
Desde febrero de 2014, cuando se iniciaron las protestas y
tumultos que dejaron como saldo 43 muertos en todo el país,
la oposición tiene vetado manifestarse en esta zona de la ciudad. En la
convocatoria del pasado miércoles apenas pudieron moverse de la zona de
arranque de la marcha, decenas de efectivos de la Guardia Nacional
Bolivariana les impidieron el paso.
También la semana pasada se lanzó por sorpresa la segunda fase de la operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), que consiste en actuar militarmente en zonas
en las que se presume hay bandas delictivas organizadas.
En la primera
fase, que se lanzó en julio de 2015, se limitaban a llegar a la zona,
detener sospechosos, 'dar de baja' a otros -eufemismo usado por el
Gobierno para reconocer la muerte de más de 200 personas, según el
ministerio público fruto de enfrentamientos con las fuerzas del Estado-,
incautar armas y drogas e irse del área, que quedaba declarada como
“zona de paz”.
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